El prolongado conflicto interno de Colombia afecta actualmente a la vida de miles de personas, a pesar de los Acuerdos de Paz de 2016. Mientras continúa la compleja situación entre actores civiles, estatales y criminales, el país es uno de los dos de América Latina -junto con Argentina- que participan en los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos. Ambos países han manifestado también su compromiso con los Principios Rectores de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (PR). Sin embargo, el actual conflicto en Colombia es un tema de gran preocupación para la cuestión de los derechos humanos y las empresas.

El 7 de julio de 2020, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos (GT) anunció su nuevo proyecto "Principios Rectores +10: Nueva década de implementación", que se lanzará en el décimo aniversario de este instrumento de derecho indicativo de la ONU en 2021. Ese mismo mes, el Grupo de Trabajo presentó a la Asamblea General de la ONU su informe sobre "Empresas, derechos humanos y regiones afectadas por conflictos: hacia una acción reforzada".

Ambas iniciativas representan una oportunidad para que las organizaciones de la sociedad civil en Colombia y la comunidad internacional hagan un llamado al Gobierno colombiano y al sector privado para que aborden los derechos humanos desde la perspectiva del acceso a la justicia. Esto supondría reconocer los impactos negativos de las empresas sobre las personas, las comunidades locales, los sindicatos y el medio ambiente, e iría más allá del conocido discurso de las empresas como palanca de desarrollo.

Durante la consulta regional de América del Sur del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre los PR+10, se plantearon cuestiones como el hecho de que los PR no aborden la impunidad de los abusos de los derechos humanos, en particular la grave situación de los activistas medioambientales, los pueblos indígenas y afrodescendientes, las comunidades y las personas líderes campesinas locales y quienes actúan como defensoras de los derechos humanos, que se enfrentan a una escalada de ataques, asesinatos e intimidaciones por su oposición o sus críticas a las operaciones o proyectos empresariales. En los últimos cinco años, el Centro de Información sobre empresas y derechos humanos, CIEDH, ha documentado 2.851 ataques de este tipo en todo el mundo. Colombia destaca como el país más peligroso para los defensores de los derechos humanos que trabajan en temas relacionados con las empresas.

La documentación sólo sirve para subrayar la necesidad urgente de lo que debería ser la prioridad: la prevención de los ataques. Según una reciente declaración de la directora de la oficina en Colombia del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, los asesinatos de líderes sociales y personas defensoras de los derechos humanos no deben tratarse como una cuestión de números que compiten entre las fuentes gubernamentales y las de la ONU y las ONG preocupadas por la situación. Por el contrario, hay que centrarse "en la prevención de esta violencia, independientemente de si se trata de 10, 20 o 100 casos".

Pero estas directrices y su eficaz implementación no cumplen necesariamente con las normas internacionales sobre derechos humanos, DIH y diligencia debida en materia de medio ambiente. Esto es más claro en los casos de denuncias de complicidad y participación directa de las fuerzas gubernamentales con los actores ilegales de la derecha que, usando diferentes nombres, son los principales responsables de los ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos y líderes sociales, incluso en zonas en las que los cultivos ilícitos y la minería criminal de oro coexisten con negocios legales.

La evidencia parece sugerir que la iniciativa no ha conducido, en la práctica, a una reducción del riesgo para las/los líderes sociales y las/los defensores que se oponen a las operaciones de los miembros de los PVSDH: en 2020, nuestra investigación encontró que el 44% de los ataques relacionados con las empresas contra los defensores en Colombia se llevaron a cabo contra los defensores que plantearon sus preocupaciones sobre sólo cinco empresas: AngloGold Ashanti, Big Group Salinas, Cerrejón Coal (empresa conjunta no operada de Glencore, BHP y Anglo American), Ecopetrol y EPM. Glencore, BHP, Anglo American y AngloGold Ashanti son todos miembros de los PVSDH.

El informe del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas recomienda que " los Estados deben garantizar que los mecanismos de justicia transicional incluyan a todos los actores, incluidos los actores económicos, y garantizar que el papel de las empresas se considere plenamente dentro de dichos mecanismos, en consonancia con los principios básicos de la justicia transicional, como la rendición de cuentas, las reparaciones y las garantías de no repetición, como partes esenciales de un remedio eficaz". Aunque las iniciativas voluntarias han logrado algunos avances importantes para elevar el tema de la seguridad y los derechos humanos en situaciones de conflicto, se necesita urgentemente un enfoque centrado en la prevención de daños y el acceso a la justicia, y la impunidad de los ataques a los defensores debe abordarse por medios legales.