Diversas manifestaciones del actual gobierno estarían ambientando la decisión de Chile de denunciar, es decir de retirarse, del Convenio 169 de la OIT, el único instrumento vinculante que expresamente defiende los derechos de los pueblos indígenas, en particular los relativos a la obligación estatal de efectuar consultas previas, libres e informadas para obtener el consentimiento de pueblos nativos, aborígenes o indígenas, en todo proyecto legislativo o administrativo que les afecte directamente. Las ONG alegan injerencia de empresas mineras para presionar esta medida.