La aparición hace algunos días de la versión digital (y muy pronto de la versión impresa) de la obra colectiva Los derechos humanos y las empresas: reflexiones desde América Latina, publicada por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y que tuve la gran fortuna de editar y dirigir, con la participación de 26 expertas y expertos de los distintos países de la región, se da en un momento particularmente crucial; en una suerte de carrefour a nivel mundial, pero que sobre todo en la región ha encontrado un contexto complejo. Explico a continuación por qué.

Hace algunos días, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó su Plan estratégico 2017-2021; en él señala las distintas temáticas que pretende abordar en el próximo quinquenio, y me parece particularmente relevante destacar que se ubique la temática de la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos en el espectro de acción de la nueva Relatoría Especial sobre derechos económicos, sociales y culturales. Desde luego, en América Latina esta cuestión ha sido una de las grandes áreas donde se han producido impactos negativos en los derechos humanos, incluyendo la afectación a las formas de vida, al agua, a la alimentación o al medio ambiente, y como consecuencia de ello, a la salud y a la vida digna. Varias de las aportaciones de la obra lo destacan, y numerosos casos en prácticamente todos los países de la región son de conocimiento público. El Plan estratégico señala también la intención de la Comisión de continuar trabajando sobre la línea de los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos.

Es aquí donde cabe cuestionar la lógica de focalizar todo el trabajo de este importante organismo regional en una sola relatoría, siendo que los propios Principios Rectores reconocen la posibilidad de las empresas de impactar negativamente todos los derechos humanos. No se debe dejar de subrayar –como lo hace el Business & Human Rights Resource Centre semana tras semana– el enorme riesgo y amenazas a las que constantemente están sujetas las personas que defienden el derecho a la tierra o al medio ambiente sano, a quienes se expresan para manifestar su oposición a proyectos de desarrollo que impactan en sus tierras, o a aquellas personas que se oponen a ser desplazados de sus localidades con motivo de las operaciones de industrias extractivas. En la criminalización de la protesta, la persecución de los defensores y defensoras de derechos humanos, o en las restricciones a la libertad de expresión y de reunión, se puede observar cómo los derechos civiles también pueden ser directamente afectados en el contexto de las actividades empresariales. Vemos aquí una clara muestra de la interrelación, interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos, que debería ser la brújula que oriente las acciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (y de otros organismos internacionales). Transversalizar, más que focalizar (aunque dicha Relatoría Especial esté a cargo de las principales líneas de acción en el tema), será necesario para fomentar una protección adecuada de los derechos humanos ante los impactos negativos provocados por el sector empresarial en el continente. En ese sentido, la contribución a esta obra colectiva sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos es una importante aportación sobre algunas áreas de oportunidad para la Comisión y la Corte en materia de derechos humanos y empresas.

Por otra parte, podemos observar cómo la temática comienza a permear la estructura y proyectos a nivel nacional, aunque con distintos enfoques. En ese sentido, la publicación del Plan de Acción Nacional sobre Derechos Humanos y Empresa de Colombia, así como los trabajos desarrollados en otras naciones latinoamericanas (Chile, México, Guatemala, entre otros) para ese mismo fin, contrasta con el llamado en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos de 2016 a tomar también en consideración otros proyectos de desarrollo normativo internacional, en específico la discusión del instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre la responsabilidad de las empresas en materia de derechos humanos que tiene lugar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. La tercera sesión, que tendrá lugar a final de octubre de 2017, marcará el comienzo de las negociaciones sobre un proyecto de texto (documento de “elementos”, como señala la resolución 26/9), un espacio en donde ha sido posible observar cierta reticencia de los Estados a participar activamente en las discusiones. Ciertamente, el compromiso con el respeto y la protección de los derechos humanos no excluye a aquellas violaciones que resulten de las operaciones o actividades del sector empresarial, por lo que, en un ejercicio de coherencia política, los Estados latinoamericanos deberían participar de buena fe en las discusiones y negociaciones de ese grupo de trabajo intergubernamental. En ese sentido, las contribuciones en el libro sobre el inicio del Grupo de Trabajo intergubernamental, y sobre las experiencias recientes en la materia a nivel internacional, permitirán al lector tener un amplio panorama de la discusión a nivel global, previo al análisis regional que se desarrolla en la segunda y tercera partes de la obra colectiva.

Es en este contexto –en esta encrucijada– en la que los distintos capítulos de esta obra colectiva se insertan. Las perspectivas nacionales sobre distintos Estados de la región (sobre México, Argentina, Brasil, Ecuador, Perú o Colombia, por ejemplo) van de la mano de los estudios temáticos que abordan varios desafíos a los que se enfrentan tanto los países –en su deber de protección– como las personas y comunidades que en ellos habitan. Así, la obra aborda el papel de los Planes de Acción Nacional en el marco de la justicia transicional; el rol que necesariamente deben desempeñar las instituciones nacionales de derechos humanos; la protección de estos y su lugar en el contexto de los arbitrajes de inversión; los defensores de derechos humanos y su papel en este ámbito; los derechos de los pueblos indígenas ante las actividades extractivas, o incluso el papel que debe desempeñar el derecho internacional privado para aportar respuestas concretas a los desafíos jurisdiccionales y legislativos que tienen lugar en la mayoría de estos casos, particularmente cuando se convierten en litigios con enfoques transnacionales o de extraterritorialidad. La discusión de estas temáticas desde una perspectiva regional es sumamente importante para desarrollar análisis y críticas que contribuyan, así sea de forma modesta, a la construcción de una identidad y de una perspectiva regional sobre el impacto de las operaciones empresariales en el goce y disfrute de los derechos humanos en América Latina.

Aprovecho nuevamente esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al Instituto Interamericano de Derechos Humanos por acoger este proyecto, y por el esmero y cuidado en el proceso de edición; a los autores y autoras, por su dedicación y voluntad para participar en esta iniciativa; y al Business and Human Rights Resource Centre, por su incansable labor para promover la protección y el respeto de los derechos humanos en el contexto de las actividades empresariales, así como por su participación en esta obra y por su apoyo para difundirla.