Por Juana Toledo, Directora del Consejo de Pueblos Wuxhtaj, y miembro del Consejo del Pueblo Maya/CPO en Guatemala, e Ivette González, Directora de Vinculación Estratégica e Incidencia, PODER.

Los estados latinoamericanos participan activamente en las negociaciones de un instrumento internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos, incluidos Ecuador, que es un actor clave en este proceso, junto con Bolivia, Chile, Colombia, Cuba, Honduras, México y Venezuela. Estos estados han expresado opiniones firmes sobre el alcance del instrumento vinculante.

Varios de estos estados han interactuado con organizaciones de la sociedad civil, han escuchado a las comunidades afectadas y han participado en eventos de análisis y discusión organizados por estas organizaciones. Lamentablemente, pocos han priorizado la inclusión de las comunidades afectadas al desarrollar sus posiciones oficiales para las negociaciones cada año. Con demasiada frecuencia, los estados dependen de expertos de escritorio que están alejados de las realidades sobre el terreno y no buscan las perspectivas de las personas y comunidades afectadas.

Desafíos para la participación de las comunidades afectadas

1. Barreras de conocimiento técnico y lingüísticas: Las comunidades afectadas suelen enfrentar barreras significativas para comprender los textos técnicos de las negociaciones internacionales, que están predominantemente en inglés. Esta falta de comprensión técnica y lingüística limita su capacidad para participar efectivamente en el proceso. Las traducciones disponibles a menudo no cubren todos los matices necesarios, y los idiomas indígenas no están representados, excluyendo a muchas comunidades del diálogo.
2. Falta de consulta formal: No existe un mecanismo institucionalizado para consultar a las comunidades afectadas durante el desarrollo, implementación, monitoreo y evaluación del proceso del Tratado. La participación de estas comunidades en la formulación de las posiciones oficiales de los estados suele ser inexistente o superficial.
3. Barreras de acceso y representación: Las negociaciones internacionales se realizan en lugares distantes como Ginebra, lo que representa una barrera significativa para la participación directa de las comunidades afectadas debido a la falta de recursos. Los mecanismos para garantizar que las contribuciones de las comunidades sean escuchadas y consideradas en el proceso son insuficientes y, a menudo, ineficaces. Además, el aplazamiento de sesiones, como es el caso de la décima sesión en 2024, a última hora, puede hacer que sea inaccesible y no viable para las comunidades afectadas asistir, y demuestra una falta de consideración por las actividades diarias y los planes que las víctimas tienen en sus comunidades, con sus familias y en procesos como la siembra y la cosecha.
4. Perspectiva interseccional y de género: Es necesario considerar las experiencias diferenciadas de las mujeres, adolescentes y niños afectados por las actividades empresariales, incluyendo la edad, raza, privilegio, orientación sexual, identidad de género y los roles de género impuestos en las sociedades latinoamericanas.

Oportunidades para mejorar la participación comunitaria

1. Desarrollo de mecanismos institucionalizados de participación: Para permitir que las comunidades afectadas influyan efectivamente en las negociaciones, deben establecerse mecanismos institucionalizados de participación. Estos mecanismos deben garantizar que las comunidades tengan acceso a la información relevante, puedan expresar sus preocupaciones de manera efectiva y puedan jugar un papel activo en el desarrollo, implementación y monitoreo del Tratado.
2. Inversión de la ONU en recursos y capacitación: Esto incluye la traducción de documentos técnicos a los idiomas oficiales de la ONU y otros idiomas indígenas, proporcionando capacitación en aspectos legales y técnicos, y ofreciendo apoyo financiero para la participación en reuniones internacionales.
3. Participación activa de parlamentarios y funcionarios ejecutivos: Los parlamentarios y funcionarios ejecutivos deben desempeñar un papel más activo en la creación de un entorno que facilite la participación de las comunidades. Esto puede incluir la promoción de políticas que aseguren el consentimiento libre, previo e informado de las comunidades afectadas antes de tomar decisiones sobre proyectos empresariales que las impacten, y la regulación nacional de las actividades empresariales para respetar los derechos humanos.
4. Integración de perspectivas locales y de género: El Tratado y el proceso de negociación deben incorporar perspectivas locales y de género. Las mujeres, especialmente las mujeres indígenas, a menudo enfrentan impactos desproporcionados por las actividades empresariales. Asegurar que sus voces sean escuchadas y que sus necesidades específicas sean abordadas es clave para desarrollar un Tratado justo y efectivo; la ONU debe reforzar su misión y asegurarse de que esto se logre.
5. Avances regionales: Los estados pueden trabajar colectivamente, como lo hicieron con el Acuerdo de Escazú, para crear instrumentos regionales vinculantes.

Reflexiones finales

América Latina necesita enfatizar la importancia de negociar el Tratado y aumentar la participación estatal para proteger la riqueza natural, la cultura, el clima, el medio ambiente y los derechos humanos en la región.

Las empresas transnacionales privadas y las empresas estatales con operaciones transnacionales tienen el poder de influir en las decisiones relacionadas con los derechos humanos, y los daños causados por ellas a menudo quedan sin respuesta. Por lo tanto, es necesario terminar con el lobby corporativo en la región en beneficio económico exclusivo de las empresas, abordar la impunidad e integrar estas consideraciones en el Tratado.

La estructura de capital de las empresas responsables de abusos de derechos humanos es predominantemente transnacional. Por lo tanto, el Tratado también debe aplicarse a estas empresas financieras y sus actividades.

La participación representativa, bien financiada y significativa de las mujeres, en todas sus diversas identidades y contextos, es esencial para asegurar su centralidad en todos los procesos de derechos humanos.

Actualmente, no existen regulaciones para que las empresas respeten los derechos humanos ni para que los estados impartan justicia a todos los pueblos indígenas, campesinos, pueblos afrodescendientes y muchos más. Esto es crucial para garantizar los derechos humanos y la protección del medio ambiente, con un instrumento que refuerce el papel de las comunidades afectadas defendiendo sus derechos y termine con la impunidad corporativa.

Puedes leer la primera parte de este artículo aquí.