A propósito de la visita del presidente de China, Xi Jinping a Ecuador, Perú y Chile, The Economist ha considerado los vínculos de China con esta región como una “oportunidad dorada”, diciendo esta revista que “China, al parecer, estará en América Latina por largo tiempo”.

Sin embargo, ello solo representará una oportunidad dorada para la población de la región si las empresas chinas que operan aquí mejoran su conducta social y ambiental.  Mi reciente visita al Ecuador encontró que las empresas chinas son actualmente la fuente de muchos conflictos con comunidades locales ecuatorianas.

De hecho, esas empresas están llegando a áreas previamente consideradas intangibles por razones de protección ambiental. Por ejemplo, Sinopec, la empresa petrolera china, ha sido contratada por la petrolera ecuatoriana Petroamazonas en el bloque 43 del Parque Nacional Yasuní, un área que el presidente Correa había intentado dejar intocada, pero que decidió explotar, en respuesta a la caída de los precios del petróleo.

Éste es únicamente uno de más de 25 megaproyectos que el gobierno ecuatoriano ha firmado mediante contratos de “régimen especial” que han beneficiado hasta ahora a nueve empresas estatales chinas. Otros conflictos se refieren a que las empresas chinas no cumplen con sus obligaciones laborales y contractuales, algo que ha llevado a demandas por parte de trabajadores, empresas ecuatorianas y grupos de derechos laborales. Las causas de muchos de los conflictos tienen que ver con las denuncias de acaparamiento de tierras, desplazamiento forzado de comunidades e intimidación, para dar lugar a empresas tales como Explorcobres y Ecuacorrientes, Tonling y Corriente Resources (parte de China MinMetals), especialmente en las estribaciones de la Cordillera del Cóndor, al sur del Ecuador.

Las relaciones económicas entre China y América Latina se han estado expandiendo en los últimos años, con nuevas inversiones en los sectores de la construcción (carreteras, represas, vías férreas y puertos), minería y petróleo. En 2015, China firmó un conjunto de acuerdos con países de la región que prometían doblar el comercio bilateral hasta los quinientos mil millones de dólares en los próximos diez años; aunque hay algunos obstáculos para ese crecimiento, la visita del presidente Xi demuestra su voluntad de mantener el impulso.

La situación en otras partes de Suramérica refleja un patrón similar al de Ecuador. En Colombia, por ejemplo, el consorcio chino CUC/DTC compró la planta termoeléctrica de Gecelca, en el departamento de Córdoba, al norte del país. Los residentes locales y pueblos indígenas zenúes denuncian que esta empresa no sólo ocupa tierras fértiles que solían servirles para sus cultivos, sino que opera en un área en donde continúan graves violaciones de derechos humanos, atribuidas a paramilitares de derecha.

Al mismo tiempo, han ocurrido violentos disturbios entre organizaciones de comunidades locales y la policía por la ausencia de consulta previa, libre e informada para la construcción y el uso de una carretera para el proyecto Las Bambas, un gigantesco proyecto de minería a cielo abierto en Apurímac, Perú, desarrollado por MMG (parte de Guoxin International Investment).  Como muchos observadores lo han señalado, el Perú es hoy uno de los países de la región con el mayor número de líderes comunitarios asesinados o heridos durante las protestas contra proyectos mineros. La minería está contaminando fuentes de agua, causando problemas de salud relacionados con la contaminación del aire y las comunidades locales no han visto una real mejoría en sus condiciones de vida, incluyendo el acceso a nuevas oportunidades laborales. En tanto el presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynskli reveló poco después de llegar al poder en junio de este año, que sus planes son priorizar de modo sustancial la extracción minera y las relaciones comerciales con China.

El presidente Xi Jinping dará una conferencia a directivos empresariales en la reunión anual de la APEC en Lima, que se llevará a cabo entre el 19 y el 20 de noviembre. Las inversiones chinas en la región pueden representar una oportunidad importante para realizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero sólo si los derechos humanos y el medio ambiente se colocan como prioridad de dichas inversiones.

El gobierno chino, así como las asociaciones industriales chinas ya han producido unas Directrices para sus empresas que operan en el exterior. A nivel internacional, los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos han establecido claros estándares para asegurarse que los gobiernos protejan a la población de atropellos a los derechos humanos que involucren a empresas y que las empresas respetan los derechos humanos, a la vez que las personas trabajadoras y las comunidades tienen acceso a reparaciones. A partir de hoy, las empresas chinas que operan en la región deben transitar del compromiso a la implementación de dichos estándares. Ello incluirá, entre otras actuaciones, emprender una diligencia debida sustantiva en materia de derechos humanos y consultas a las comunidades locales, antes de poner en marcha proyectos, así como ofrecer mecanismos efectivos de quejas para que trabajadores y comunidades presenten sus preocupaciones y que las mismas sean resueltas.

Lo anterior también implicará transparencia sobre cómo se están manejando las cuestiones sociales y ambientales. En nuestros acercamientos a empresas con sede en China a lo largo de estos años, hemos encontrado que, aunque son menos abiertas a responder públicamente a las denuncias en su contra, cuando lo hacen, a menudo responden con más detalle que las empresas con casas matrices en otras regiones. Esta clase de transparencia debe alentarse y dar pleno seguimiento a los compromisos empresariales para actuar en contextos específicos.

Subyace a los propios intereses de las empresas adoptar serias medidas ambientales y sociales para asegurar que sus inversiones sean sostenibles y prósperas. Y esto es esencial para el bienestar de los pueblos de América Latina.