"El mundo debe convertirse en un lugar más seguro para las personas que trabajan para proteger el planeta, que a veces pagan con sus propias vidas por su activismo... En riesgo particular están las personas que se manifiestan en contra de la deforestación, las actividades extractivas, la pérdida de patrimonio cultural o identidad, o los agronegocios a gran escala y los proyectos de desarrollo, incluidos los destinados a producir energía limpia, como las mega represas."
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Las personas defensoras de los derechos humanos (DDH) protegen a nuestras comunidades, los derechos, los recursos naturales y a nuestro planeta común. Son líderes y lideresas vitales en una transición justa a economías verdes que plantean denuncias sobre los riesgos y daños asociados con las operaciones empresariales irresponsables y defienden soluciones sostenibles. Sin embargo, se enfrentan a riesgos intolerables. Entre los 615 ataques que rastreamos en 2021, cerca del 70% se dirigieron contra personas defensoras del clima, los derechos a la tierra/el territorio y al ambiente .
El cambio climático es una de las mayores amenazas para la humanidad, afectando nuestros derechos a la vida, al agua y al saneamiento, a la alimentación, a la salud, a la vivienda, a la autodeterminación, a la cultura y al desarrollo, entre otros. Es muy urgente tener una transición rápida a una economía de cero emisiones de carbono. Pero tal transición será rápida y efectiva para las personas y para el planeta si se logra de manera justa, a través de la participación cívica segura y efectiva y de la consulta de empresas con los trabajadores y las comunidades, con respeto a los derechos humanos durante todo el proceso.
La COP26 demostró una vez más cómo, en gran medida, los gobiernos no reconocen la acción urgente necesaria para evitar una catástrofe climática y su obligación de garantizar que las personas más afectadas tengan acceso a una reparación efectiva. En la COP26, criticada rotundamente por ser insuficientemente accesible para las personas más afectadas por la crisis climática, incluidos los líderes y las lideresas indígenas, se perdieron demasiadas oportunidades para proteger mejor los derechos humanos.
Los/as DDH son vitales para el movimiento global de justicia climática; sin embargo, como revelan nuestros datos, aquellos que impulsan la transición justa siguen siendo objeto de ataques sostenidos, dirigidos por el gobierno, las empresas y otros actores no estatales con violencia, intimidación, campañas de desprestigio y acoso judicial. Los ataques en 2021 ocurrieron en todas las regiones del mundo y fueron relacionados con casi todos los sectores empresariales, aunque cinco de los más peligrosos están relacionados con los recursos naturales.
Al mismo tiempo, las empresas están bajo una creciente presión para que respeten los derechos humanos a medida que las leyes y regulaciones de diligencia debida en materia de derechos humanos se abren camino; crece el enfoque de los inversionistas en el portafolio de desempeño ambiental, social y de gobernanza, ASG (ESG por sus siglas en inglés) de las empresas; y los/as empleados/as expresan cada vez más su preocupación por los riesgos y violaciones de los derechos humanos. La protección de los derechos de los/as DDH y las libertades cívicas es esencial para impulsar el cambio hacia una transición justa hacia una economía con cero emisiones de carbono y un mundo más equitativo y sostenible. Este es el momento de implementar una acción definitiva para proteger mejor a aquellos y aquellas que se esfuerzan por proteger nuestro futuro.
Entre enero de 2015 y marzo de 2022, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (Centro de Información) documentó más de 3.870 ataques contra DDH que plantearon denuncias sobre los abusos de los derechos humanos relacionados con las empresas. Solo en 2021, el Centro de Información rastreó 615 ataques. Como este monitoreo se basa en información disponible públicamente y muchos ataques no se denuncian, sabemos que el problema es significativamente más grave de lo que indican estas cifras. Esto se ve agravado por un déficit generalizado en los informes de gobiernos sobre el tema. Entre los 162 gobiernos que han informado sobre su progreso hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) mediante la presentación de Exámenes Nacionales Voluntarios (ENV), solo el 6% compartió datos sobre la meta 16.10 de los ODS, que tiene como objetivo proteger las libertades fundamentales e incluye un indicador que rastrea los ataques contra los/as DDH. De esos gobiernos, sólo tres indicaron que había habido al menos un ataque.
Los ataques contra los/as DDH incluyen asesinatos, amenazas de muerte, palizas, arrestos y detenciones arbitrarias y acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPP por sus siglas en inglés) presentadas o iniciadas por empresas. El abuso del sistema judicial por parte de las empresas y los actores gubernamentales está aumentando: el acoso judicial constituye el 60% de los ataques en 2021, en comparación con solo el 30% en 2015. El uso de la prisión preventiva indefinida, agravada por las suspensiones de los juicios debido a la pandemia, también aparece como una táctica común para restringir a DDH.
Entre los casos que rastreamos, 76 personas que defendían sus derechos contra operaciones empresariales adversas fueron asesinadas en 2021 y se registraron al menos 88 casos de amenazas de muerte e intimidación. Joanna Stutchbury, una destacada activista ambiental, murió después de recibir seis disparos cerca de su casa en Kenia. Joanna trabajó durante años para defender el bosque de Kiambu y conservar los recursos naturales de Kenia, oponiéndose abiertamente a los intentos de los emprendedores privados de construir en el bosque. Había recibido múltiples amenazas de muerte en el pasado debido a su trabajo para proteger el bosque.
“Después de que lancé mi investigación sobre el impacto ambiental negativo de los pesticidas en Brasil y las conexiones con la Unión Europea, comencé a recibir correos electrónicos intimidatorios que implicaban que mi vida estaba siendo amenazada y que buscaban descalificar mi trabajo científico. Para mí, está muy claro que estas amenazas se intensificaron después de que la cadena de supermercados orgánicos más grande de Escandinavia boicoteó los productos brasileños después de leer mi investigación”.
Larissa Mies Bombardi, Profesora y DDH brasileña
Desglose mundial
Nuestros datos muestran que los ataques contra DDH relacionados con empresas ocurren en todas las regiones del mundo, encontrando los números más altos consistentemente en regiones de América Latina y de Asia y el Pacífico desde que comenzamos nuestra investigación en 2015.
En 2021, el mayor número de ataques se registró en India (49), seguido de México (47) y Filipinas (44). México y Brasil fueron los países donde más DDH fueron asesinados (17 en cada uno).
Filipinas
Ariel y Ana Marie "Chai" Lemita-Evangelista fueron asesinados junto con al menos otros/as siete activistas durante redadas policiales y militares en el llamado "Domingo Sangriento" el 7 de marzo de 2021 en Filipinas. Eran miembros de UMALPAS KA, una organización que lucha contra la minería, el despojo de tierras y el cambio climático. Las redadas se realizaron en un año que fue mortal en Filipinas, que incluyó el asesinato de nueve líderes indígenas Tumandok a fines de diciembre de 2020 relacionados con su oposición al proyecto de la Mega Represa Jalaur, financiado a través del Banco de Exportación e Importación de Corea. En respuesta al Centro de Información en febrero de 2021, el Banco dijo que "vincular a JRMP-II con los incidentes reportados es engañoso" y que "la mayoría de los miembros de la comunidad indígena afectados por el proyecto apoyan dicho proyecto".
Visión general del sector
En virtud de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos, las empresas y los inversionistas tienen la responsabilidad de llevar a cabo la debida diligencia en materia de derechos humanos, que incluye un proceso de consulta continuo, seguro y efectivo con las partes interesadas afectadas (personas que corren el riesgo de sufrir impactos negativos de la actividad empresarial) y con los/as DDH. Como lo describe el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los/as DDH tienen un papel clave como portavoces de las partes interesadas y las comunidades afectadas, como guardianes, defensores y, a menudo, generadores de alertas tempranas de riesgos e impactos adversos a los derechos humanos. Escuchar las voces de las personas trabajadoras, los/as miembros de la comunidad y otras partes interesadas es vital para que las empresas comprendan los riesgos para las personas y el planeta y fortalezcan su debida diligencia. Los inversionistas pueden relacionarse con impactos potencialmente dañinos a través de sus inversiones. Son responsables de evaluar si sus actividades de inversión plantean riesgos para el trabajo y la seguridad de los/as DDH y demostrar que están tomando medidas para prevenir y mitigar los daños. La escala de los ataques contra DDH, relacionados con casi todos los sectores empresariales, indica una clara ausencia de diligencia debida efectiva por parte de muchas empresas e inversionistas.
En África, casi tres de cada cinco ataques, incluyendo violencia, amenazas y acoso judicial, están vinculados a las industrias extractivas. Entre 2020 y 2021, solo en Uganda hubo 58 ataques contra DDH, la mayoría de los cuales se oponían a las actividades en tierras o bosques comunitarios de las compañías mineras, de gas y petroleras, incluido el Oleoducto de Petróleo Crudo de África Oriental (EACOP), construido y financiado por empresas e inversionistas internacionales. Once bancos se han distanciado del proyecto tras la preocupación generalizada por los impactos ambientales y sociales negativos expresados por las comunidades afectadas y cientos de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC).
Minería
Un esfuerzo concertado para lograr cero emisiones netas de carbono para mediados de siglo requerirá una expansión sin precedentes de la producción de minerales de transición. La producción de energía renovable en forma de producción eólica, solar y de vehículos eléctricos conducirá a una creciente demanda de tierra y de minerales como cobre, cobalto, litio, níquel y tierras raras. Las proyecciones de la Asociación Internacional de Energía apuntan a un aumento de seis veces en la demanda de minerales de transición para 2040.
Dada la importancia de estos minerales para la transición energética, la escala de los ataques vinculados al sector minero es particularmente preocupante. En los últimos siete años, la minería ha sido el sector más peligroso para los/as DDH, lo que plantea preocupaciones por los daños relacionados con las empresas. Los/as DDH que protegen sus tierras, agua, bosques y ambiente de las operaciones mineras han sido amenazados, golpeados y asesinados.
Los/as DDH que se oponen a las operaciones mineras también han sido arrestados/as, detenidos/as arbitrariamente, criminalizados/as y acosados/as legalmente con demandas injustas. En América Latina, una de las regiones más afectadas por el uso de SLAPP, al menos 62 casos legales fueron presentados o iniciados por empresas contra líderes y lideresas comunitarios/as, activistas sociales, periodistas, líderes y lideresas indígenas y defensores y defensoras ambientales que plantearon preocupaciones sobre proyectos mineros entre 2015 y 2021.
Además, nuestro Monitor de Minerales de Transición reveló que los mayores productores de seis minerales claves para la transición a cero-carbono están fallando en gran medida en abordar los riesgos e impactos en las comunidades locales, incluidos los ataques a las organizaciones de la sociedad civil y sus líderes. Entre 2010 y 2020, según los datos del Monitor, el mayor número de denuncias involucró ataques contra comunidades y líderes y lideresas locales (125 denuncias en total). En 33 casos, las comunidades respondieron con protestas, marchas, huelgas o bloqueos contra una mina, lo que indica sus altos niveles de frustración. La consulta y el consentimiento de la comunidad son vitales para garantizar que los proyectos de energía renovable beneficien tanto a las poblaciones globales como a las locales; sin embargo, nuestro Monitor reveló que uno de cada ocho abusos contra los derechos humanos registrados en los minerales de transición incluyó protestas comunitarias.
México
José de Jesús Robledo Cruz, expresidente del comisariado del ejido El Bajío en Sonora, México, se opuso a las actividades de la minera Penmont durante años. En abril de 2021, José y su esposa, María de Jesús Gómez Vega, fueron encontrados muertos en el desierto. Junto a sus cuerpos se encontró una tarjeta con los nombres de otros 13 activistas anti-mineros, lo que se considera una evidente amenaza de muerte para esas personas. José y María habían sido secuestrados y torturados previamente debido a su trabajo de derechos humanos.
Solicitamos una respuesta de Penmont, que condenó los asesinatos e instó a las autoridades a investigar. La empresa también rechazó categóricamente cualquier acusación de participación.
Proyectos hidroeléctricos
Desde 2010, hemos rastreado más de 200 denuncias de abuso asociadas con el sector de la energía renovable, particularmente grandes proyectos hidroeléctricos. Las acusaciones de abuso incluyen despojo de tierras, condiciones de trabajo peligrosas y salarios de pobreza, daños a las vidas y medios de subsistencia de los pueblos indígenas, y ataques contra los/as DDH. En 2021, rastreamos 36 ataques contra DDH que plantearon preocupaciones sobre proyectos hidroeléctricos, 28 de los cuales ocurrieron en América Latina.
Honduras
En 2021, la policía allanó las casas de miembros del Consejo Indígena Lenca de Reitoca en Honduras que se han resistido a la construcción de una planta hidroeléctrica en el Río Grande. Durante esta redada, Gissela Rodas fue rociada con gas pimienta en la cara, arrojada al suelo y acosada sexualmente. La policía arrestó a cinco DDH, liberándoles al día siguiente con órdenes de no regresar a sus hogares y familias, ni abandonar el país.
Los ataques contra DDH que trabajan en abusos relacionados con empresas son impulsados por muchos factores, incluida la consulta comunitaria inadecuada y la falta de respeto por el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas; el racismo y la discriminación; y restricciones al espacio cívico.
Consulta comunitaria inadecuada
Muchos ataques se generan porque las empresas no consultan de manera segura y significativa con las comunidades afectadas acerca de sus operaciones antes de comenzar los proyectos. Al menos 104 casos de ataques contra DDH en 2021 se debieron a la falta de consultas significativas o de consentimiento libre, previo e informado o a desacuerdos con respecto a las evaluaciones de impacto social o ambiental. De estos, más de la mitad ocurrieron en América Latina.
Estados Unidos
Los/as defensores/as indígenas y ambientales se han opuesto al proyecto de expansión del oleoducto Enbridge Line 3 de arenas bituminosas en los Estados Unidos durante los últimos siete años, pues argumentan que la empresa ha procedido sin consentimiento libre, previo e informado y viola una serie de derechos humanos protegidos por la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, otros tratados de derechos humanos de la ONU y los derechos de los tratados de los Estados Unidos, incluido el derecho a la libre determinación, los derechos culturales y los derechos a la tierra/el territorio. La construcción comenzó en diciembre de 2020, después de seis años de audiencias regulatorias contenciosas en las que más de 60,000 ciudadanos/as de Minnesota y miembros de tribus dejaron constancia de su oposición al proyecto. Según la campaña Paren la Línea 3, esta línea contribuirá significativamente a la crisis climática, representando el equivalente a emisiones de gases de efecto invernadero de 50 plantas de carbón a la atmósfera cada año.
Más de 900 personas que protestaban por la construcción del oleoducto han sido arrestadas. La mayoría de los arrestos ocurrieron en el verano de 2021 y se han presentado al menos 91 cargos por delitos graves contra 89 personas. En julio de 2021, la policía utilizó gas lacrimógeno, balas de goma y pimienta contra los manifestantes. Varias personas DDH fueron arrestadas quien manifestó que se les negó atención médica por sus lesiones y el acceso a alimentos adecuados, y algunas fueron recluidas en régimen de aislamiento. Una investigación reveló que Enbridge ha reembolsado a la policía estadounidense $2.4 millones por arrestar y vigilar a los/as manifestantes indígenas del oleoducto de la Línea 3 y la empresa se reúne diariamente con la policía para discutir la recopilación de inteligencia y patrullajes. Cuando se le preguntó sobre estos hallazgos, un portavoz de Enbridge señaló que los fondos son asignados por un administrador de cuentas independiente y dijo: "Los oficiales deciden cuándo los manifestantes están violando la ley, o poniéndose a sí mismos y a otros en peligro". Enbridge también ha dicho que ha "demostrado un respeto continuo por la soberanía tribal" y tiene "un compromiso para abordar el cambio climático con acciones reales".
Racismo y discriminación
Otro factor subyacente de los ataques contra los/as DDH es el racismo y la discriminación de vieja data, en particular contra los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esto se manifiesta de muchas maneras, incluida la falta de respeto por los derechos colectivos sobre la tierra y falencias en asegurar un consentimiento libre, previo e informado. Las comunidades más vulnerables y marginadas, que han estado afrontando invasiones y sustracción en territorios por generaciones, están pagando el precio más alto por la crisis climática y, sin embargo, están excluidas de los procesos de toma de decisiones sobre sus tierras y medios de vida.
Los pueblos indígenas tienen derechos y protegen el 25% de la superficie terrestre mundial y el 80% de la biodiversidad restante. Son guardianes claves de nuestros bosques, áreas verdes y vida silvestre, que son cruciales para garantizar la supervivencia de toda la humanidad. Si bien los pueblos indígenas han desarrollado e implementado sus propios gobiernos autónomos y protocolos para procesos de consentimiento libre, previo e informado, han sentado con éxito las bases para el compromiso basado en los derechos con los estados y las empresas. Sin embargo, en la mayoría de los casos, siguen siendo excluidos de las consultas significativas, así como de la toma de decisiones, incluso en la COP-26, por parte de los actores empresariales y los gobiernos.
Los defensores y las defensoras indígenas también experimentan un nivel desproporcionadamente alto de ataques. Aunque los pueblos indígenas representan aproximadamente el 5% de la población mundial, el 18% de los ataques a nivel mundial en 2021 fueron contra DDH indígenas. El porcentaje es mucho mayor en algunas regiones, como América Latina, donde dos de cada cinco ataques se dirigieron contra defensores y defensoras indígenas. En Brasil, fue casi la mitad.
Brasil
Los pueblos Yanomami y Munduruku en Brasil han estado protegiendo sus tierras ancestrales de las actividades mineras durante años. La violencia se ha intensificado desde la llegada de miles de mineros del oro. Los líderes indígenas, incluidas muchas lideresas y defensoras de los derechos humanos, han sido amenazados/as, golpeados/as y asesinados/as, y las instalaciones de la Asociación de Mujeres Munduruku Wakoborũn han sido allanadas en múltiples ocasiones por parte de grupos de mineros. Además de que las investigaciones de las autoridades locales han sido lentas e ineficaces, los mineros ilegales han implementado tácticas para intimidar a los activistas indígenas, silenciar la oposición a la invasión de tierras y alimentar los conflictos internos para dividir a las comunidades locales.
Restricciones a las libertades cívicas
Las libertades fundamentales necesarias para que los pueblos aboguen por una acción urgente para abordar la crisis climática y trabajar por una transición justa están cada vez más amenazadas. Las restricciones a las libertades de asociación, reunión pacífica y libertad de expresión están creciendo en todo el mundo. CIVICUS estima que casi nueve de cada 10 personas viven en países donde el espacio cívico está cerrado, reprimido u obstruido. Durante los últimos dos años, los ataques a la sociedad civil continuaron sin cesar y muchos/as DDH enfrentaron mayores riesgos mientras que algunos gobiernos hicieron un mal uso de la pandemia de Covid-19 para restringir aún más los derechos civiles a participar en la toma de decisiones públicas y desplegaron fuerzas estatales para reprimir protestas legítimas y pacíficas y obstruir el acceso a la justicia.
A menudo existe una estrecha conexión entre los actores del sector estatal y privado en la que algunos actores corporativos se benefician de la represión estatal contra las voces críticas en el corto plazo, a pesar de que esto aumenta sus riesgos financieros, legales y reputacionales a largo plazo. Incluso en los casos en que no hay vínculos directos aparentes entre las empresas y los ataques contra los/as DDH, las empresas se enfrentan a expectativas cada vez mayores de utilizar su influencia en apoyo de los/as DDH y las libertades cívicas de múltiples partes interesadas, incluidos empleados, inversionistas, consumidores, grupos de la sociedad civil y las comunidades.
En los últimos años, muchos países han promulgado nuevas leyes que limitan el derecho de reunión, lo que dificulta que los/as DDH expresen preocupaciones legítimas sobre el daño ambiental y las operaciones empresariales adversas, información esencial para que las empresas lleven a cabo una sólida diligencia debida en materia de derechos humanos. También hacen que sea más difícil que las personas incidan en una transición justa y en la rendición de cuentas por parte de las empresas contaminantes. Por ejemplo, solo en 2021, se consideraron 86 proyectos de ley federales y estatales que afectan los derechos de protesta en los Estados Unidos, de los cuales 10 fueron promulgados y 48 están aún pendientes. En el Reino Unido, el Proyecto de Ley de Policía, Crimen, Sentencias y Tribunales, introducido en respuesta a las protestas climáticas, criminalizó los métodos de protesta que anteriormente eran legales y mejoró el poder policial para dispersar las manifestaciones. Se ha aprobado una legislación similar en Canadá, Sudáfrica, Indonesia y algo similar se ha propuesto en Alemania y Australia.
En 2021, documentamos al menos 216 ataques vinculados a protestas pacíficas y 284 ataques relacionados con el ejercicio legítimo de las libertades cívicas. Además, las autoridades están participando cada vez más en la vigilancia de los/as DDH y esgrimiendo el derecho penal y la legislación sobre delitos cibernéticos contra ellos/as para restringir la libertad de expresión, acusándoles de difundir "noticias falsas" o describiéndoles como amenazas a la seguridad nacional.
El diálogo social entre las personas trabajadoras, los sindicatos, el gobierno, las empresas y la sociedad civil es clave para una transición justa. Sin embargo, las restricciones a los derechos de los/as trabajadores/as a formar sindicatos o asociaciones y la represión de los/as trabajadores/as están generalizadas en todo el mundo, lo que hace que sea muy difícil para los/as trabajadores/as participar de manera efectiva. Acerca de la mitad (45%) de los ataques contra defensores/as de los derechos laborales y sindicalistas en 2021 estuvieron relacionados con restricciones a su libertad de asociación y reunión.
Myanmar
Después del intento de golpe militar del 1 de febrero de 2021 en Myanmar, las personas trabajadoras se unieron a las protestas masivas contra el régimen que se extendieron por todo el país, exigiendo el respeto de los derechos de los/as trabajadores/as y pidiendo a las empresas que apoyaran la democracia. Los/as manifestantes se han encontrado con una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad y los líderes y las lideresas sindicales fueron objeto de ataques por su papel en la organización; el 40% de estos ataques se dirigieron contra mujeres defensoras de derechos humanos. Muchos/as dirigentes sindicales están en la clandestinidad, mientras que otros/as fueron detenidos/as arbitrariamente o incluso asesinados/as. Algunos/as activistas sindicales fueron puestos/as en libertad durante la liberación masiva de presos políticos en octubre, que se produjo después de que la ASEAN decidiera no invitar al líder de la junta militar a una cumbre regional. Entre los/as liberados/as se encontraba la lideresa de Solidarity Trade Unions de Myanmar (STUM), Daw Myo Aye, cuya salud se estaba deteriorando rápidamente debido a las duras condiciones de detención.
Bielorrusia
En agosto de 2020, Olga Britikova se convirtió en el rostro de la protesta contra el gobierno y contra la violencia en una refinería estatal en Bielorrusia. Ella presentó las demandas de los trabajadores frente a los altos directivos de la refinería y el actual jefe de la KGB bielorrusa y ayudó a recolectar más de 3.000 firmas de trabajadores de la refinería en apoyo de una huelga. Por su activismo fue penalizada varias veces y despedida en diciembre de 2020 después de trabajar en la refinería durante 16 años. Como lideresa sindical, Olga Britikova continúa ayudando a docenas de trabajadores que enfrentan represalias por su afiliación al sindicato. El 20 de septiembre de 2021, su casa fue registrada por la KGB en un claro acto de intimidación por su trabajo en materia de derechos laborales. El mismo día, la casa de la activista sindical Anna Ablab fue registrada y su computadora confiscada. Fue detenida por la policía y acusada de traición al Estado después de organizar una huelga en los ferrocarriles bielorrusos, donde había estado trabajando durante 15 años. Anna Ablab, madre de tres hijos, sigue en el centro de detención preventiva de la KGB.
Se necesita urgentemente una transición global hacia cero-carbono neto para evitar peores daños del cambio climático y avanzar hacia economías socialmente justas y ambientalmente sostenibles. Las empresas y los inversionistas se están comprometiendo cada vez más con la acción climática, incluidas las promesas de alcanzar el cero neto para mediados de siglo. Sin embargo, la gran mayoría de estas empresas e inversionistas no tienen políticas que expresen cero-tolerancia contra las represalias en sus operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales, ni evalúan los riesgos para los/as DDH en sus procesos de diligencia debida. Se incluyen en este grupo a las principales empresas de energía renovable (como lo revela nuestro índice del sector), así como las empresas que producen minerales utilizados en tecnologías de energía renovable y vehículos eléctricos, como lo muestra nuestro Monitor de minerales de transición.
La participación cívica segura, efectiva y significativa apoyada por el respeto de las libertades de asociación, reunión y expresión, así como la consulta continua con las partes interesadas afectadas por cada empresa son esenciales para una transición justa. La falta de respeto de los derechos de los/as DDH y de la protección de las libertades cívicas socava los esfuerzos de transición justa, ya que conduce a retrasos en los proyectos, violencia contra los/as DDH, daños a las comunidades afectadas y al ambiente, posibles retiros de inversiones y acciones legales. Esto a su vez se traduce en riesgos legales, financieros y reputacionales para las empresas e inversionistas involucrados.
Proteger los derechos de los/as DDH y las libertades cívicas es esencial para una transición justa. Estos/as líderes y lideresas son una fuerza impulsora de entornos limpios y seguros, condiciones de trabajo justas, gobernanza democrática y empresas responsables. Respetar sus derechos y liderazgo es vital para mitigar los daños de la crisis climática y lograr un mundo más equitativo y sostenible.
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos hace las siguientes recomendaciones:
Gobiernos
- Aprobar e implementar legislación que reconozca el papel vital de los/as DDH, tanto individuales como colectivos, en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un ambiente saludable y comprometerse con la tolerancia cero a ataques. Esto debe incluir el reconocimiento legal de los derechos específicos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Aprobar leyes nacionales para implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas, incluida la legislación vinculante de diligencia debida en materia de derechos humanos, y consultar con los/as DDH en todas las etapas de este proceso. Esta legislación debe exigir consultas continuas seguras y efectivas con personas trabajadoras, DDH, miembros de la comunidad y otras personas potencial o directamente afectadas por las operaciones o las relaciones empresariales, y deben ser una parte integral de los planes de mitigación y adaptación al clima (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Adoptar regulaciones específicas que prevengan los asesinatos, amenazas y otras formas de violencia contra los/as DDH, incluida la recopilación y el reporte de datos sobre ataques para informar mecanismos de protección más efectivos y aprobar legislación anti-SLAPP para evitar que las empresas silencien a los/as DDH (recomendaciones más detalladas disponibles aquí). Garantizar una reparación efectiva cuando ocurran violaciones, incluso mediante el fortalecimiento de los sistemas judiciales para responsabilizar a las empresas por los actos de represalia contra los/as DDH y la participación activa en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los ataques.
Empresas
- Adoptar e implementar compromisos políticos que reconozcan el valioso papel de los/as DDH, hagan referencia a riesgos específicos para los/as DDH, garanticen un compromiso efectivo y la consulta con los/as DDH en todas las etapas del proceso de diligencia debida y se comprometan a cero-tolerancia con las represalias en todas las operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales de la empresa.
- Participar en una sólida diligencia debida en materia de derechos humanos y ambiente y garantizar el acceso efectivo a la reparación para las personas perjudicadas por la actividad empresarial, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas y la orientación del Grupo de Trabajo de ONU para garantizar el respeto de los/as DDH.
- Respetar los derechos de los pueblos indígenas a la tierra/el territorio y los bosques y el derecho al consentimiento libre, previo e informado, incluido su derecho a definir el proceso mediante el cual se obtiene el consentimiento y su derecho a denegar tal consentimiento (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
Inversionistas
- Elaborar y publicar una política pública de derechos humanos que reconozca el valioso papel de los/as DDH en la identificación de riesgos asociados con las actividades empresariales y que se comprometa a un enfoque de cero-tolerancia con los ataques contra los/as DDH. Comunicar claramente las expectativas de derechos humanos incluidas en esta política a las empresas de su portafolio, incluyendo el compromiso de las empresas a:
- divulgar los riesgos relacionados con los derechos humanos y el ambiente;
- participar en consultas continuas con las comunidades, los/as trabajadores/as y los/as DDH;
- tener políticas y procesos para el respeto de los derechos de los pueblos indígenas (incluidos los derechos a la tierra/el territorio y el consentimiento libre, previo e informado);
- respetar los derechos de los/as DDH; y
- garantizar el acceso efectivo a la reparación cuando se produzcan dañon.
- Llevar a cabo una rigurosa diligencia debida en materia de derechos humanos y ambiente y supervisar a las empresas potencialmente receptoras de las inversiones en busca de cualquier participación pasada en actos de represalias. Evitar invertir en empresas con este historial.
- Utilizar su influencia con empresas que reciben sus inversiones y que causen, contribuyan o estén directamente relacionadas con daños a los derechos humanos y ambientales, incluidos los ataques a los/as DDH, de modo que la empresa prevenga el daño, mitigue el impacto y proporcione acceso a la reparación integral de las personas, comunidades y territorios afectados.
Shutterstock
Autoras: Andrea Maria Pelliconi, Christen Dobson y Ana Zbona