Por Juana Toledo, Directora del Consejo de Pueblos Wuxhtaj, y miembro del Consejo del Pueblo Maya/CPO en Guatemala, e Ivette González, Directora de Vinculación Estratégica e Incidencia, PODER.

Una historia de explotación empresarial y resistencia comunitaria

Latinoamérica ha sufrido siglos de extractivismo, colonialismo y violencia racista y patriarcal a manos de gobiernos y corporaciones del Norte Global. Este legado persiste hoy en día: el estatus político-económico subordinado de la región permite la explotación de bienes comunes culturales, sociales y naturales. Las empresas transnacionales operan sin restricciones, lo que lleva a una degradación significativa de la vida.

Al mismo tiempo, la región tiene una larga historia de luchas colectivas, tanto por parte de los grupos directamente afectados por los abusos de los derechos humanos cometidos por las corporaciones, como por las numerosas defensoras y defensores de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que trabajan junto a ellos para exigir responsabilidades a las empresas privadas y los estados.

Casos destacados de violaciones de derechos humanos

A lo largo del continente, luchar contra las corporaciones de diversas industrias ha sido una lucha por la supervivencia. En Guatemala, por ejemplo, la industria minera, la agricultura de palma aceitera y los proyectos hidroeléctricos han causado devastación en nuestras comunidades. Esto incluye el despojo de nuestros Pueblos Indígenas de sus tierras, poniendo en riesgo su desaparición, así como la criminalización e incluso el asesinato de los defensores de la tierra.

Un ejemplo de esto es la mina Marlin, propiedad de una filial de la empresa canadiense Goldcorp. La mina, ubicada en territorio maya, fue cerrada en 2017, pero su legado destructivo perdura en los ríos contaminados con lixiviados, los manantiales secos, las casas dañadas y los impactos en la salud de la comunidad local, incluidos los niños que aún están traumatizados por los temblores y ruidos fuertes de la mina, que operaba durante la noche.

De manera similar, el derrame de 40 millones de litros de desechos tóxicos en los ríos Sonora y Bacanuchi en 2014 por parte de Grupo México causó graves impactos en la salud y el medio ambiente, y violó los derechos humanos de unas 22,000 personas sin reparaciones ni justicia.

Finalmente, un tsunami de lodo tóxico causado por el colapso catastrófico de la represa de la mina Vale en Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, en 2019 dejó más de 270 muertos, devastando la flora y fauna de la región.

Impacto particular en las mujeres

Las mujeres en la región, particularmente las mujeres indígenas, son desproporcionadamente afectadas por los abusos de estas empresas, como la contaminación y el agotamiento de los ríos a los que deben recorrer largas distancias en busca de agua. Las mujeres también enfrentan discriminación y abusos cuando intentan defender sus tierras, comunidades y derechos. A menudo se considera inaceptable que las mujeres lideren estas luchas, y, incluso en los casos raros en los que existen leyes protectoras, no se aplican.

Trágicamente, en muchos territorios de América Latina, las defensoras de derechos humanos enfrentan violencia e incluso asesinato mientras tratan de enfrentarse a los abusos corporativos. El asesinato de la prominente activista Berta Cáceres en Honduras en 2016 es solo un ejemplo de ello. Muchas mujeres en la región, como ella, son una fuerza poderosa y buscan justicia a través de estos y otros procesos.

Y son las mujeres las que están liderando la carga – en sus propios territorios, en foros regionales y en el escenario internacional – para abogar por el desarrollo de un tratado vinculante que regule las empresas transnacionales y los flujos de capital, y exija el respeto de los derechos humanos, incluyendo reparaciones por abusos previos y la prevención de daños futuros.

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