Las tecnologías de cybervigilancia (vigilancia) están transformando fundamentalmente nuestras sociedades. Si bien las tecnologías de vigilancia pueden servir a propósitos legítimos de aplicación de la ley y seguridad nacional con una supervisión y rendición de cuentas gubernamentales apropiadas, muchas se están utilizando para violar sistemáticamente un amplio rango de derechos humanos. Esto incluye el refuerzo de la discriminación, la promoción de la censura de los medios de comunicación, la violación del derecho a la privacidad de las personas, la facilitación de la detención y el trabajo forzado, y la posibilidad de ataques contra personas defensoras de derechos humanos.

Como accionistas de empresas con actividades o inversiones en el ecosistema de las tecnologías de vigilancia, inversionistas tienen un papel fundamental que desempeñar en la promoción de los derechos humanos y en la ayuda a la defensa de los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos (UNGP). Inversionistas también tienen un deber fiduciario para con sus clientes, que ha evolucionado para incluir criterios medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) como indicadores clave del valor y el rendimiento a largo plazo de una empresa. Los riesgos relacionados con los derechos humanos son riesgos materiales, acompañados de consecuencias legales, de reputación y financieras para las empresas y sus inversionistas.

Basada en las perspectivas de personas defensoras de derechos digitales, expertas en modelos de debida diligencia en derechos humanos e inversionistas, esta Guía pretende ayudar a inversionistas de todos los tamaños, tipos y geografías a navegar por el ecosistema de las tecnologías de vigilancia y a reforzar sus procesos de debida diligencia en materia de derechos humanos. La Guía incluye:

• Un examen de la forma en que las tecnologías de vigilancia generan riesgos para los derechos humanos de las personas y las comunidades
• Una explicación de los riesgos materiales para inversionistas
• Preguntas para determinar la gravedad del riesgo
• Un marco para la adopción de decisiones en materia de inversión