Litigio en derechos humanos y empresas en América Latina: Experiencias desde la práctica
El uso de acciones judiciales de carácter civil, penal, laboral, administrativo, constitucional, entre otras, se ha convertido en una herramienta crucial para hacer responsables a las empresas por vulneraciones de derechos humanos cometidas en el marco de sus operaciones. Numerosas empresas alrededor del mundo están siendo llevadas ante cortes en diversas jurisdicciones para adelantar allí juicios de responsabilidad, por motivos tales como vulneración de derechos laborales; contaminación ambiental; falta de consulta previa, libre e informada; amenazas, hostigamientos, y asesinatos en contra de personas defensoras de los derechos humanos, comunidades y organizaciones de la sociedad civil.
El inicio de estas acciones judiciales, en muchos casos, representa la única oportunidad no solo para responsabilizar a las empresas, sino también para acceder a la justicia y, en particular, a la reparación integral. No obstante, quienes realizan estos litigios se ven constantemente enfrentados/as a una serie de obstáculos y limitaciones, incluyendo amplias demoras en los procesos judiciales, altos costos en el transcurso de ellos y falta de aplicación de estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos por parte de los sistemas judiciales.
Entre 2018 y 2020 el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) organizó tres talleres donde se discutieron los desafíos y oportunidades que surgen de experiencias de litigio sobre empresas y derechos humanos, así como el abordaje de intimidaciones y ataques contra personas defensoras de derechos humanos.
El primer taller regional latinoamericano realizado en Colombia se enfocó en los mecanismos de protección y autoprotección de comunidades étnicas y campesinas. El segundo taller regional realizado en México, se llevó a cabo con el fin de identificar y fortalecer las estrategias de defensa en favor de las comunidades y personas defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente. Finalmente, el tercer taller se fundamentó en casos colombianos, y dio por resultado una publicación con algunas de las reflexiones específicas sobre litigio estratégico. Estos talleres fueron los antecedentes que llevaron a la creación de la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico sobre Empresas y Derechos Humanos (Red de Litigio Estratégico), que actualmente coordina el Centro de Información.
La Red de Litigio Estratégico ha identificado como una de sus principales prioridades el intercambio de experiencias sobre litigio en materia de empresas y derechos humanos. Desde su origen, esta Red ha promovido una idea clave: el litigio estratégico supera los escenarios judiciales. Por esta razón, se han fomentado discusiones en escenarios como las comunicaciones, la construcción de conocimiento, el acceso a peritos y a personas expertas en diferentes temáticas. Además, pensar en litigios de gran impacto en materia de derechos humanos y empresas, invita a considerar que estos son escenarios pedagógicos y de fortalecimiento de capacidades de las comunidades y las personas que defienden los derechos humanos. Como parte de las actividades de la Red de Litigio Estratégico, el Centro de Información se encuentra creando un repositorio interno de decisiones judiciales, con más de 150 sentencias alusivas a empresas y derechos humanos en la región.
El litigio estratégico es una herramienta clave para hacer rendir cuentas a los responsables de los impactos de las actividades empresariales en los derechos humanos. Este informe se nutre de los casos identificados en la base de datos de acciones judiciales recopiladas por el CIEDH, y de las experiencias relatadas por los y las integrantes de la Red de Litigio Estratégico.
Base de datos de acciones judiciales
En diciembre de 2020, el CIEDH lanzó una base de datos de acciones judiciales que compila hasta la fecha 209 casos alrededor del mundo, que buscan establecer responsabilidad legal por parte de empresas por abusos contra los derechos humanos. En esta base de datos, se han identificado 51 casos de vulneraciones a derechos humanos que han tenido lugar en América Latina. Colombia y Brasil son los países donde se han iniciado el mayor número de acciones judiciales, con 14 cada uno. Igualmente, se han presentado al menos cuatro casos en Guatemala, Perú y Argentina, respectivamente.
La minería (18) y los sectores de hidrocarburos (11)—gas y carbón, principalmente—son los dos sectores con el mayor número de acciones judiciales iniciados en su contra. Otros sectores identificados corresponden a la agricultura y ganadería, y la industria automovilística.
Treinta y uno de estos casos han usado el litigio transnacional. Es decir, quienes demandan han iniciado acciones por fuera del país donde ocurrieron los hechos, interponiendo acciones judiciales en los países donde las empresas tienen sus casas matrices o realizan otras operaciones comerciales. Ello se debe a la esperanza de tener un mejor acceso a la justicia dado los obstáculos a los que se enfrentan quienes buscan iniciar las acciones judiciales en el lugar donde se cometieron las vulneraciones a los derechos humanos, como la falta de mecanismos para obtener reparaciones y falta de independencia del sistema judicial. Así, 14 de estos casos fueron presentados en Estados Unidos, seis en Canadá, y cuatro en Gran Bretaña. En países como Alemania (tres) y Francia (uno) también se han iniciado acciones judiciales por abusos cometidos en América Latina. Por otra parte, en diecinueve casos se ha acudido al litigio de carácter nacional para enfrentar los abusos cometidos y al menos uno ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Un aspecto que sigue representando un desafío se refiere a casos donde están involucradas empresas de China, país sobre el cual no es posible interponer acciones judiciales relativas a efectos negativos de sus empresas en Latinoamérica, en su mayoría, de empresas de propiedad del Estado.
Si bien la totalidad de los casos identificados se relacionan con múltiples vulneraciones a los derechos humanos, algunos de los más sobresalientes se vinculan con el acceso al agua, al medio ambiente sano y a condiciones de salud, además del el derecho a la tierra, así como casos referentes al uso de la violencia, intimidaciones, amenazas y asesinatos en contra de personas defensoras, la falta de condiciones dignas de trabajo y condiciones de trabajo forzado o esclavitud contemporánea.
Estos hallazgos son solo una muestra de la importante labor que están realizando las organizaciones y comunidades en América Latina para responsabilizar a las empresas. La base de datos de acciones legales se actualiza constantemente.
Red de Litigio Estratégico: Hallazgos de la encuesta
Entre marzo y abril de 2022, el CIEDH realizó una encuesta a los miembros de la Red Latinoamericana de Litigio Estratégico acerca de sus experiencias en el litigio de casos sobre empresas y derechos humanos en la región. La encuesta incluyó preguntas sobre el tipo de litigio accionado, la jurisdicción en la que se encuentran los casos, los sectores económicos vinculados con los abusos, los desafíos y obstáculos enfrentados durante los procesos, así como las principales lecciones aprendidas. Recibimos dieciséis respuestas de organizaciones de Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, Guatemala y México, y otras que trabajan a nivel regional.
Nueve de las organizaciones encuestadas manifestaron tener experiencia en litigios contra empresas y siete en litigios contra Estados. Varias organizaciones también mencionaron su experiencia en otras acciones de incidencia, como campañas de comunicación y presentación de amicus curiae para apoyar litigios.
La gran mayoría de las organizaciones encuestadas, diez en total, expresaron tener experiencia en litigio en empresas y derechos humanos a nivel nacional, haciendo uso frecuentemente de acciones de carácter civil, constitucional, penal y administrativo. A su vez, se identificó que, al menos dos organizaciones tienen experiencia en litigio de carácter laboral.
También se encontraron algunas organizaciones que, en la región, han usado mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, como los dispuestos por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y al menos dos organizaciones expresaron tener experiencia en litigio transnacional.
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La minería, los agronegocios y el sector energético son los sectores en contra de los cuales las organizaciones han iniciado la mayoría de los litigios. La prevalencia de estos sectores revela un patrón preocupante relacionado con los abusos cometidos por sectores altamente dependientes de los bienes naturales. Algunos otros sectores involucrados en los litigios son petróleo, gas, y carbón, construcción y empresas de seguridad.
Lamentablemente, las organizaciones y comunidades que litigan estos casos se enfrentan a diversos obstáculos. Trece de las personas y organizaciones que contestaron la encuesta identificaron las amenazas e intimidaciones contra las víctimas y sobrevivientes de las vulneraciones a derechos humanos, personas defensoras de los derechos humanos y comunidades, como una de las principales limitantes para litigar casos en la región. Esto demuestra un frecuente clima de hostilidad respecto de quienes buscan hacer responsables a las empresas.
Esta es una situación alarmante que el CIEDH ha destacado también por medio de su base de datos y análisis sobre ataques en contra de personas defensoras en el contexto de actividades empresariales. Esos datos muestran que América Latina es una de las regiones en las cuales se presentan el mayor número de ataques en contextos empresariales, desde que se comenzó nuestra investigación en 2015.
En nuestro más reciente informe sobre la situación de las personas defensoras en 2021, se encontró que el acoso judicial, la intimidación y amenazas y asesinatos son los ataques más frecuentes que experimentan las personas defensoras, en especial quienes defienden el derecho a un medio ambiente santo. Dentro de ello, se destacan las Acciones Judiciales Abusivas en contra de la Participación Pública (SLAPP por sus siglas en inglés) como una forma común de acoso judicial, a lo que hicimos referencia en el informe sobre demandas de este tipo en América Latina de febrero de 2022.
Adicionalmente, integrantes de la Red de Litigio Estratégico identificaron por medio de la encuesta otros obstáculos como el alto costo de los procesos judiciales; por ejemplo, la recolección de pruebas o el acceso a la representación legal; la falta de leyes que regulen las actividades realizadas por las empresas y su potencial impacto en los derechos humanos; la falta de aplicación de estándares de derechos humanos por parte de los operadores de justicia; las demoras excesivas en los procesos; la ausencia de mecanismos para implementar las decisiones judiciales a favor de las comunidades y, la corrupción de los sistemas judiciales.
Casos destacados
Aquí se encuentran contribuciones y experiencias contadas por varias personas y organizaciones de forman parte de nuestra Red de Litigio Estratégico.
Buzos miskitos vs. Honduras
La sentencia del Corte Interamericano de Derechos Humanos a favor de la comunidad miskita que demandó al Estado de Honduras marcó un punto de inflexión para las empresas y los derechos humanos en América Latina. Lucas M. Mantelli del CEJIL nos explicó el proceso.
La importancia del enfoque de género en la discusión sobre empresas y derechos humanos
Más de 200 casos de mujeres chilenas quedaron embarazadas tras haber recibido anticonceptivos defectuosos en el sistema público de salud del país. María Cecilia Ibáñez, abogada de Women’s Link Worldwide, nos explicó las lecciones a partir del caso de los anticonceptivos defectuosos en Chile.
Unión Hidalgo
La comunidad Binnizá de Unión Hidalgo en el sur de México ha luchado por su territorio y sus bienes naturales contra la instalación de parques eólicos desde 2013. ProDESC nos explicó los procesos legales y la queja que presentaron contra EDF, utilizando la ley francesa de vigilancia.
Lee nuestra serie de perspectivas contribuidas por los miembros de la Red de Litigio Estratégico.
Estándares internacionales
El acceso a los mecanismos de reparación ha sido ampliamente reconocido en los instrumentos jurídicos internacionales y regionales en materia de derechos humanos. El principio 25 de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos establece la obligación de garantizar mecanismos de reparación por vía judicial, administrativa o legislativa, cuando se presenten violaciones de los derechos humanos. Estos mecanismos deben darse a conocer por los Estados, mismos que deben brindar el apoyo necesario para que el acceso a estos recursos sea real. Respecto de los mecanismos de carácter judicial, el principio 26 indica que estos deben ser eficaces para proteger a los titulares de derechos y, en consecuencia, eliminar cualquier obstáculo legal, práctico o de otro tipo para acceder a ellos. Los Estados tienen que garantizar el acceso a estos mecanismos sin demora, de manera imparcial, con el respeto de las garantías procesales y la diligencia debida. Esto también implica asegurar, prevenir y abordar la corrupción judicial, para que ella no limite la impartición de justicia, y evitar que se impidan las actividades legítimas de las personas defensoras de los derechos humanos y sus apoderados/as.
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en el marco de su Proyecto sobre rendición de cuentas y reparación ha reconocido las numerosas deficiencias y situaciones negativas que experimentan quienes tratan de obtener una reparación. En atención a ello, ha formulado recomendaciones prácticas para mejorar la eficacia de los mecanismos de reparación en el marco de la aplicación del pilar sobre el acceso a las reparaciones de los Principios Rectores.
Por su parte, el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos ha mencionado que el acceso a los mecanismos de reparación incluye la posibilidad de acceder a la reparación efectiva del daño sufrido. Ello incluye el acceso a medidas de restitución, indemnización, satisfacción, garantías de no repetición y rehabilitación. De la misma manera, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General Nº 24 de 2017, hace referencia a las obligaciones de los Estados para garantizar estos derechos en el marco de las actividades empresariales en donde se reconoce que la rendición de cuentas de las empresas y el acceso a las medidas de reparación es crucial para la garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Estos estándares también han sido ampliamente acogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe "Estándares Interamericanos sobre Empresas y Derechos Humanos", en donde se reconoce que el sistema de administración judicial de cada Estado es la primera base para la defensa y protección de los derechos humanos, y, específicamente, para su protección, dentro de las actividades económicas y comerciales realizadas por las empresas.
Herramientas para el litigio estratégico
En la encuesta realizada con integrantes de la Red de Litigio Estratégico se identificaron como herramientas clave para abordar los desafíos y obstáculos que enfrentan quienes interponen estas acciones judiciales las bases de datos que recopilan, por ejemplo, casos de litigio de empresas y derechos humanos, argumentos jurídicos útiles para la defensa de las víctimas, estándares en materia de empresas y derechos humanos, así como investigaciones académicas que aportan análisis conceptuales y sistemáticos sobre experiencias exitosas y fallidas en este tema.
Algunas herramientas que pueden ser de utilidad para las organizaciones de la sociedad civil, equipos de defensa legal, personas defensoras de los derechos humanos, y comunidades se recopilan a continuación. Ello no representa una lista exhaustiva de las herramientas que se encuentran a disposición. Igualmente, el CIEDH publicó una guía sobre empresas y derechos humanos para comunidades y organizaciones que recoge información práctica acerca de la documentación de casos sobre el tema y mecanismos que se pueden accionar y ha puesto a disposición un micrositio donde se compila información sobre litigio en materia de cambio climático. Igualmente, se destaca la publicación de Fundación Konrad Adenauer Programa Estado de Derecho para Latinoamérica donde se abordan “Experiencias Latinoamericanas sobre reparación en materia de empresas y derechos humanos”
Bases de datos
Si bien en la región de América Latina existen diversas bases de datos de interés para los litigios en derechos humanos y empresas, se destacan las siguientes:
Plataforma sobre litigio climático para América Latina y el Caribe
Repositorio de buenas prácticas en materia de derechos, económicos, sociales, culturales y ambientales (Instituto Interamericano de Derechos Humanos)
IUSLAT
Atlas de Justicia Ambiental
Base de datos sobre evaluaciones de impacto ambiental (EIA Law Matrix) de la Alianza Mundial de Derecho Ambiental
Base de datos de EarthRights International
Navegador de derechos humanos y tierra
Desde el CIEDH
Base de datos de personas defensoras
Esta base de datos recopila ataques presentados desde el año 2015 en contra de personas defensoras de derechos humanos que se enfocan en actividades empresariales.
Base de datos sobre SLAPP
Esta base de datos compila acciones judiciales y abuso del derecho, iniciadas desde el año 2015 por empresas o actores vinculados con las mismas, en contra de personas defensoras de los derechos humanos que plantean preocupaciones por actividades empresariales.
Monitor de Minerales de Transición
Esta herramienta se actualiza anualmente para monitorear las políticas y prácticas de derechos humanos de las empresas que extraen seis minerales básicos claves para la transición a energías limpias: cobalto, cobre, litio, manganeso, níquel y zinc, en los cuales se contabilizan casos contra los derechos humanos y de la naturaleza.
Base de datos de acciones judiciales
Explora acciones judiciales y perfiles de casos que se han iniciado en diferentes regiones, incluyendo América Latina, en contra de empresas por abusos relacionados con los derechos humanos.
Informes temáticos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Todos los informes temáticos de la Comisión Interamericana se encuentran disponibles aquí.
Decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Si bien en diversas decisiones de la Corte Interamericana se han ido introduciendo estándares relacionados con las obligaciones de los Estados en el marco de actividades económicas y el deber de regular actividades comerciales de actores privados, a continuación se destacan algunas de ellas. Es importante mencionar que estas decisiones establecen estándares importantes que deben ser aplicados más allá del país en contra de quien se emite la sentencia.
Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros Vs. Honduras (2021)
El caso se refiere a las vulneraciones a derechos humanos en contra de miembros de la comunidad indígena Miskita, producto de la falta de regulación, supervisión, y vigilancia por parte del Estado de empresas privadas en la industria de pesca de langosta de buceo profundo en Honduras. Un blog sobre el caso se encuentra disponible aquí.
Comunidades indígenas miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) Vs. Argentina (2020)
El caso se relaciona con la vulneración de los derechos la propiedad comunitaria, la identidad cultural, medio ambiente sano, alimentación adecuada y al agua, de 132 comunidades indígenas que habitan el Departamento Rivadavia, de la Provincia de Salta, en Argentina. Todo ello a causa de la falta de efectividad de medidas estatales para detener actividades por parte de diferentes actores.
Empleados de la fábrica de fuegos explosivos en Santo Antônio De Jesús y otros Vs. Brasil (2020)
El caso se relaciona con la explosión en una fábrica de fuegos artificiales en el municipio de Santo Antônio de Jesús, estado de Bahía, Brasil en la que fallecieron y quedaron heridas múltiples personas que trabajaban en la fábrica. La Corte analiza la ausencia de fiscalización de autoridades estatales de las condiciones laborales en la fábrica y de control de actividades peligrosas.
Caso trabajadores de la Hacienda Brasil Verde Vs. Brasil (2016)
El caso se refiere a la responsabilidad del Estado brasileño por no haber garantizado la protección de 85 trabajadores sometidos a formas de esclavitud contemporánea y trata de personas en una hacienda de crianza de ganado al norte del país.
Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador (2012)
El caso se refiere a la responsabilidad del estado ecuatoriano por la violación de los derechos a la consulta, a la propiedad comunal indígena y a la identidad cultural, por haber permitido que una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración petrolera en el territorio indígena sin haberle consultado previamente.
Caso Pueblo Saramaka vs. Surinam (2007)
El caso se refiere a los impactos en la salud y los derechos del pueblo indígena Saramaka por empresas extranjeras mineras y madereras y ordena al Estado a las reparaciones y respeto por los derechos diferenciales de esta población.
Próximos escenarios en el Sistema Interamericano
Actualmente la Comisión Interamericana presentó tres casos en donde un enfoque en materia de empresas y derechos humanos podría estar en el centro de la discusión:
- En octubre de 2021, la CIDH presentó a la Corte Interamericana el caso La Oroya vs. Perú en el cual se analizarán los impactos relativos a la contaminación provocada por un complejo metalúrgico bajo el control de una empresa pública.
- En octubre de 2020, la CIDH presentó dos casos ante la Corte Interamericana relacionados con actividades empresariales. El primero se refiere a el caso Tagaeri y Taromenane vs. Ecuador, sobre los impactos de la actividad petrolera en el territorio de comunidades indígenas en aislamiento voluntario. El segundo referente al caso del Pueblo Indígena U'wa vs. Colombia, relacionado con el derecho a la propiedad ancestral y los impactos de diferentes actividades empresariales, asociadas al petróleo, la minería y al turismo en cinco departamentos colombianos donde está asentado este grupo indígena.
Conclusión
A pesar de los diferentes obstáculos a los que se enfrentan los defensores y las organizaciones de derechos humanos en América Latina para litigar casos de empresas y derechos humanos, las acciones judiciales y legales representan una oportunidad única para hacer que los responsables de los abusos de los derechos humanos rindan cuentas y que las personas afectadas tengan eventualmente acceso a la reparación. El Centro de Información continuará destacando los avances cruciales en el litigio estratégico sobre empresas y derechos humanos en América Latina. También compartirá herramientas y recursos útiles para apoyar a las organizaciones y comunidades en sus estrategias de lucha contra los abusos empresariales.
Autora: Lady Nancy Zuluaga Jaramillo
Con el apoyo de: Fabián Andrés León Peñuela
Agradecimientos: Agradecemos a todas las personas que hacen parte de la Red de Litigio Estratégico sobre Empresas y Derechos Humanos y a aquellas personas y organizaciones que compartieron sus conocimientos y experiencia para esta investigación.