De conformidad con las resoluciones 17/4 y 26/22 del Consejo de Derechos Humanos, el Grupo de Trabajo sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, representado por dos de sus miembros, Pavel Sulyandziga y Dante Pesce, visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016, por invitación del Gobierno. El propósito de la visita era evaluar los esfuerzos realizados para prevenir y hacer frente a las consecuencias negativas de las actividades empresariales para los derechos humanos, en consonancia con los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar

El Grupo de Trabajo observa que una de las principales preocupaciones causadas por las violaciones de los derechos humanos en relación con las empresas tiene que ver con el ejercicio inadecuado, por parte del Gobierno y las empresas, de la diligencia debida en materia de derechos humanos en el diseño y la ejecución de proyectos en gran escala en la reparación adecuada de los daños causados

La información presentada por las comunidades afectadas indica que, cuando se producen violaciones de los derechos humanos, denunciarlas no es sencillo porque a menudo conlleva represalias, y acceder a las vías de recurso puede resultar difícil. Estas tendencias se reflejan en un documento presentado al Grupo de Trabajo por una coalición de más de 100 organizaciones no gubernamentales, en el que se resumen más de 60 casos concretos de presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con las empresas en diferentes regiones de México4 . Una preocupación que se expresa repetidamente en este documento es que el Estado está sujeto a los intereses de las empresas y que en la práctica no se aplican los marcos de políticas ni se cumplen los compromisos.

Un tema recurrente en la información recibida sobre los casos de presuntas violaciones de los derechos humanos relacionadas con actividades empresariales es el insuficiente número de consultas con personas y comunidades afectadas por los grandes proyectos de desarrollo.

En un contexto caracterizado por los casos generalizados de intimidación y acoso que sufren los dirigentes comunitarios que protestan contra determinados proyectos y operaciones empresariales, el Grupo de Trabajo consideró que la voz de las empresas brillaba por su ausencia. Esto es particularmente preocupante porque, al parecer, algunos de esos casos de intimidación y violencia son perpetrados por empleados de esas mismas empresas o por quienes mantienen relaciones comerciales con ellas.

Las empresas deberían tener fuertes incentivos para distanciarse clara y públicamente de los actos de violencia e intimidación y para actuar con la diligencia debida en materia de derechos humanos.

[Hace referencia a Eólica del Sur, Grupo México y Grupo Higa]