Este blog acompaña el lanzamiento del Índice de Energía Renovable y Derechos Humanos y es parte de una serie artículos de opinión sobre una transición energética justa en América Latina.

El mundo avanza hacia las energías renovables, eso es un hecho, casos como el de la India con metas sumamente ambiciosas de generación solar y eólica dan testimonio, incluso el interés de las grandes compañías fósiles dejan muy claro que el futuro está ahí. Sin embargo, la política mexicana se mueve de manera extraña, por un lado la política internacional climática suma al país en acuerdos y alianzas: los Acuerdos de París, la Climate Ambition Alliance (en el que se compromete a tener emisiones netas cero para e l 2050) lo que lo ha llevado a asumir estos compromisos de reducción de emisiones y de transición energética en sus leyes.

Pero por el otro, la política energética encargada de llevar esto a los hechos, se mueve en una trayectoria completamente diferente, bajo un discurso altamente ideológico que en muchas ocasiones deja de lado las formas en que será implementado, la actual administración ha sido abierta en que la política energética del país estará basada en el fortalecimiento de las dos empresas del estado (PEMEX y CFE) a partir del uso intensivo de combustibles fósiles y en sus planes sectoriales deja claro que el sistema nacional de refinación será un prioridad y que la generación de electricidad será la puerta de salida para los combustibles residuales como el combustóleo. 

Vale la pena recordar que México es el 13° lugar en emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) a nivel mundial y debido a su ubicación geográfica, a la importante degradación de sus ecosistemas y al alto nivel de inequidad es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático, cuyos impactos podemos observar ya de manera común en nuestro país con el aumento en frecuencia y magnitud de los fenómenos hidrometeorológicos, incendios, etc.

Si tomamos en cuenta que el sector energético es responsable de más del 70% de las emisiones de GEI nacionales, siendo la generación de electricidad el segundo sector solamente después del transporte, resulta evidente que este sector sea clave para la mitigación e incluso la adaptación al cambio climático.

El sistema eléctrico nacional depende en gran medida de combustibles fósiles, más de la mitad de la electricidad generada en el país se produce a partir de la combustión de gas seco que es importado de Estados Unidos. Aproximadamente el 10% se genera a partir de la quema de carbón y un 13.2% a partir de plantas termoeléctricas que utilizan gas seco o combustóleo. La participación de las energías renovables para el año 2018 fue de 6.5%, de las cuales 4.6% se generaron a partir de fuentes solares y eólicas (aproximadamente 3.22GW). Lo que convierte a México en el segundo país latinoamericano con menor porcentaje de renovables dentro de la oferta energética total, solamente después de Barbados.

Fuente: Anuario Estadístico 2019, CEPAL

Resulta evidente que los esfuerzos políticos para transitar hacia un modelo eléctrico bajo en emisiones han fracasado hasta ahora, pero las políticas de confiabilidad presentadas por la SENER y el CENACE, no solo representan un freno contundente a la ya de por sí insuficiente transición energética, sino que muestran un retroceso inentendible en los planes de generación que llevarán en los hechos a que México se convierta en uno de los primeros países del G20 en incumplir sus compromisos de reducción, que representará un sexenio perdido en la adaptación del país al cambio climático, recordando que la acción climática es un pilar fundamental en la política social ya que son las poblaciones más pobres las más vulnerables a sus efectos, y que pondrán en riesgo la salud de miles de personas debido a la quema de combustibles sumamente contaminantes y en desuso, prácticamente en todo el mundo, que aquí comenzarán a ganar espacio en la matriz eléctrica.   

De esta forma, mientras tendríamos que estar ocupándonos en asegurarnos que la transición energética rompa las formas tradicionales de los modelos extractivistas que violentan derechos humanos, destruyen ecosistemas y generan periferias energéticas con altos niveles de inequidad en el acceso. Mientras tendríamos que estar regulando que la transición nos llevara hacia un modelo en el que las energías renovables fungieran como una herramienta que combata la desigualdad y que sirviera para democratizar los medios de producción eléctrica, garantizando no solo la inclusión de las comunidades, sino su papel protagónico en el sector como productores a pequeña y mediana escala; mientras podríamos sentar las bases para aprovechar los enormes recursos renovables del país y conducir nuestro modelo energético hacia una verdadera soberanía basada en la participación activa de la ciudadanía en esquemas de producción/consumo y eficiencia y ahorro energético; tenemos que seguir estancados en debates superados sobre el “riesgo” que las energías renovables representan para el suministro eléctrico. Tenemos que seguir exigiendo que el “desarrollo” no se lleve por delante el derecho de vivir de las generaciones futuras, tenemos que seguir defendiendo nuestros derechos a la salud y a un medio ambiente sano.