CIEDH: Usted salió de Tailandia en noviembre de 2016 entre las crecientes presiones derivadas del nuevo proceso penal iniciado contra usted por sus 11 años o más de fructífera abogacía y campaña sobre los derechos de las personas migrantes. Antes de eso, en septiembre de 2016, el Tribunal de lo Penal de Bangkok Sur lo había declarado culpable de difamación criminal y delitos informáticos, y en noviembre de 2016 el Tribunal Supremo de Tailandia lo absolvió en una causa diferente de la anterior pero relacionada con ella. Todas esas causas fueron entabladas contra usted en el pasado por Natural Fruit Company Ltd. en relación con la investigación que usted llevó a cabo, para un informe de Finnwatch, sobre las condiciones de los trabajadores de la planta de procesamiento de piñas que la empresa tenía en el sur de Tailandia. Las nuevas causas entabladas contra usted están relacionadas con el sector de exportación avícola. ¿Puede contarnos más sobre su situación actual?

Andy: Respecto a la causa entablada por Natural Fruit, fui declarado culpable de difamación criminal y delitos informáticos el 20 de septiembre de 2016, y el Tribunal de lo Penal de Bangkok Sur me condenó a una pena tres años de prisión, suspendida durante dos años, y a una multa de 150.000 bahts. Tras el pago inmediato de la multa, realizado conjuntamente por la Thai Tuna Industry Association (TTIA), el Thai Union Group y Finnwatch, fui puesto en libertad. La decisión del Tribunal recibió críticas internacionales, entre ellas declaraciones de preocupación de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Organización Internacional del Trabajo y la Comisaria de Comercio de la Unión Europea, Cecilia Malmström y, el 6 de octubre, se aprobó una enérgica resolución del Parlamento Europeo.

Como asesor de asuntos internacionales de la Red de Derechos de los Trabajadores Migrantes (MWRN, por sus siglas en inglés), en la actualidad trabajo también junto con MWRN en un importante litigio sin precedentes, denominado “caso de los pollos”, en el que 14 trabajadores migrantes de Myanmar denunciaron que habían trabajado en condiciones equiparables a trabajo forzado durante periodos de hasta 4 años o más en la granja avícola Thammakaset 2, ubicada en Tailandia y que proporcionaba productos avícolas a Betagro, una de las principales empresas de procesamiento y exportación de productos avícolas de Tailandia.

En el “caso de los pollos”, al igual que sucedió con el de Natural Fruit Company Ltd., se está silenciando a los denunciantes de irregularidades y a los/las defensores/as de los derechos humanos mediante amenazas, intimidación y el uso del Código Penal de Tailandia.

En este caso de la granja avícola de Betagro, al igual que sucedió con el de Natural Fruit Company Ltd., se está silenciando a los denunciantes de irregularidades y a los/las defensores/as de los derechos humanos mediante amenazas, intimidación y el uso del Código Penal de Tailandia (disposiciones sobre difamación criminal) y de la Ley de Delitos Informáticos. En junio de 2016, tras una denuncia presentada por Thammakaset 2 a la policía, dos de los trabajadores fueron acusados de múltiples cargos de robo por su patrón y, si son declarados culpables, podrían ser condenados a 7 años de cárcel. Mi procesamiento se inició en noviembre de 2016 y, si se me declara culpable, podría ser condenado a una multa de hasta 200.000 bahts y 7 años de prisión. Averigüé que la granja Thammakaset y Betagro han contratado al mismo equipo de abogados que utilizó Natural Fruit Company Ltd. en sus litigios. Así que, aunque me supuso una decisión muy difícil, abandoné Tailandia en 2016, tras haber vivido 11 años en el país, ya que mi integridad física peligraba y mi libertad para trabajar de forma efectiva sobre los derechos de los trabajadores migrantes se había reducido notablemente.

CIEDH: ¿Qué papel desempeñan las marcas internacionales en la “caso de los pollos”? ¿Han sido de tanta ayuda como lo fue el Grupo S en la causa de Natural Fruit? ¿Y qué papel desempeñan los proveedores?

Andy: Betagro es probablemente la segunda mayor empresa de procesamiento de productos avícolas de Tailandia, y está exportando a todo el mundo, principalmente a través de Europa y Japón. MWRN envió un correo electrónico para informar sobre este caso a empresas de todo el mundo: Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia y Europa. Como siempre, nuestras comunicaciones electrónicas sólo obtuvieron una respuesta rápida de las empresas nórdicas: el Grupo Axel Johnson en Suecia (especialmente Axfood y AxFoundation), y el Grupo S en Finlandia. Otros minoristas, encargados de adquisiciones públicas y proveedores avícolas nórdicos intentaron asimismo ponerse en contacto de inmediato con Betagro y también con los trabajadores, a través de MWRN. El proceso penal que se avecina y los cargos de robo y de difamación contra los 14 trabajadores que presentaron denuncia en este caso y contra mí fueron mencionados en la resolución dictada por el Parlamento europeo sobre mi caso, para la que captaron apoyos conjuntamente ante los europarlamentarios el Grupo S, Finnwatch y MWRN. No he sabido que se haya recibido respuesta de otras empresas con sede en Europa o Estados Unidos, y la Iniciativa de Comercio Ético (Ethical Trading Initiative,ETI) de Reino Unido sólo contenía respuestas débiles, vagas o no comprometidas: sólo un miembro de ETI respondió diciendo que no iban a volver a adquirir productos de Betagro.

Como siempre, nuestras comunicaciones electrónicas sólo obtuvieron una respuesta rápida de las empresas nórdicas. Estas empresas están ahora intentando elaborar guías para remediar abusos relativos a la trata de personas, el trabajo forzado o la explotación laboral en sus cadenas de suministro.

Cuando MWRN se puso en contacto con ellas, las empresas nórdicas inmediatamente admitieron, si era el caso: “Sí, este proveedor está en nuestra cadena de suministro, y vamos a implicarnos en este caso”. Incluso aunque el proveedor no estuviera en su cadena de suministro, dijeron que iban a hablar con otros compradores. Estas empresas nórdicas –especialmente, según las noticias que tengo, Axfood– están ahora intentando elaborar guías para remediar abusos relativos a la trata de personas, el trabajo forzado o la explotación laboral en sus cadenas de suministro, y están haciendo preguntas como: “¿Deberíamos tener un fondo? ¿Un protocolo? ¿Deberíamos interferir en el sistema legal de un país extranjero? ¿Hasta dónde llega nuestra responsabilidad?”. Estas empresas no saben cómo actuar en este asunto todavía, pero reconocen que, según los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos, tienen cierta responsabilidad de poner remedio a una situación de abuso, en la medida en que esté en su poder. El hecho de que las empresas compartan información y tengan este tipo de enfoque resulta sumamente inspirador tanto para mí y para MWRN como para los trabajadores de Tailandia; es algo realmente novedoso. Algunas empresas nórdicas han convocado a compañías como Betagro a reuniones en Europa, en las que han pedido a las compañías tailandesas que expliquen qué están haciendo para abordar la situación, etc.; no se han limitado a hacer auditorías. Las empresas nórdicas tienen una profunda noción de la responsabilidad compartida a la hora de abordar los abusos y, para mí, es algo enormemente excitante e innovador. Betagro no fue el primer caso en el que ha sucedido esto, pero sí ha sido el más importante.

Es muy importante que exista una relación real y abierta entre los/las defensores/as, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas.

Algunos proveedores también están mostrando una actitud positiva. Los miembros de la Thai Tuna Industry Association (TTIA), y especialmente el Thai Union Group, están empezando a formular preguntas sobre la responsabilidad de los abusos en la cadena de suministro, y han tratado de abordar los motivos de preocupación de las empresas nórdicas y los consumidores europeos, intentando crear vías de remedio innovadoras. MWRN pidió ayuda al Thai Union Group y a la TTIA, ya que las empresas de atún también compraban de la cadena de suministro de Betagro para sus alimentos para mascotas y productos avícolas exportados a todo el mundo, incluido Estados Unidos. Thai Union proporcionaba ayuda humanitaria, alimentos y suministros, y publicó un comunicado de prensa en el que animaba al sector avícola a introducir mejoras, entre otras cosas.

Es muy importante que exista una relación real y abierta entre los/las defensores/as, las organizaciones de la sociedad civil y las empresas. Además, las dinámicas han cambiado mucho en el último año. Hace tan sólo unos años, las empresas venían a reunirse conmigo en Bangkok, querían compartir información e ideas, pero querían que esa cooperación se mantuviera en secreto, no querían fotos ni que las reuniones se hicieran públicas, pues pensaban que podían amenazas su relación con otras empresas o con sus proveedores. Ahora algunas empresas son mucho más dinámicas y abiertas, e incluso están orgullosas de la relación que mantienen con una sociedad civil que cada vez es blanco de más ataques. 

CIEDH: ¿Qué fue lo que condujo a esta evolución de la confianza entre usted y las empresas, especialmente el Grupo S? ¿Cómo llegaron al punto de que usted se sintiera lo bastante cómodo como para pedir al Grupo S que testificara en su favor en la causa entablada contra usted por Natural Fruit?

Andy: La evolución de la confianza coincidió con mi decisión de centrarme en vincular cuestiones de derechos humanos con el comercio y los consumidores. Antes, solía captar apoyos anualmente ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, trabajaba dentro del marco de los derechos humanos para tratar de involucrar a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o los mecanismos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). Entonces me captó Finnwatch para que hiciera la investigación de su informe en el que vinculaba la explotación laboral con los consumidores finlandeses y la cadena de suministro finlandesa, y el informe que elaboramos dejó clara la relación entre los abusos y los consumidores. Fue entonces cuando aumentó la atención internacional hacia mi trabajo y el de MWRN. Fuimos más allá de hacer campaña sobre los derechos humanos y nos “enfrentamos” a vincular los abusos con el dinero y el comercio. Eso nos daba un potencial mucho mayor de obtener respuestas auténticas del gobierno y la industria tailandeses.

Sin Finnwatch, nada de esta positiva labor podría haber tenido lugar. Conectar como occidental con Sonja Vartiala y su equipo en Finnwatch y relacionarme con ellos mediante mi trabajo en Tailandia con MWRN, sabiendo lo que querían y necesitaban, y proporcionándoselo, marcó toda una diferencia. La relación que, por ejemplo, tiene el Grupo S con Finnwatch, o Axfood con Swedwatch, es básicamente una relación voluntaria. Estas empresas no tienen que proporcionar datos sobre la cadena de suministro a estas organizaciones. En Europa no hay por el momento ninguna ley que permita a una organización de consumidores saber de dónde proceden los productos importados, por lo que, si estas empresas no ofrecieran voluntariamente información a dichas organizaciones de consumidores, no dispondríamos de esta información. El Grupo S fue muy abierto con Finnwatch, y luego con MWRN y conmigo, y de ahí surgió la confianza. Este tipo de relaciones no existe en casi ningún lugar del mundo. Por lo general, Finnwatch y Swedwatch no aceptan cláusulas o acuerdos de confidencialidad, por lo que son empresas que prácticamente invitan a las críticas. Pero, por decirlo de otra manera, las empresas ven el papel positivo de la sociedad civil, considera que ésta son sus "ojos", y que las ayudan a hacer frente a los problemas y a promover sus puntos fuertes, a ser más éticas.

Las empresas y estas organizaciones deberían sentirse muy orgullosas de esta apertura: no es una relación derivada del dinero; estas ONG no aceptan dinero de las empresas, se basa todo en la voluntariedad, en el sentido de la responsabilidad. No se firman acuerdos de confidencialidad.

CIEDH: ¿Qué cree que impulsó al Grupo S a implicarse tanto y a adoptar una postura tan firme en su caso? ¿Qué pueden aprender otras empresas de la respuesta del Grupo S y de este caso?

Andy: La respuesta inmediata que suelen dar las empresas cuando surge algún problema en su cadena de suministro es salir huyendo. Pero limitarse a cambiar de proveedor es muy perjudicial para todos, especialmente para los trabajadores y trabajadoras a los que MWRN intenta defender y empoderar. El Grupo S no sólo abrió los datos de su cadena de suministro al escrutinio (inicialmente la fábrica de Natural Fruit era confidencial y en el informe de Finnwatch sólo podía ser mencionada como una “fábrica de piñas” hasta que se negó a cooperar), y vino a Tailandia a reunirse conmigo y a hablar con los trabajadores migrantes y con Natural Fruit, pero no es necesario decir que después del informe de Finnwatch accedió a seguir comprando a Natural Fruit Company Ltd. Seguramente incluso empezarían a comprarles de nuevo si todo este agresivo y vengativo litigio llegara a su fin mediante algún tipo de conciliación. Lo único que Natural Fruit tenía y tiene que hacer para volver directamente a los compradores europeos es permitir una auditoría externa adecuada de sus fábricas. Incluso aunque el resultado fuera negativo, el Grupo S trabajaría con Natural Fruit para resolver los problemas.

Cuando Natural Fruit me procesó por primera vez por la investigación, tanto Finnwatch como el Grupo S se sintieron profundamente ofendidos, les escandalizó que pudiera estar sucediendo algo así. ¿Cómo podía procesarse a un defensor de los derechos humanos por tratar de ayudar a víctimas de abuso? El Grupo S se implicó porque quería explicar al tribunal que el motivo de que Natural Fruit Company Ltd. perdiera pedidos no era yo, ni la atención de los medios de comunicación derivada del informe de Finnwatch, sino que era el comportamiento de Natural Fruit, especialmente la egoísta respuesta del propietario de la compañía. El Grupo S incluso presentó al tribunal notas de las reuniones con Natural Fruit, y los datos de toda su cadena de suministro. El Grupo S, Finnwatch, mi equipo de abogados y yo tradujimos para el tribunal cientos de páginas de documentos, intentamos con todas nuestras fuerzas explicar a los jueces la situación real tal como la veíamos. Al final, en la sentencia no se citó ninguna de esas pruebas. Pero, en cualquier caso, el proceso de trabajar juntos, independientemente del resultado, me resultó inspirador.

Me afectó de manera muy personal cuando me tacharon de delincuente por hacer algo que beneficia a la población, por tratar de trabajar con otros para desarrollar y reforzar el Estado de derecho en Tailandia. Tu nombre se destaca y se vincula a algo negativo, tu reputación se ve dañada, así que, después de lo sucedido, al principio no sabía qué hacer. Me negué a pagar el dinero de la fianza; mi libertad estaba amenazada, pero sentía que el martirio era una buena vía, que me quedaría en una celda hasta que la presión se intensificara y me permitieran salir. Esa era mi idea. Me quitaron el pasaporte. Pero, cuanto más lo pensaba, cuanto más se preocupaban mis familiares y amigos por mi respuesta, más sentía yo que tenía que convertir esto no simplemente en la causa de un individuo contra una empresa, sino en la lucha de la buena conducta contra la mala conducta, y para eso necesitaba empresas que me apoyaran. Puesto que el Grupo S se había mostrado tan abierto con Finnwatch y conmigo durante todo el proceso, me sentía cómodo pidiéndole al Grupo S su apoyo. Quería que toda la comunidad y diversas partes interesadas se unieran para defenderme, que todo el mundo dijera que esta conducta por parte de una manzana podrida no es aceptable. Entonces se implicaron otras empresas: 110 organizaciones, muchas de ellas empresas, escribieron una carta al primer ministro tailandés después de mi condena. Los trabajadores se alzaron valientemente para defender que lo que yo decía era cierto. Empresas tailandesas como Thai Union, Unicord y Chotiwat Manufacturing Company Ltd., así como la TTIA, me defendieron también en el juicio.

Así que este es el aspecto positivo: este caso dio a las empresas y las asociaciones profesionales la oportunidad de demostrar que estaban intentando ser más éticas y morales y encontrar maneras de cumplir cada vez más los Principios Rectores de la ONU. Las empresas progresistas tuvieron la oportunidad de defender a los defensores de los derechos humanos, y muchas dijeron que para ellas era un privilegio y un orgullo poder contribuir a ello. Yo mismo me sentí privilegiado y orgulloso de luchar sabiendo que tenía a mi lado a estas empresas y a agentes innovadores.

CIEDH: ¿De qué manera cree que afectó al Grupo S, en cuestión de negocios, la implicación en su caso?

Andy: El Grupo S también se benefició de su implicación, pues los consumidores también quieren que sucedan este tipo de cosas. El modelo de cooperación que el Grupo S mantuvo conmigo ha sido citado positivamente por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, por la OIT, por el Parlamento Europeo y por la Comisión de Comercio europea. El Grupo S ha compartido orgullosamente su trabajo en Londres, Nueva York, Bruselas y Estrasburgo.

El Grupo S también se benefició de su implicación en mi caso, pues los consumidores también quieren que sucedan este tipo de cosas.

Muchas empresas no tienen ni el tiempo ni la capacidad de tratar directamente con organizaciones de base o con defensores de los derechos humanos; prefieren trabajar con asesores caros y de renombre, un modelo de trabajo del tipo del de USAID o estadounidense. Pero el Grupo S tiene una honda aceptación y un profundo compromiso respecto a que las empresas deben trabajar directamente con los/las defensores/as y con las organizaciones de la sociedad civil, para conocer de verdad la situación y utilizar esa información con el fin de tomar decisiones y hacer adquisiciones sobre una base bien informada. La relación con el Grupo S es de dar y recibir, pero es muy independiente, nunca tratan de controlar lo que hacemos o decimos. En los próximos meses y años, tanto yo como MWRN haremos cada vez más peticiones a empresas como el Grupo S, y creo que esas peticiones serán bien recibidas como un modelo de asociación inspiradora.

CIEDH: ¿Qué importancia tuvo el papel del consumidor finlandés para obtener una respuesta positiva del Grupo S? ¿Cuál es el papel de otros agentes, aparte de las empresas, en el apoyo a los/las defensores/as de los derechos humanos y en la incentivación de esa respuesta por parte de las compañías?

Andy: Los consumidores de Finlandia o los países nórdicos tienen más interés, por supuesto, hay una mayor concienciación, un nivel de vida más alto, una educación y unos principios culturales más elevados que conducen a una demanda de responsabilidad social empresarial. Por tanto, en esos países hay una presión adicional para garantizar que las cadenas de suministro están limpias. Pero sólo alcanza ese punto, y hay muchos más aspectos de los que, incluso aunque estas empresas son conscientes, gran parte de la población no lo es. Así que la cosa va más allá de la presión de los consumidores: depende también del liderazgo de la empresa y de su junta directiva, de la pasión y los fuertes compromisos personales, y del reconocimiento de que las empresas pueden lograr cambios.

Los gobiernos también tienen que hacer su parte. En primer lugar, hay leyes perjudiciales, como la Ley de Delitos Informáticos - es responsabilidad de los gobiernos garantizar que estas leyes no existen ni se utilizan para socavar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en el contexto empresarial.

Los gobiernos también tienen que hacer su parte. En primer lugar, hay leyes perjudiciales, como la Ley de Delitos Informáticos, que se están utilizando contra la gente, y es responsabilidad de los gobiernos garantizar que estas leyes no existen ni se utilizan para socavar el trabajo de quienes defienden los derechos humanos en el contexto empresarial. Además, tal como he dicho en numerosas ocasiones, en Europa por el momento no hay ninguna ley que, por ejemplo, permita a las organizaciones de consumidores saber de dónde proceden los productos a menos que las empresas ofrezcan voluntariamente esa información y se sometan voluntariamente al escrutinio. Pregunté a Cecilia Malmström qué estaba haciendo la Comisión Europea para que esta cuestión fuera más transparente, y hubo pocas respuestas.

Algunos gobiernos y agencias intergubernamentales también han desempeñado un papel positivo en mi lucha, y me han brindado apoyo y aliento, como mencioné antes. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) mantuvo numerosas comunicaciones con el gobierno tailandés. También es bueno que la OACNUDH esté hablando sobre la cuestión del apoyo de las empresas a los defensores de los derechos humanos más en general.

CIEDH: ¿Ha habido alguna reacción del gobierno tailandés que demuestre que están escuchando o viendo la reacción de la Unión Europea y las empresas?

Andy: No aparentemente, pero ahora, en la causa del pollo, ya veremos. Tuve que dejar Tailandia y la declaración que realicé explica claramente por qué me fui. Confío en que el gobierno tailandés, la industria y otras partes interesadas escuchen lo que digo, y que se note en la causa del pollo. Confío en que haya un enfoque más maduro: ya lo hemos visto en la cadena de suministro, pero hasta el momento no lo hemos visto en Betagro (la granja avícola) ni en el gobierno tailandés. A lo largo de varias décadas, hemos visto novedades radicales y positivas en algunas áreas de la legislación tailandesa, como el desarrollo de una definición de trabajo forzado más acorde al derecho internacional, una mayor regulación de la situación de los trabajadores migrantes y un intento de afirmar el Estado de derecho en un sistema migratorio sistemáticamente corrupto y abusivo. Sin embargo, al mismo tiempo, quienes defienden los derechos humanos no ven los beneficios de estas novedades, sino que siguen siendo procesados.

CIEDH: Respecto al uso represivo de las leyes en Tailandia: una de las cosas buenas que se han derivado de esta terrible situación que se inició en 2013 es que arrojó luz sobre la Ley de Delitos Informáticos y las estrictas leyes sobre difamación que se están utilizando para silenciar a los activistas. Más allá de limitarse a participar en casos individuales, ¿cree que las empresas tienen influencia suficiente para conseguir, mediante un esfuerzo concertado, que el gobierno derogue estas leyes?

Andy: Esa es una cuestión muy importante. Yo me estoy centrando en los trabajadores migrantes, pero la represión de activistas es mucho más amplia: los trabajadores tailandeses no pueden hacer negociación colectiva, y ni la Ley de Delitos Informáticos ni las leyes sobre difamación deberían existir siquiera. Su uso está muy extendido en la sociedad tailandesa, y la nueva Ley de Delitos Informáticos, que está ahora ante el Parlamento, es aún más estricta.

Lo importante es sacar progresivamente estas cuestiones, consideradas puramente de derechos humanos, del debate sobre los derechos humanos y llevarlas al área del comercio, los beneficios y el dinero. Lo que, en mi caso, demostró la declaración de la comisaria de Comercio de la Unión Europea es que este acoso judicial contra un defensor de los derechos humanos era relativo a la libertad de expresión, sí - pero, y esto es más importante, también estaba relacionado con el dinero: es decir, era relativo al dinero, el aspecto, la reputación, la incapacidad de expresarse uno mismo, de negociar, de luchar por unas mejores condiciones de trabajo. Es relativo a la sostenibilidad de las cadenas de suministro, la sostenibilidad a largo plazo, y no sólo al marco de derechos humanos, que se percibe de manera muy diferente en oriente y occidente.

Sigo vivo, pese a la presión a la que estoy sometido, y sigo aquí, haciendo campañas, sacando la energía y la inspiración tan necesarias de la última campaña emprendida por 2.500 trabajadores migrantes de Myanmar, organizada por MWRN, para tratar de negociar un aumento de las prestaciones con Unicord, uno de los grandes exportadores de atún de Tailandia. Y mi caso es sólo la punta de un gran iceberg. Soy un varón blanco y educado y, a causa de mi perfil, tengo la capacidad de contactar con agencias de la ONU, diplomáticos y agencias de medios de comunicación. Podría conseguir que las compañías emprendieran acciones, se manifestaran públicamente para apoyar la causa y los principios que defiende. No creo que el gobierno tailandés siga queriéndome preso a causa de las implicaciones comerciales que eso tendría, y estoy seguro de que tampoco me quiere muerto ni desaparecido. Fuera del país, hay algunos que sí pueden desearlo.

La lección más importante, en mi caso, es la que se puede extraer de mi enfoque, del trabajo de MWRN con empresas, para modificar la conducta de otras empresas cuyo impacto puede ser mucho mayor incluso que el de las empresas nórdicas, que ocupan una porción no muy grande de la cuota de mercado.

Pero veo cómo matan a personas, cómo las hacen desaparecer; veo cómo empresas y autoridades gubernamentales corruptas destruyen comunidades a diario. Veo a trabajadores migrantes que son objeto de trata, de venta, de abusos. Y la gente no puede hablar como lo hago yo. Tenemos que ocuparnos urgentemente de personas y comunidades que no pueden ocuparse de sí mismas, como hemos hecho MWRN y yo; tenemos que educar y apoyar a los/las defensores/as, las comunidades, los activistas y los trabajadores para que conozcan sus derechos y comprendan y desarrollen canales para protegerse mejor utilizando las oportunidades que brinda la cadena de suministro o los marcos internacionales de derechos humanos. Y, de hecho, es responsabilidad de las empresas examinar esta cuestión, junto con la sociedad civil y los gobiernos. La lección más importante, en mi caso, es la que se puede extraer de mi enfoque, del trabajo de MWRN con empresas, para modificar la conducta de otras empresas cuyo impacto puede ser mucho mayor incluso que el de las empresas nórdicas, que ocupan una porción no muy grande de la cuota de mercado.

CIEDH: El ángulo del comercio es muy bueno, y rara vez se tiene en cuenta. El enfoque instintivo es pedir a las empresas que utilicen su voz en casos específicos, pero vincular cuestiones de 'espacio cívico' con acuerdos comerciales puede ser aún mejor. ¿Cree que Estados Unidos y las empresas estadounidenses podrían utilizar su influencia a este respecto?

Andy: Personalmente, creo que las empresas estadounidenses prefieren trabajar a través de gente estadounidense: ONG estadounidenses, asesores de Estados Unidos, USAID. No tienen esa disposición a mirar de verdad a los problemas directamente y relacionarse con los/las defensores/as de base, lo cual resulta descorazonador. Cuando he intentado relacionarme con empresas estadounidenses, incluso con algunas empresas británicas, no he obtenido respuesta. El enfoque nórdico es positivo; también lo vemos hasta cierto punto en la Iniciativa de Comercio Ético (Ethical Trading Initiative) y en la Iniciativa de Cumplimiento Social de las Empresas (Business Social Compliance Initiative, BSCI), pero el enfoque nórdico es el más activo y progresista.

CIEDH: Generalizando, ¿pueden mejorarse los sistemas externos de auditoría para que tengan en cuenta 'el cierre del espacio cívico'? ¿Puede considerarse a los/las defensores/as de los derechos humanos como parte del sistema de vigilancia de las marcas internacionales?

Andy: Demasiado a menudo, las empresas están subcontratando a asesores su responsabilidad social empresarial, y basándose quizá demasiado en las auditorías. Las auditorías son importantes, pero deben tener más en cuenta la dificultad de escuchar realmente las voces de los trabajadores, y no sólo entre las cuatro paredes de las fábricas, donde los trabajadores, en el complicado mundo real, rara vez pueden hablar con sinceridad. Los auditores deben visitar los alojamientos de los trabajadores para obtener historias reales, deben triangular sus conclusiones con comentarios de ONG y organizaciones de la sociedad civil, y deben calcular adecuadamente el salario justo. Esto puede ayudar también al trabajo de los/las defensores/as al hacer que las empresas rindan cuentas y proporcionen una línea importante de reparaciones para los trabajadores; de esa manera aliviarían la carga de trabajo de quienes defienden los derechos humanos.

CIEDH: Su organización, la Red de Derechos de los Trabajadores Migrantes (MWRN), apoyó recientemente a siete trabajadores migrantes de Myanmar que presentaron a la oficina gubernamental de protección laboral y bienestar y a Unicord PCL (destacado procesador de atún) una petición en favor de más de 2.000 trabajadores migrantes, una demanda excepcional en un país que prohíbe a los extranjeros formar sindicatos. ¿Qué tipo de respuesta le gustaría ver de los directamente nombrados, especialmente respecto a la libertad de asociación? ¿Qué deberían hacer las empresas para respaldar la sindicalización sin que tenga que ser a través de los sindicatos dirigidos por la empresa?

Andy: Se trata de una causa muy destacada: esperamos que los minoristas europeos respalden esta iniciativa. Si nos fijamos en la BSCI y la ISO 8000 –en los últimos años hubo un movimiento para que las empresas “alentaran” o “promovieran” la negociación colectiva, pero ahora las normas sólo hablan de “respetarla”– es una norma más débil, porque muchos trabajadores no pueden organizarse. Las empresas deben promover de verdad la sindicalización de los trabajadores, especialmente los agentes de las grandes cadenas de suministro que tienen poder, pero eso no significa formar un sindicato de empresa.

Si nos fijamos en la BSCI y la ISO 8000 –en los últimos años hubo un movimiento para que las empresas “alentaran” o “promovieran” la negociación colectiva, pero ahora las normas sólo hablan de “respetarla”– es una norma más débil, porque muchos trabajadores no pueden organizarse.

Los sindicatos tienen que proceder de los trabajadores, y los trabajadores deben comprender qué es un sindicato y cuáles son sus beneficios, y deben desear formar uno si va a haber un diálogo social auténtico en su forma más pura. Pero las empresas deben apoyar a los sindicalistas independientes y a los/las defensores/as de o los grupos de la sociedad civil siempre que puedan. Para poder apoyarlos con el fin de que actúen de forma independiente, las empresas deben comprender los riesgos y peligros a los que se enfrentan: estos agentes en situación de riesgo deben tener más capacidad, necesitan más información en su propio idioma sobre las cadenas de suministro, y tienen que saber dónde va el producto que están creando y qué canales se pueden utilizar para presentar denuncias si sus intentos de organización se ven socavados. Esa información debe estar disponible y ser proporcionada por las empresas. En Estados Unidos existe 'Import Genius', pero su información no está accesible ni a libre disposición. En la UE, Canadá, Australia o Reino Unido ni siquiera hay algo parecido.

CIEDH: En CIEDH estamos trabajando sobre la transparencia en la cadena de suministro mediante el proyecto KnowTheChain (Conoce la cadena). El sector alimentario es especialmente opaco. Existe una alta probabilidad de que quienes exponen los abusos en las cadenas de suministro sufran represalias. ¿Está de acuerdo con la idea de que las marcas deben emprender siempre acciones enérgicas cuando existan represalias contra sindicalistas y denunciantes de irregularidades en sus cadenas de suministro?

Andy: Las marcas y los compradores deben remediar la situación. ¿Qué significa esto? En primer lugar, deben impedir que las cosas empeoren. Es algo que ya hemos visto: hemos presenciado cómo importantes compradores tanto tailandeses como internacionales abandonaban inmediatamente a Betagro pese a nuestras peticiones en contra; hemos visto, por ejemplo, a Carrefour retirarse del sector del marisco. Nestlé habla de su respuesta positiva, pero también en su caso persisten muchos problemas a la hora de adoptar remedios efectivos. Las empresas deben pensárselo antes de abandonar a un proveedor porque, cuando lo hacen, tienen un impacto real en los trabajadores y en los activistas. Los trabajadores pierden; los activistas pierden la confianza y el apoyo de los líderes de los trabajadores. Las empresas, en especial, no deberían abandonar a un proveedor sólo para quedar bien.

Lo que escuchamos a las empresas tailandesas es que, a menudo, los compradores protestan mucho pero no actúan: manifiestan su apoyo a los trabajadores y a quienes defienden sus derechos, apoyan el aumento del cumplimiento de la responsabilidad social empresarial y los Principios Rectores de la ONU, pero al mismo tiempo quieren contratos breves y el tamaño de sus pedidos fluctúa mucho, y eso genera inseguridad; la competencia significa que hay que abaratar los costes, por lo que a menudo el departamento de responsabilidad social empresarial dice o hace lo correcto, pero los compradores bajan el precio. Así que hay una falta de coordinación en las empresas.

Esto debe traducirse en que se pague más por los productos, si es necesario, y en garantizar que los remedios son efectivos. Los trabajadores rara vez salen beneficiados de estas acciones. Si los consumidores pagan más, o los compradores obtienen menos beneficios, eso no significa necesariamente que los proveedores hagan extensivos sus propios beneficios a los trabajadores. Es un asunto complejo, que requiere cooperación. Ahora mismo, tenemos empresas que prestan atención al sector del marisco tailandés, y una serie de agencias de la ONU que se apresuran a vigilarlo, pero las víctimas del trabajo esclavo no perciben ningún cambio en su nivel y decenas de miles de trabajadores de barcos pesqueros que sufren abusos prácticamente no reciben compensación. MWRN apoyó la petición del Thai Union Group en la conferencia Trust Women, celebrada en Londres, de que se creara un fondo para pescadores destinado a apoyar a los trabajadores víctimas de abusos, como medio de garantizar el cumplimiento del elemento de los Principios Rectores de la ONU relativo a la reparación. Sin embargo, Thai Union no encontró a nadie dispuesto a apoyar ni su idea ni esta iniciativa, lo cual resulta desalentador.

CIEDH: ¿Cuál es el siguiente caso en el que va a trabajar, y cómo espera que evolucionen las cosas?

Natural Fruit perdió gran parte de su prestigio debido a mi causa. Algunos en Tailandia pueden verlo como una falta de respeto a la cultura tailandesa, pero yo espero que conduzca a un cambio en la conducta de la empresa, que, en el futuro, las empresas, tanto proveedoras como compradoras, se impliquen y empiecen a cooperar antes cuando los abusos salgan a la luz. La publicidad es siempre el último recurso; es posible que la gente no piense que los/las defensores/as como yo pensamos de esta manera, pero lo hacemos. Es casi el acto final de desesperación cuando no logramos que otros canales funcionen. El "caso de los pollos" va a ser una prueba importante. Espero que consigamos que aún más compañías actúen como lo han hecho las nórdicas hasta ahora, y que todas las empresas hagan más: las palabras deben traducirse en, quizá, un pago más alto por los productos, en garantizar que los remedios son realmente efectivos y que los trabajadores perciben los beneficios. Las empresas deben rendir cuentas, y yo seguiré empujandolas, junto con organizaciones como Finnwatch, Swedwatch y MWRN.

Una excepción positiva es la campaña de tasa cero por servicio de contratación: MWRN ha estado trabajando directamente con Thai Union en un proyecto, pero también ha captado apoyos ante BSCI y las empresas nórdicas para que eliminen las tasas de contratación para los trabajadores migrantes. Estamos percibiendo un efecto positivo en los trabajadores, les está cambiando la vida.

Lo que serviría de ayuda sería que más empresas expresaran un apoyo más específico en el caso de Natural Fruit.

Ahora mismo, lo que serviría de ayuda, sería que más empresas, aparte de las nórdicas, destacaran "el case de los pollos", reconocieran que se trata de un caso que pondrá las cosas a prueba, y nos apoyaran a la hora de ejercer presión sobre todos los agentes para lograr una reconciliación e impedir otro resultado como el de Natural Fruit que suponga una caza contra los/las defensores/as y contra la sociedad civil. También sería de ayuda que expresaran un apoyo más específico en el caso de Natural Fruit para buscar una manera de arrojar más luz sobre este oscuro nubarrón [el 8 de febrero de 2017, el equipo de abogados de Andy apeló contra la condena de éste en ese caso ante el Tribunal de lo Penal de Bangkok Sur]. Quizá la reconciliación siga siendo posible, quizá, con el apoyo del gobierno y las empresas, este acoso pueda terminar de una vez y todos podamos avanzar juntos.