En julio de 2019, la Liga contra el Silencio y Rutas del Conflicto publicaron una investigación titulada ‘Convenios de fuerza y justicia’, en la que mostraban cómo las empresas petroleras y minero-energéticas, entregaban dineros al Ejército, la Policía y la Fiscalía. Esta investigación surgió a raíz de denuncias de comunidades que señalaban el dilema ético cuando las instituciones del Estado, encargadas de la protección y la justicia reciben recursos privados, mientras capturan y judicializan a líderes sociales, que protestaban contra comportamientos de esas mismas empresas. El reportaje indicaba cómo distintas empresas pagaron tiquetes aéreos y planes de vacaciones a militares y estos retribuyeron con la fabricación de drones para vigilar las instalaciones empresariales. Tras el allanamiento al Batallón de Ciberinteligencia del Ejército Nacional de Colombia, la Corte Suprema de Justicia encontró que este estaba dedicado a recabar ilegalmente datos de unas 130 personas, incluyendo de periodistas, políticos, sindicalistas y ONG, entre ellas el proyecto de comunicación independiente "Rutas del Conflicto" y sus miembros, especialmente, después de que en abril de 2019 este interpusiera un derecho de petición ante las Fuerzas Militares de Colombia para conocer los contratos que tenían con empresas petroleras y mineras en zonas donde se reportaron agresiones y judicialización de líderes sociales.