Tras la denuncia de organismos estatales responsables de investigar la transparencia en los contratos, la Justicia colombiana ordenó la captura de dos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección, responsable de implementar medidas cautelares para proteger a personas amenazadas, entre ellas defensores y defensoras de derechos humanos.  Las capturas tienen relación con el pago de sobornos de empresas privadas a dichos funcionarios.