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Opinión

8 Jul 2015

Autor:
Amanda Romero, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH)

Hora de pasar de la retórica a la acción sobre Derechos Humanos y Empresas en Latinoamérica

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Durante el último trimestre de 2014 e inicios del 2015, el CIEDH desarrolló una encuesta con 100 gobiernos a nivel mundial, diez de ellos de América Latina, sobre los pasos que han dado los Estados respecto de la implementación de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y los derechos humanos, aprobados por el Consejo de Derechos Humanos en junio del 2011. Solamente respondieron 44 gobiernos, de ellos 6 latinoamericanos. También realizamos una encuesta paralela a más de 180 empresas privadas, 10 de América Latina sobre la cual recibimos 94 respuestas, incluyendo 5 de esta región.

Cuatro años después de dicha aprobación, el panorama que arrojan las respuestas gubernamentales de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, El Salvador y México es pesimista, a pesar de que la tasa de respuesta de la región es la más alta después de Europa. Pese a las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre la necesidad de desarrollar Planes Nacionales de Acción (PNA) para incorporar los lineamientos derivados del pilar 1 de los Principios Rectores (que señala las obligaciones estatales de proteger los derechos humanos de las personas afectadas por operaciones empresariales), el tema denota diferencias sustanciales de enfoques, voluntad política y comprensión en esos seis casos.

Al enfocarnos en cinco de las respuestas gubernamentales (la respuesta de Brasil está analizada en este otro blog), en los cinco casos se reconoce la importancia de los derechos humanos en las operaciones empresariales. Mientras que los gobiernos de Chile y Colombia tienen una posición de explícita apertura en la elaboración de un proceso conducente a los PNA, no existe mención directa al respecto por parte de El Salvador, Argentina  y México. Pero ningún gobierno aborda la cuestión de las acciones de prevención, mitigación y, sobre todo, acceso a remedios judiciales para poblaciones vulneradas por empresas, especialmente desde enfoques étnicos, de género o discapacidad. Únicamente en el caso salvadoreño se cita la creación de tribunales ambientales y en el caso mexicano se hace referencia a mecanismos extrajudiciales como el Punto Nacional de Contacto (PNC) de la OCDE, todos ellos relativos a derechos sindicales y laborales, y no discriminación, además a derechos de acceso a la tierra, y al ambiente sano; no obstante, se reconoce que de las cinco quejas presentadas ante el PNC, sólo un caso se ha resuelto. 

Entre los factores mencionados como obstáculos para avanzar en la divulgación, apropiación e implementación de los Principios Rectores, la respuesta conjunta de varias entidades salvadoreñas, así como el  ministerio de Desarrollo Social de Argentina indican la falta de fondos para la supervisión, aplicación o prevención de abusos, así como la oposición de grupos de interés o asociaciones empresariales, y limitaciones políticas impuestas por gobiernos extranjeros o instituciones multilaterales. En el caso chileno, no hay mención a factores implícitos en el retraso en adoptar los Principios Rectores en las actuaciones gubernamentales, aunque postula que en procesos de divulgación, se han centrado en las obligaciones derivadas de las Líneas Directrices de la OCDE, reconociendo la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales. Finalmente, en el caso colombiano, se ubica como principal factor limitante de una acción concordante con las promesas de crear un PNA la “preocupación por la desincentivación de la inversión extranjera”.

Este último argumento llama especialmente la atención en una de las regiones más desiguales del mundo, según un reciente informe de la CEPAL, que registra por cada país mencionado aquí más de una docena de tratados de libre comercio que dan preferencias a las empresas e inversionistas privados extranjeros. Al parecer, el incentivo a la inversión extranjera va en aumento. Muchas ONG locales mantienen que dichas preferencias se otorgan en detrimento de los derechos de las poblaciones, en especial en lo que atañe a la protección del medio ambiente, la protesta social y los derechos laborales, en una región donde la inversión no necesariamente significa bienestar social; como lo informa el Banco Mundial, pues uno de cada cinco latinoamericanos vive en la pobreza. Además, es un argumento un tanto falaz, pues en realidad hay muchas empresas multinacionales que prefieren invertir en países donde las reglas del juego son claras, donde se respeta el estado de derecho, y donde se mantienen altos estándares internacionales de derechos humanos. Tales ambientes de inversión le otorgan a las empresas seguridad económica, y les permite cumplir con sus propios códigos de conducta sociales y ambientales.

Los mecanismos a los que tienen acceso las víctimas de abusos empresariales en los cinco países se enumeran sólo dentro de los procedimientos ya establecidos en sus legislaciones nacionales. Llama la atención que en la respuesta de Chile se reconozca que los abusos por las empresas podrían constituir “casos complejos”, en tanto “pueden provenir de empresas con capacidad de generar condiciones de intimidación difíciles de neutralizar con la aplicación de medidas ordinarias de protección”. Quizás esta afirmación confirma la tendencia en esos países, incluyendo algunos de los que no respondieron la encuesta como Ecuador y Perú, donde la creciente criminalización de la protesta social que se opone a megaproyectos está utilizando medidas punitivas que incluyen cargos por “terrorismo”, “rebelión”, “secuestro” y otros similares, cuyo propósito es estigmatizar y desalentar la protesta ciudadana contra la expansión empresarial.

Aunque la responsabilidad primaria de proteger los derechos humanos yace en los gobiernos, los Principios Rectores de la ONU reconocen que las empresas mismas también tienen la responsabilidad de respetar estos derechos. En nuestra encuesta de empresas, obtuvimos las respuestas de 94 de 180 empresas invitadas a responder sobre sus planes de acción en esta materia, de ellas 5 de América Latina.

Las casas matrices de empresas de América Latina sostienen posiciones contradictorias, desde las que niegan su responsabilidad por operaciones en el exterior, hasta las que promueven altos estándares de inclusión de diversos aspectos de los derechos humanos y la diligencia debida en sus operaciones en el mundo. Algunas de estas políticas corporativas se expresan, por ejemplo, en la respuesta entregada por Cerrejón, una empresa de carbón perteneciente a AngloAmerican, BHP Billiton y Glencore. Si miramos a paraestatales petroleras, la respuesta de Ecopetrol de Colombia muestra el avance que internamente ha hecho la empresa para apropiarse de una política de derechos humanos. Al contrario, Pemex de México y PDVSA de Venezuela no respondieron a la encuesta, a pesar de múltiples intentos para obtener su respuesta, hecho que denota que la tasa de respuesta de empresas estatales es más bajo que el total de respuestas empresariales.

Tener una política de derechos humanos no significa que el panorama vaya a cambiar automáticamente. Aún se registran diversos hechos graves en contra de los derechos humanos que involucran a empresas, y falta concretar las intenciones de gobiernos de la región acerca de sus Planes Nacionales de Acción. A la fecha, ningún gobierno latinoamericano ha logrado producir un plan de acción con los recursos, el personal y el contenido adecuados para superar los numerosos problemas relacionados con las víctimas que van dejando las operaciones empresariales.

Sin embargo, gobiernos como el de Chile han comenzado a diseñar estrategias para la producción de su Plan Nacional de Acción, comenzando por una línea de base, y otros países más en la región están también dando pasos en ese sentido, lo que constituye una oportunidad para establecer estándares fuertes en el tema. Esperamos que, al tiempo que avanzan las discusiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental para un Tratado Vinculante (promovido por Ecuador, Bolivia, Cuba, Sudáfrica y Argentina), el espíritu de los Principios Rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos pueda materializarse en la vida cotidiana de millones de mujeres y hombres latinoamericanos afectados de diversas maneras por acción de empresas públicas y privadas, nacionales y transnacionales.

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