El cambio climático es una de las cuestiones más importantes y complejas a las que se han enfrentado nuestro planeta y sus habitantes en siglos, y la pandemia del COVID-19 no ha hecho sino reforzar la urgencia y la necesidad de construir sistemas económicos mundiales que sean a la vez equitativos y sostenibles.

El despliegue y la expansión de las tecnologías de energía renovable desempeñarán un papel integral en la reducción de nuestra huella de carbono colectiva, pero ello puede tener un alto costo para las personas trabajadoras y las comunidades afectadas, si las empresas no garantizan el respeto a los derechos humanos en sus operaciones y a través de sus cadenas de suministro. El objetivo ambicioso y necesario de lograr la neutralidad en materia de carbono para el año 2050 requiere medidas igualmente firmes para garantizar que esta transición sea verdaderamente justa.

Este primer índice en materia de derechos humanos de las principales empresas de energía renovable revela que la mayoría carece de políticas esenciales de derechos humanos para evitar abusos en contra de las comunidades y las personas trabajadoras, de lo cual depende que la transición sea justa.

Los resultados del índice sugieren que ninguna de las empresas analizadas cumple actualmente a plenitud su responsabilidad de respetar los derechos humanos, tal como se define en los Principios Rectores de las Naciones Unidas. Casi la mitad de las empresas analizadas (7/16) obtuvo una puntuación inferior al 10%, y tres cuartas partes de ellas (12/16) una puntuación inferior al 40%. La puntuación media fue de tan sólo el 22%, lo que indica que, en conjunto, la industria tiene un largo camino por recorrer para demostrar su respeto por los derechos humanos de las comunidades y los trabajadores y trabajadoras en sus operaciones y cadenas de suministro.

BlackRock, Iberdrola, Enel y Orsted responden al índice de Energía Renovable y Derechos Humanos.

La falta de una política de derechos humanos se correlaciona fuertemente con las acusaciones de abusos.

La generalizada e indignante práctica de apropiación de tierras, por ejemplo, se refleja en el hecho de que ninguna empresa obtuvo puntos por poseer políticas de respeto a los derechos a la tierra/territorio, o políticas para la gobernanza de su proceso de adquisición de tierras, ni tampoco sobre la reubicación justa y equitativa de las personas residentes en ellas.

Desde 2010, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos ha identificado 197 denuncias de abusos de derechos humanos relacionados con proyectos de energía renovable, y ha pedido a 127 empresas que respondan a estas denuncias. Las denuncias de abusos incluyen: asesinatos, amenazas e intimidación; apropiación de tierras; condiciones de trabajo peligrosas y salarios de miseria; daños a la vida y a los medios de subsistencia de los pueblos indígenas.  

Se han formulado acusaciones en todas las regiones del mundo y en los cinco subsectores del desarrollo de la energía renovable: energía eólica, solar, bioenergía, geotérmica e hidroeléctrica. La región con el mayor número de denuncias es América Latina (121 denuncias desde 2010, el 61% de las denuncias a nivel mundial).