A finales de agosto, el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU visitó Honduras para reunirse con autoridades, sociedad civil y el sector privado para analizar el progreso que el país ha hecho en términos de empresas y derechos humanos, así como los retos y obstáculos que persisten.

La delegación se enfocó sobre la situación de personas defensoras de derechos humanos y comunidades indígenas en el contexto de los proyectos relacionados con la extracción de recursos naturales, la agricultura y el sector de energía.

El día que la delegación salió del país (28 de agosto), dos defensores del territorio de Tocoa, Colón, Roberto Antonio Agueta Tejada y José Mario Rivera, fueron asesinados.

Organizaciones han vinculado los asesinatos de los defensores a su resistencia activa en contra de la minera de Guapinol, cuyo dueño es la empresa de energía Inversiones los Pinares.  De ser cierto, éste sería un ejemplo más de la impunidad y frecuencia con la cual este tipo de asesinatos ocurre por el trabajo de derechos humanos de activistas– y de cómo las personas detrás de estos asesinatos al parecer no se dejan intimidar por el escrutinio internacional.

La situación del proyecto minero Guapinol es emblemática de la criminalización y ataques constantes en contra de las personas quienes defienden a su tierra y territorio en Honduras, y en muchos otros países del mundo.  La mina en Guapinol ha sido una fuente de conflicto desde que el gobierno otorgó la concesión a la empresa Inversiones los Pinares.  Las comunidades reclaman que este proceso fue ilegal y han denunciado irregularidades sobre el proceso bajo que el que se obtuvo la licencia ambiental del proyecto.

Desde entonces, 32 miembros del movimiento de resistencia han sido criminalizados, seis han sido asesinados y muchos activistas han sido amenazados y estigmatizados. 

El Grupo de Trabajo de la ONU expresó preocupación específica por las personas quienes defienden su tierra y territorio en sus comentarios al final de su visita:

“El Estado tiene que actuar ahora para terminar los ataques recurrentes, el hostigamiento y la intimidación de personas defensoras de derechos humanos, sindicalistas y comunidades indígenas y sus representantes quienes han denunciado violaciones a sus garantías fundamentales relacionadas a la actividad empresarial y a grandes proyectos de desarrollo.”

El grupo apoyó la derogación inmediata de secciones del nuevo Código Criminal que penalizan la disidencia y silencian a las personas que defienden a víctimas de abuso, mientras que reduce penas para fraude y corrupción.

Las historias de Roberto y José, quienes fueron asesinados en diferentes zonas de Colón, son dos tragedias entre muchas en Honduras y en todo América Latina.  El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha seguido la situación en Honduras de manera cercana durante varios años, observando con preocupación el aumento en la criminalización y los ataques en contra de las personas que defienden su tierra y territorio.

Personas defensoras en Honduras que participan en tales actividades han sido víctimas de casi 170 amenazas de muerte y ataques físicos y judiciales desde 2015.  Las cifras han aumentado de 16 ataques documentados en 2015 a 31 en 2016. En 2017, ocurrieron 36 y bajaron un poco a 31 en 2018. En lo que va del año2019 se han registrado 53.

Si sigue esta tendencia, será el doble de ataques en 2019 en comparación a 2018.  La minería (33% de los ataques) y los proyectos hidroeléctricos (32%) son los sectores más peligrosos para personas defensoras en el país. Las demandas legales y las detenciones arbitrarias (37%), y las amenazas e intimidación (37%) han sido los tipos de ataque más comunes, seguido por los asesinatos.

En 2019, más del 50% de los ataques fueron detenciones arbitrarias y demandas.  Esta criminalización viene aparejada con la difusión de narrativas negativas sobre personas defensoras, ataques físicos e intimidación en contra de ellas y sus familias, y en casos extremos, el asesinato de líderes conocidos como Berta Cáceres en 2016.

“La mayoría de los conflictos relacionados a inversiones grandes son producto de la falta sistemática de transparencia y participación significativas por parte de las comunidades afectadas en decisiones relacionadas a la actividad empresarial”, dijo uno los miembros del Grupo de Trabajo, Anita Ramasastry.

Mientras los parámetros exactos todavía no están claros, se reconoce más y más la responsabilidad de las empresas de respetar a las personas defensoras de derechos humanos y de identificar, prevenir y mitigar los riesgos que enfrentan.  Empresas operando en Honduras deberían estar al tanto de los retos que enfrentan las personas quienes defienden su tierra y territorio, y deberían implementar una debida diligencia rigurosa para asegurar que sus actividades no causan, contribuyen a ni pueden ser vinculadas a los riesgos que enfrentan las personas defensoras.

Desde 2016, hemos visto muchas empresas, iniciativas de múltiples partes interesadas, asociaciones de industrias y inversionistas – como adidas, M&S, Barrick Gold Corporation, Vattenfall, The Coca Cola company, Roundtable on Sustainable Palm Oil – RSPO, International Finance Corporation y otras – clarifican sus posiciones sobre personas defensoras y libertades cívicas.

Los compromisos en términos de políticas no son suficientes – aunque son importantes y representan pasos necesarios, sobre todo en zonas de alto riesgo como Honduras.  Sin embargo, la prueba definitoria será su implementación.

--Encuenta más información sobre libertades cívicas y personas defensoras aquí--