Tras diez años de lucha por el reconocimiento de sus derechos, la Corte Constitucional ordenó a las autoridades respectivas que inicien procesos de consulta previa, libre e informada con comunidades negras y mineros artesanales que derivan su sustento de minería ancestral de oro en Marmato. La empresa había anunciado desde octubre de 2016 su intención de demandar al Estado, alegando falta de seguridad, por acciones de las guerrillas contra su infraestructura e “invasión” de propiedad por la población local.