[El artículo original apareció en portugués en el diario El País de Brasil. Para leer en inglés, ver acá. Traducción de Amanda Romero Medina, Investigadora Senior y Representante para Suramérica, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos]

En este agosto, la ciudad de Río de Janeiro por primera vez albergó la sede de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos en medio de uno de los momentos políticos más turbulentos que ha vivido el país. La crisis política y social en el Brasil ha demostrado que muchas de nuestras instituciones democráticas ya no son tan sólidas. Se trata de las mismas instituciones que podrían haber protegido y amparado a los brasileños en la preparación para los Juegos, asegurando un legado positivo, pero eso no aconteció.

A inicios de este año, 2016, conocí y entrevisté a lideresas comunitarias y pobladores de Vila Autódromo (ver entrevista en portugués), un barrio de Río, localizado al lado del Parque Olímpico. Acompañada de Justiça Global, una reconocida organización de derechos humanos, presenciamos una protesta de estos pobladores que contaban con el apoyo de personas y organizaciones que luchan a favor de la comunidad. La protesta obedecía al hecho de que las autoridades locales les prohibían a los habitantes, cuyas casas estaban dentro de la construcción del Parque Olímpico, entrar y salir libremente de ellas.

Las mujeres eran lideresas valientes y fuertes, que dieron sus testimonios sobre las violaciones de derechos humanos a que estaban constantemente sometidas, debido a las obras para albergar los Juegos. Muchas familias fueron desalojadas y trasladadas sin consulta o acceso a información. Se las despojó de su voz para denunciar los problemas de su comunidad, que solía ser una área tranquila y segura, rodeada por la naturaleza.

A algunas de esas familias les prometieron casas nuevas y sus llaves les debían haber sido entregadas antes de iniciar los Juegos. Durante años de construcción para recibir los Juegos, hubo relatos frecuentes de cortes de agua y energía eléctrica así como de violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad. Una vecina, Heloisa Helena, conocida como Luizinha de Nanã, dice que por más de dos años tuvo el acceso restringido a su casa y centro religioso. Su casa fue demolida posteriormente.

Como afirmamos en otra ocasión (ver nota), esos mismos pobladores ya habían denunciado que la Prefectura de Río habría negociado con empresas privadas la construcción de predios para clase media en el barrio donde viven, causando así la remoción de al menos mil familias pobres. Según los pobladores, las obras planeadas excluían a los pobres de lo que la Prefectura y las empresas privadas denominan “progreso”.

Como se ha afirmado, muchas familias perdieron sus casas por la especulación inmobiliaria o por las reformas y construcciones calificadas por el gobierno local como necesarias para el desarrollo de la ciudad y la acogida de los Juegos. Los afectados por los “desalojos innecesarios e injustos” no fueron nunca consultados adecuadamente, ni tampoco participaron en la toma de decisiones, como afirma Raquel Rolnik, ex Relatora de las Naciones Unidas para la vivienda digna, Rio on Watch y Lena Azevedo y Luiz Baltar, en su estudio sobre los desalojos en Río. Sin duda, los afectados no estarán dentro del público que asiste a los Juegos; las construcciones transformaron sus vidas para siempre, más allá del período de las Olimpíadas. A ese legado sombrío se agregan los trabajadores que murieron durante la construcción para las Olimpíadas y para la Copa Mundial de Fútbol.

Quienes han resistido valientemente en protestas en las calles en oposición a los abusos relacionados con los Juegos han sufrido con frecuencia la violencia policial y de las fuerzas de seguridad. Desafortunadamente, eso ocurrirá probablemente con los grupos y también con los miembros del Comité Popular de la Copa y las Olimpíadas, que está organizando una vez más importantes debates y protestas desde días antes que los Juegos comenzaran, para mostrar la medida en que dichos juegos excluirán a las personas y sus derechos. En este contexto, cabe recordar que la ley antiterrorista, recientemente aprobada, ha sido ya empleada lamentablemente para detener manifestantes y seguirá poniendo en riesgo los derechos humanos mucho tiempo después que las Olimpíadas se hayan terminado.

La promesa de proteger el medio ambiente durante la preparación de los Juegos también fue incumplida. Muchos árboles se tumbaron, empeorando la ya comprometida calidad del aire y afectando directamente a las comunidades aledañas. Los ejemplos tristes y preocupantes del descuido con el medio ambiente son la Bahía de Guanabara y los ríos que allí confluyen, que están contaminados, a pesar de que el gobierno se había comprometido a limpiarlos. Y llama la atención la cuestionada construcción de un campo de golf en un área de protección ambiental, lo que revela la planeación y las políticas equivocadas, por decir lo mínimo.

Los Juegos recibirán una fuerte inversión pública que prioritariamente favorecen más bien intereses privados. Para muchos brasileros, esto opacó lo que podría haber sido un momento de orgullo para el país. Es lamentable que una vez más una oportunidad para dejar un legado duradero y positivo se haya perdido totalmente.

Recientemente, hasta el Prefecto de Río reconoció que ésta era una oportunidad perdida, aunque ya tenga poco hecho para haber impedido que ello ocurriese. Ahora, está por saber si habrá algún legado positivo derivado de los dos grandes eventos deportivos en los que Brasil ha sido sede: la Copa Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. Por ahora, identificamos algunas instalaciones deportivas nuevas, y algunas mejorías en el transporte; resta saber por tanto, si esos nuevos estadios y otras construcciones tendrán utilidad pública después de los eventos.

Tanto el gobierno como las empresas deberían haber hecho mucho más y estas tragedias no deberían haber ocurrido. Las condiciones laborales y las muertes podrían haberse evitado, si los derechos humanos y la legislación positiva y los principios laborales que tiene este país se hubieran respetado. Lo mismo puede decirse sobre los desalojos y otras violaciones mencionadas. Desafortunadamente por ahora, parece que los Juegos Olímpicos Río 2016 serán recordados como los “juegos de la exclusión”.