Tras los violentos disturbios de 2011 cuando una protesta de indígenas aymaras en defensa de su acceso al agua, amenazada por la minera Bear Creek en Puno, el gobierno decidió cerrar el Proyecto; ante ello, la empresa demandó en una corte de arbitraje al Perú que ahora deberá pagar una multa por incumplimiento del tratado de libre comercio con Canadá.  Sin embargo, al mismo tiempo, la Fiscalía continuó el proceso contra Walter Aduviri, quien espera que la Corte Suprema resuelva en ausencia, la apelación a su favor. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos invitó a Bear Creek a responder; la empresa respondió en inglés, diciendo que, como no es parte en el caso, no puede dar comentarios.