Este blog acompaña el lanzamiento del Índice de Energía Renovable y Derechos Humanos y es parte de una serie artículos de opinión sobre una transición energética justa en América Latina.

El panorama mundial y la coyuntura actual nos dirigen a debates que entrecruzan las energías renovables y la garantía de los derechos humanos de individuos y comunidades. En México, la SENER publicó hace un par de semanas una nueva política en materia energética, fundada en la intermitencia de las energías renovables. La política establece nuevos controles para garantizar el suministro de energía eléctrica, generando álgidas críticas y pronunciamientos públicos. 

Un patrón común llamó nuestra atención: la discusión es liderada por cámaras empresariales, promotores de la energía verde, representaciones diplomáticas, opinólogos ambientalistas y expertos en competencia económica. Impactos graves al derecho al desarrollo y a un medio ambiente sano son las críticas convergentes en torno a la nueva política. Sin embargo, ni por asomo se dio voz a los titulares de esos derechos: las personas, y las comunidades afectadas. 

¿Cuándo un derecho humano dejó de ser una discusión de las personas? Lamentablemente, es común ver cómo debates genuinos en torno a estos derechos terminan siendo deslegitimados por actores económicos, generando narrativas dicotómicas que se antojan en el mejor de los casos como superfluas, en el peor de los casos como retórica polarizante. 

Las corporaciones influencian la opinión pública, manipulando los medios de comunicación y propagando narrativas dominantes sobre progreso y desarrollo, en un fenómeno que se conoce como captura corporativa. La construcción de narrativas por parte de las empresas crea mitos que desvían la atención pública de las discusiones relevantes, en beneficio de las corporaciones, pero también invisibilizan y deslegitiman las luchas de los grupos y comunidades afectados por las actividades empresariales o que se oponen a sus intereses.

Esos son los mitos que permiten construir la epopeya de los proyectos de energía renovable como sinónimos de desarrollo y de combate al cambio climático. 

ProDESC acompaña desde 2011 a comunidades indígenas zapotecas en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, donde hemos observado tendencias comunes en los parques eólicos Energía Eólica del Sur en Juchitán, y Piedra Larga y Gunaa Sicarú en Unión Hidalgo. Se trata de proyectos de empresas transnacionales que llegan a territorios de pueblos indígenas, con permisos y autorizaciones ya otorgados, así como desventajosos contratos de arrendamiento de la tierra firmados. Las comunidades no participan en el diseño y las definiciones de los proyectos, ni reciben información suficiente, objetiva, clara y culturalmente adecuada. 

Las empresas socavan los procesos de toma de decisiones relacionados con sus proyectos de inversión, por lo que las consultas a las comunidades indígenas a cargo del Estado para decidir sobre la instalación de los proyectos eólicos son un mero trámite para decisiones que ya se tomaron en otra parte. Eso, si es que se les consulta.  

Los incentivos económicos creados al interior de las comunidades y el discurso de desarrollo que los proyectos enarbolan, legitiman los ataques a defensoras y defensores comunitarios, muchas de ellas mujeres, a quienes tildan de “antieólicas”, es decir, enemigas del progreso. No es casual que Oaxaca ocupe el primer lugar en México por ataques a personas defensoras ambientales. 

A ello hay que añadir que la brecha de desigualdad en las comunidades donde operan parques eólicos ha aumentado, y la energía producida en dichos parques no es para las comunidades, sino para otras grandes corporaciones. Las transnacionales aprovechan la situación de discriminación estructural en que se encuentran las comunidades indígenas para hacer negocio. Se trata de una tendencia global: bien sea en Brasil o en Kenia, el extractivismo y el racismo de los proyectos renovables se reproduce bajo el mismo esquema de la energía fósil. 

Una transición energética a costa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas no parece un modelo justo ni sostenible de desarrollo. 

No obstante, nada de esto es parte del discurso dominante de quienes ven en la nueva política energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador una guerra contra las renovables.

Desde ProDESC hemos impulsado la construcción de una narrativa diferente de desarrollo; una que se funda en el reconocimiento y rectificación de la exclusión histórica de muchos grupos que largamente han resistido: comunidades agrarias, pueblos indígenas, mujeres, grupos de la diversidad sexual, ambientalistas, sindicalistas. 

Un desarrollo decidido por y desde esas voces en resistencia, que se asume desde las perspectivas de los derechos humanos, de género e interseccional y que prioriza el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales. Un desarrollo que fomenta la rendición de cuentas empresarial y que previene los abusos y violaciones. En fin, un modelo construido desde una visión comprehensiva, integral.

La actual pandemia global del nuevo coronavirus ha puesto en evidencia los peligros de poner en manos de las empresas privadas proyectos de sectores con implicaciones públicas críticas como la salud. Un modelo energético como el mexicano, sujeto a los caprichos del mercado, suena a algo muy parecido.

Si la actual administración en México, la primera de izquierda en llegar a la Presidencia, quiere hacer realidad sus aspiraciones de una transformación radical, es momento de trabajar en serio para deconstruir los mitos del desarrollo verde y para construir un nuevo esquema de rendición de cuentas empresariales independientemente de la industria que se trate y en diálogo abierto y respetuoso con las comunidades y pueblos indígenas de este país.