Guardianas y guardianes en riesgo: Enfrentando el abuso de las empresas en América Latina y el Caribe
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Desde la lucha contra la deforestación y la minería ilegal en la Amazonía hasta denuncias sobre los impactos de megaproyectos en México y la protección de sitios indígenas sagrados en Nicaragua, las comunidades, los y las trabajadoras e individuos están protegiendo valientemente sus derechos y el ambiente en toda América Latina y el Caribe. Desafortunadamente, al participar en este importante trabajo, todas ellas enfrentan riesgos significativos.
América Latina y el Caribe es una de las regiones más peligrosas del mundo para las personas defensoras de los derechos humanos (personas DDH). Entre enero de 2015 y diciembre de 2022 (inclusive), el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos identificó cerca de 2.000 ataques contra personas DDH en América Latina y el Caribe, lo que representa el 42% del total de ataques (4.700) registrados en todo el mundo. Estos incluyen asesinatos, acoso judicial, amenazas de muerte, desapariciones y otras formas de intimidación. Las personas defensoras indígenas han sufrido un nivel desproporcionadamente alto de ataques y, aunque las personas defensoras de todos los géneros son atacadas debido a su trabajo de derechos humanos, con frecuencia las mujeres defensoras enfrentan ataques específicamente de género. Dado que esta investigación se basa en información disponible públicamente, y que los datos oficiales de los gobiernos sobre tales ataques son extremadamente limitados, el problema es sin duda más grave de lo que sugieren estas cifras.
Las cifras sobre nuestra región, si bien son devastadoras evidencian la necesidad de continuar avanzando en estrategias integrales para la efectiva protección de quienes defienden nuestros derechos a un altísimo costo. Por cada una de aquellas personas, sus comunidades, nuestras naciones y por los derechos de las futuras generaciones.Viviana Krsticevic, Directora Ejecutiva, Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
Hallazgos clave:
- 1.976 ataques registrados contra personas DDH que plantearon preocupaciones sobre actividades empresariales en América Latina y el Caribe (enero 2015 - diciembre 2022) - que representan el 42% del total de ataques registrados en el mundo.
- Seis países concentraron el 86% de los ataques en la región: Honduras (353), México (322), Brasil (302), Colombia (267), Perú (252) y Guatemala (209).
- Los sectores más peligrosos para las personas DDH son la minería, la agroindustria, las energías renovables, la explotación forestal y maderera, y el petróleo, el gas y el carbón.
- El 28% de los ataques registrados fueron asesinatos.
- El 29% de los ataques registrados constituyeron acoso judicial.
- El 35% de los ataques fueron contra personas defensoras indígenas.
- El 85% de los ataques fueron contra personas DDH que protegen sus derechos a la tierra y su derecho a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible.
Este alto número de ataques sucede en un contexto de siglos de colonización, patriarcado, explotación de recursos naturales, negación de derechos a la tierra y a los territorios, y racismo y discriminación contra los pueblos indígenas y afrodescendientes y las comunidades campesinas de la región.El racismo estructural y la discriminación están integrados en la política y en la práctica gubernamental, en la que los intereses económicos a menudo tienen prioridad sobre la protección de los derechos humanos, con una generalizada falta de respeto por la autodeterminación y la autonomía de los pueblos indígenas y su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Además de los sectores históricamente problemáticos para las personas DDH, como la agricultura y la tala, las energías renovables y la minería -ambos fundamentales para la transición energética mundial- ocupan un lugar destacado entre los sectores más peligrosos para las personas DDH de la región.
La escala de los ataques letales y no letales contra quienes protegen sus derechos, los recursos naturales y el medio ambiente de los daños relacionados con las empresas evidencia el incumplimiento por parte de los gobiernos de América Latina y el Caribe de su deber de proteger los derechos humanos y lo insuficiente que es la acción corporativa voluntaria para respetar los derechos humanos.
A pesar de la escala actual de ataques, hay desarrollos positivos y oportunidades para avanzar en la protección para las personas DDH, incluido el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú). En particular, la próxima Opinión Consultiva sobre Cambio Climático de la Corte Interamericana de Derechos Humanos presenta una oportunidad crítica para que la Corte desarrolle estándares para que los Estados protejan a las personas DDH en el contexto de operaciones empresariales dañinas relacionadas con la crisis climática y reconozcan las expectativas fundamentales bajo el derecho internacional para que los actores empresariales respeten a las personas defensoras. Además, los Estados de América Latina y el Caribe deben adoptar legislación que reconozca los derechos de las personas defensoras y su papel vital en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un medio ambiente saludable, y comprometerse a la tolerancia cero contra los ataques.