“La violencia de la ética petrolera”

La atención internacional vuelve a centrarse en el turbio pasado de las operaciones petroleras de BP en Colombia.  El Tribunal Supremo de Londres ha admitido a trámite un caso contra BP,  presentado en nombre de Gilberto Torres, ex sindicalista secuestrado y torturado en 2002 por paramilitares apoyados por el Estado colombiano.  Durante un juicio en Colombia, los secuestradores afirmaron que era la propia Ocensa la que les daba órdenes.  Los acusados declararon que Ocensa, empresa de la que BP poseía el 15%, les pagó 40.000 dólares adicionales por el trabajo…Este tipo de caso jurídico es clave para contrarrestar la impunidad sistemática de la que gozan las empresas transnacionales frente a los abusos que se cometen en el ámbito de los derechos humanos.  Los abogados de Torres en Londres esperan que la demanda abra el camino a cientos de casos de activistas, de sindicalistas y de líderes de comunidades asesinados o “desaparecidos”. BP, que hace cuatro años abandonó sus operaciones en la región colombiana de Casanare, niega cualquier vínculo con grupos paramilitares.  Ha dicho que defenderá “fuertemente” su actuación y que Ocensa no estaba bajo su control cuando Torres fue secuestrado…El caso de Torres va más allá de los hechos presentados ante el Tribunal.  Los campos petrolíferos de Casanare destacan no sólo por la fuerte represión que ha acompañado a la explotación petrolera sino, además, por ser la cuna de la responsabilidad social de las grandes petroleras y el lugar donde empezaron a preocuparse por los derechos humanos.