México: Demanda judicial interpuesta por seis niños mayas contra granja porcina suspende operaciones de empresa y caso llega a la Suprema Corte
Gaston Bailo
En octubre de 2016, el gobierno del estado mexicano de Yucatán concedió a la empresa Producción Alimentaria Porcícola (PAPO) una licencia de uso de suelo para instalar una mega granja, sin consultar a los habitantes mayas de la zona. Debido a los impactos a la salud, el acceso al agua y la contaminación ambiental que la empresa provocaría, el 28 de septiembre de 2018, seis niños mayas de la localidad de Homún interpusieron una demanda de amparo ante un juzgado de Yucatán para frenar las operaciones de la granja. La jueza Cámara Patrón les dio la razón y la granja, sólo dos meses después de empezar actividades, detuvo sus operaciones. Organizaciones ambientales, de derechos humanos y expertas/os de diferentes países han elaborado un amicus curiae con el fin de ofrecer elementos científicos de análisis a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que emitirá la decisión definitiva sobre el caso. El 19 de mayo de 2021, por unanimidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó la suspensión definitiva de las operaciones de la mega granja, como medida cautelar hasta que se resuelva el juicio de amparo. La resolución final está por resolverse en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. Dos días después de la decisión de la SCJN, el gobierno de Yucatán realizó un operativo y clausuró los paradores de las más visibles personas defensoras del agua de Homún. Organizaciones temen que la acción derive en la criminalización contra personas defensoras del medio ambiente y de los derechos de los pueblos.