Este es un artículo de opinión especial sobre el Día de la Tierra escrito por Michel Forst, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, y Michael Taylor, Director del Secretariado de la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra (ILC). El artículo original en inglés se encuentra aquí. Traducción no oficial.

El mundo se ha unido en la lucha contra un enemigo común en el contexto del COVID-19; una fuerza tan fuerte que ha golpeado fuertemente las economías, ha puesto nuestra vida cotidiana de cabeza y nos ha hecho reflexionar sobre lo que realmente importa. Sin embargo, en medio del confinamiento del mundo, hay acaparadores de tierras e inversores que buscan sacar provecho de la situación. Para ellos, no hay mejor momento para atacar que ahora.

Este Día de la Tierra, más que ningún otro, es el momento de poner el foco de atención en las guardianas y guardianes cotidianos de nuestro planeta, las personas defensoras de la tierra y el medio ambiente, que están en la primera línea para defender sus tierras y territorios del abuso corporativo o estatal y de la explotación insostenible. Protegen las tierras, los bosques y las fuentes de agua que proporcionan a sus comunidades de alimentos de calidad y saludables, refugio y medicina.

Al proteger dichos recursos para el bien común, ellos y ellas se encuentran directamente en el camino de otros que quieren beneficiarse de estos recursos naturales. Si antes sus vidas corrían peligro, esta pandemia mundial no ha hecho más que exacerbar una situación de por sí difícil. Cuando una comunidad es confinada al encierro, las personas defensoras no sólo se vuelven un blanco fácil, sino que pierden su derecho a la protección, y la atención del mundo y de los medios de comunicación se encuentra en otra parte.

La defensa de la tierra, de los ecosistemas y de los derechos de los pueblos indígenas siempre ha conllevado inmensos riesgos.

Más de tres personas fueron asesinadas cada semana en 2019 por defender su tierra y el medio ambiente. Incontables más fueron atacadas o amenazadas. Hace tan solo un año, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica, en la que se reconoce la importancia de las personas defensoras de los derechos humanos del medio ambiente y se insta a los Estados a garantizar su protección. Sin embargo, cuando los gobiernos llaman a los estados de emergencia y aplican nuevas medidas de contención, incluso cuando existen mecanismos nacionales de protección de las personas defensoras, éstas resultan fútiles.

Peor aún, los confinamientos están siendo utilizados por empresas irresponsables para reprimir aún más a las personas defensoras y por los gobiernos para dar a las industrias un pase libre.

Confirmamos lo anterior cuando las primeras ciudades de Colombia iniciaron las cuarentenas y tres activistas sociales fueron asesinados. Marco Rivadeneira, un activista de alto perfil, fue asesinado en la provincia sureña de Putumayo, Ángel Ovidio Quintero fue asesinado a tiros en la región occidental de Antioquia, e Ivo Humberto Bracamonte fue asesinado en la frontera oriental con Venezuela. Estos hechos se producen después de más de seiscientos asesinatos de activistas sociales en Colombia desde que se firmaron los Acuerdos de Paz.

En Indonesia, dos defensores locales de la tierrahan sido asesinados y cuatro detenidos en relación con disputas sobre tierras en Sumatra y Borneo, mientras que las operaciones mineras y de extracción de aceite de palma en las zonas rurales siguen su curso normal y a los activistas se les dice que se queden en casa.

En el Brasil, la agencia de medio ambiente del país está retirando su personal de vigilancia debido al riesgo de contraer el virus. Esta medida coincide con un aumento del 70 por ciento en la deforestación en comparación con 2019. Muchos temen que taladores y acaparadores de tierras se aprovechen de la laxitud de la policía, esperando impunidad. Estamos observando la misma tendencia en países por todo mundo.

El incremento de la vulnerabilidad de las personas defensoras es palpable, y lo que está sucediendo, alarmante. Debemos preguntarnos cómo podemos asegurar y promover su seguridad. Personas expertas en derechos humanos de las Naciones Unidas han expresado su grave preocupación por "el aumento de las denuncias de asesinatos y otros casos de uso excesivo de la fuerza dirigidos en particular a personas que viven en situaciones vulnerables". Amnistía Internacional ha emitido una serie de recomendaciones a los Estados del continente americano para garantizar que sus respuestas al COVID-19 estén en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Además de hacer un llamado a los Estados para que mantengan y refuercen sus promesas y esquemas de protección, hay algunas medidas urgentes que debemos adoptar.

Desarrollar un sistema de alerta urgenteen tiempo real para situaciones de crisis que ayude a las personas en peligro. Cuando se dispone de datos, el 80% de los asesinatos van precedidos de un ataque no letal o de una amenaza para el grupo o la comunidad afiliados. Así pues, mientras que las personas defensoras de los derechos humanos del medio ambiente reciben diariamente amenazas de muerte, normalmente una señal de lo que está por venir, ¿quién escuchará sus gritos de ayuda?

Un grupo de organizaciones pertenecientes a la Coalición de Personas Defensoras de la Tierra y el Medio Ambiente-entre ellas, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, Frontline Defenders, Global Witness, el Instituto de Recursos Mundiales y la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra- están vigilando sistemáticamente los incidentes relacionados con COVID a fin de determinar ciertas tendencias. Los casos pueden ser recogidos de forma segura a partir del viernes a través de LANDex, un sistema de vigilancia global dedicado a la democratización de los datos sobre la tierra.

Particularmente vulnerables son muchos de los 320 millones de pueblos indígenas del mundo, cuyos territorios suelen ser ricos en recursos naturales. A pesar de que protegen más del 50% de la superficie terrestre del mundo, se ha reconocido formalmente la propiedad de sólo el 10%, lo que les deja especialmente expuestos. Los gobiernos y las corporaciones deben prestar atención a los llamados a favor de una moratoria de las actividades al exterior en los territorios indígenas sin su consentimiento expreso.

Más allá de las medidas urgentes, es esencial construir una capacidad de resiliencia a largo plazo para estas comunidades, de modo que no sean tan vulnerables al aumento del hostigamiento, las amenazas, la criminalización y, eventualmente, los asesinatos. Asegurar los derechos sobre la tierra para las comunidades locales les otorga un mayor control sobre sus propios territorios y proporciona un recurso legal cuando se enfrentan al hostigamiento y los ataques.

En este Día de la Tierra, mientras esperamos reconstruir un mundo más sostenible, no podemos olvidar a quienes han dedicado toda su vida - poniéndose a sí mismos y a sus familias en riesgo - a hacer precisamente eso.