El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESR) de la ONU estableció en una decisión pública que España violó los derechos humanos de una mujer que, después de no poder hacer una serie de pagos hipotecarios a su banco, fue sometida a un procedimiento especial de ejecución hipotecaria. Como no fue notificada del procedimiento hasta varios meses después de que se inició, la mujer no tuvo la oportunidad de defender sus derechos. El Comité ordenó a España a reformar aspectos de su legislación para estar más en línea con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y evitar que los bancos cometan abusos contra los derechos humanos durante procedimientos hipotecarios.