Perú es un “país que cumple con la EITI”, y el primero en Latinoamérica, que sólo ha sido seguido por Guatemala. Esto significa que el gobierno declara todo ingreso que recibe de empresas que extraen los recursos naturales de este país. Un pilar de los principios de la EITI es que el uso de la riqueza producto de los recursos naturales puede llevar a la reducción de la pobreza. Pero para muchas comunidades en el Perú, la industria extractiva ha contribuido a mantener o a profundizar su pobreza y las ha expuesto a riesgos graves. La situación es tan seria que, de hecho, el Defensor del Pueblo ha criticado al Gobierno por “no hacer cumplir” las leyes que garantizan a los pueblos indígenas la consulta previa, libre e informada ante decisiones de desarrollo en sus territorios.

La falta de transparencia tiene que ver también con los daños ambientales, como los ocurridos en el área amazónica, en donde la industria petrolera de Pluspetrol y PetroPerú han destruido las fuentes de agua y los modos de vida de pueblos indígenas que viven en la cuenca del río Tigre, así como las protestas entre comunidades locales y la minera Dengwood Holdings Perú Metals, por contaminación de fuentes de agua subterránea.

A lo largo de la región, diversas comunidades enfrentan problemas similares; en los últimos tres años, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha contactado 204 veces a empresas que operan en Latinoamérica sobre denuncias de abusos de derechos humanos; de ellas, casi la mitad (43%) corresponden a industrias extractivas. Algunos Estados permiten los proyectos extractivos que despojan a los pueblos indígenas de sus medios de vida, como en el caso de Paraguay, destacado por la Relatora Especial de la ONU para los pueblos indígenas.

En Brasil, innumerables informes de asesinatos, enfermedades, desalojos, falta de información y consulta en proyectos que afectan a pueblos indígenas y quilombolas (asentamientos afrodescendientes de áreas rurales), han surgido en los últimos años. Por ejemplo, unos mineros han amenazado de muerte a los indígenas munduruku; ganaderos han sido acusados de asesinar a líderes guaraní porque se han pronunciado ante la ocupación ilegal de sus territorios; y empresas que se ocupan de la construcción de represas, líneas férreas, carreteras y puertos han afectado a los pueblos guaraní, yanomami, tembe y awá. También, quienes se han opuesto a los proyectos extractivos son usualmente víctimas de intimidación, amenazas, agresiones y asesinatos.

La actual situación de muchos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades campesinas y empobrecidas de la región se refiere a que sus territorios históricamente reconocidos por ser ricos en recursos naturales, están siendo explotados o están en riesgo de serlo por causa de empresas petroleras, mineras o madereras. Esto, a pesar de la actual baja en los precios de las materias primas –aunque algunos proyectos extractivos se han parado o reducido – pero muchos aún continúan a plena marcha. Parece que los costos de la producción en América Latina son tan bajos que estos emprendimientos son todavía rentables.

Iniciativas como la EITI pueden jugar un rol importante para proteger estos grupos de sucesivos abusos, si realmente trabajan por la promoción de “una confianza e información mayores y la buena gobernanza”, como predican, algo más que requerido.  La EITI podría también ser un foro efectivo para poner sobre la mesa las demandas de las personas afectadas.

La transparencia debe ser por cierto un medio hacia un fin, no el fin en sí misma. El objetivo final debería ser la prevención y la lucha contra los abusos, para garantizar que las comunidades afectadas por proyectos empresariales (especialmente de la industria extractiva, en tanto usualmente éstas tienen los mayores impactos), se informen sobre lo que va a sucederles a sus territorios y a ellas mismas. Por ende, deberían ser consultadas adecuadamente y ser parte del proceso de toma de decisiones relativo a su futuro.

Esto recae en las medidas que tomen los gobiernos de la región para asegurar que se protejan los derechos humanos respecto de la actividad empresarial, poniendo a disposición las salvaguardas necesarias para ello y escuchar seriamente a la gente afectada cuando implementen un proyecto que les traerá impactos negativos.  Eventualmente, esto significa que un proyecto pueda cancelarse porque implica demasiados riesgos sociales y ambientales a sus formas de vida.

En ese sentido, la transparencia es importante, pero sólo si está acompañada de la rendición de cuentas, tanto por parte de empresas como del gobierno. Human Rights Watch sugirió que la EITI podría abordar los impactos en los derechos humanos de los gobiernos anfitriones, resaltando que “la transparencia puede ser transformadora en un ambiente en donde las libertades fundamentales se respeten, debido a que la combinación de las dos es lo que brinda la rendición de cuentas…En ambientes muy represivos, la transparencia puede ofrecer poco menos que un gesto vacío que incluso puede permitir a un gobierno corrupto actuar más desvergonzadamente”.

La EITI ha logrado avances en el aumento de la publicación por algunos gobiernos, de ingresos fiscales provenientes de las industrias extractivas. Pero es más importante aún que esto no suceda aisladamente; se debe implementar la rendición de cuentas en materia de derechos humanos. Únicamente así la “transparencia” tendrá eco en las comunidades de toda América Latina y ayudará a asegurar que los recursos naturales sí beneficien a la ciudadanía en general.