Esta política pública, de acuerdo al Grupo de Trabajo en el tema, debe de ser inclusiva y participativa desde su inicio hasta el seguimiento de su implementación. En en este contexto es necesario un mecanismo en donde la sociedad civil con las personas defensoras de derechos humanos y las comunidades afectadas sean actores primordiales en este proceso y en la actualización constante del instrumento.

Dentro de este documento se debe de establecer que los acuerdos comerciales bilaterales o multilaterales, proyectos de inversión y de desarrollo, y los proyectos con fondos de instituciones financieras nacionales e internacionales deben de contener salvaguardias de derechos humanos.

Se requieren de herramientas vinculantes para que quienes resulten responsables de daños y violaciones, tanto del sector público, como privado, nacionales e internacionales sean sancionados, así como para que las y los afectados accedan a mecanismos efectivos de acceso a la justicia.