"En todo el mundo, los logros positivos de quienes defienden los derechos humanos frecuentemente suelen pasar desapercibidos. Las personas defensoras son atacadas porque se enfrentan a poderosos intereses creados cuando protegen nuestros recursos naturales y el clima compartido, defienden los derechos laborales, exponen la corrupción y se niegan a aceptar la injusticia. Al conmemorar el 25º aniversario de la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos, los Estados pueden y deben hacer más para proteger a las personas defensoras, incluso aprobando legislación obligatoria de debida diligencia ambiental y de derechos humanos que requiere que las empresas participen en un compromiso continuo y significativo con las personas defensoras y otras partes interesadas".
-Mary Lawlor, Relatora Especial de la ONU sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos
Cada día, hay personas de todo el mundo actuando en la protección de sus comunidades, entornos y medios de vida de las prácticas empresariales irresponsables y exigiendo que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos, a veces a un alto costo personal. Nuestros datos que rastrean ataques contra estas personas defensoras de derechos humanos revelan que la mayoría de tales ataques son en contra de personas que denuncian daños a nuestro medioambiente compartido.
Estos incluyen a miembros de la comunidad que, utilizan la acción directa para detener la tala de madera en áreas de conservación en Malasia, líderes indígenas en México que protegen los ríos y la biodiversidad local de los daños causados por proyectos hidroeléctricos, y periodistas que reportan la contaminación ambiental en Serbia.
A pesar de los importantes desafíos que enfrentan, las personas defensoras están logrando victorias en todo el mundo. En 2022, personas defensoras de Sierra Leona incidieron con éxito en una nueva ley que protegía los derechos consuetudinarios sobre la tierra prohibiendo el desarrollo industrial en áreas protegidas y ecológicamente sensibles; grupos que luchan por la justicia ambiental en el "callejón del cáncer" de Luisiana en los Estados Unidos detuvieron dos grandes proyectos petroquímicos; personas trabajadoras de la confección en la provincia pakistaní de Sind lograron un aumento del 40% en el salario mínimo; personas defensoras de los derechos humanos fueron elegidas para altos cargos políticos en Brasil y Colombia, y después de años de trabajo de incidencia por parte de mujeres indígenas líderes y organizaciones, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer adoptó la Recomendación General 39 sobre Mujeres y Niñas Indígenas, que incluye por primera vez un lenguaje centrado en los derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas en un tratado internacional vinculante.
Al conmemorar el aniversario 25º de la Declaración de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, celebramos el coraje, la creatividad y el compromiso de estas personas, organizaciones y comunidades de todo el mundo que protegen nuestros derechos y nuestro planeta compartido.
Sin embargo, las personas defensoras de los derechos humanos siguen enfrentándose a niveles intolerables de riesgo y daño. En su labor vital para promover los derechos humanos y proteger el medio ambiente, se enfrentan a poderosos actores e intereses. Estas personas denuncian casos de empresas e inversionistas involucrados en prácticas irresponsables, de gobiernos que no cumplen con su deber de proteger los derechos humanos y de otros actores no estatales que se benefician de la destrucción del medio ambiente. Hacen este trabajo en entornos cada vez más restrictivos, donde las leyes contra la protesta, el terrorismo, la difamación y los "agentes extranjeros" se utilizan para silenciar la disidencia. Según CIVICUS, 2022 estuvo marcado por una grave disminución del espacio cívico, con solo el 3% de la población mundial residiendo en países con espacio cívico abierto, donde se respetan las libertades de reunión pacífica, asociación y expresión.
La escala de ataques letales y no letales contra las personas que defienden nuestros derechos, recursos naturales y medio ambiente de los daños relacionados con las empresas muestra el fracaso de los gobiernos para proteger los derechos humanos, y que la voluntad de las empresas y los inversionistas es insuficiente para prevenir, detener y remediar el daño. Esto refuerza la necesidad de una legislación obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente basada en la participación segura, continua y efectiva de los titulares de derechos, el respeto del proceso de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) de los pueblos indígenas, y sólidas salvaguardias para las personas defensoras de los derechos humanos, así como una mayor acción gubernamental para proteger a las personas que están en la línea de frente de la protección de nuestro planeta.
Entre enero de 2015 y marzo de 2023, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos monitoreó más de 4.700 ataques contra personas defensoras de derechos humanos que denunciaban prácticas empresariales nocivas. Solo en 2022, monitoreamos 555 ataques, lo que revela que, en promedio, más de 10 personas defensoras fueron atacadas cada semana por denunciar preocupaciones legítimas sobre la actividad empresarial irresponsable. Tres cuartas partes de los ataques (75%) fueron contra personas defensoras del clima, la tierra y el medio ambiente. Más de una quinta parte de los ataques (23%) fueron contra personas defensoras indígenas, que protegen más del 80% de la biodiversidad restante del mundo, aunque solo representan aproximadamente el 6% de la población mundial.
Esto es solo la punta del iceberg. Nuestra investigación se basa en información disponible públicamente y como muchos ataques, especialmente los ataques no letales (incluyendo las amenazas de muerte, el acoso judicial y la violencia física) no se hacen visibles en los medios, existe un vacío significativo en el monitoreo gubernamental de los ataques y el problema es aún más grave de lo que indican estas cifras.
Panorama mundial
Los ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente ocurren en todas las regiones del mundo. Desde que comenzamos a hacer este monitoreo en 2015, América Latina, Asia y el Pacífico han sido reiteradamente las regiones más peligrosas para las personas defensoras.
En 2022, el mayor número de ataques contra personas defensoras que denunciaron daños relacionados con empresas se produjo en Brasil (63 incidentes registrados de ataques, que afectaron a una o más personas defensoras), India (54), México (44), Camboya (40), Filipinas (32), Honduras (31), Bielorrusia (28), Perú (23), Colombia (20) y Uganda (17). Más información sobre nuestra metodología de investigación.
Tipos de ataques
Las personas defensoras son objeto de una serie de ataques, incluidos asesinatos y ataques no letales, como amenazas, campañas de difamación, arrestos arbitrarios, acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPPs), violencia física y sexual. La mayoría (86%) de los ataques que rastreamos en 2022 fueron no letales, que a menudo preceden la violencia letal y son señales de advertencia para que los Estados aumenten los esfuerzos de protección.
Los ataques no letales generalmente no se investigan ni se castigan, lo que puede tener un efecto amedrentador en el trabajo de las personas defensoras y puede promover la impunidad que alimenta más violencia allí donde las personas defensoras persisten en adelantar su trabajo crítico. El Protocolo Esperanza, lanzado en diciembre de 2021 por organizaciones de la sociedad civil y expertos en derecho internacional, proporciona directrices basadas en normas internacionales de derechos humanos para apoyar la investigación, el enjuiciamiento y el castigo por amenazas contra las personas defensoras por parte de los gobiernos y, en última instancia, crear un entorno propicio para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo. Si bien el protocolo se centra principalmente en el deber de los Estados, también señala que los actores empresariales deben garantizar que sus actividades, acciones y omisiones no conduzcan a amenazas contra las personas defensoras y solicita abordar cualquier daño a las personas defensoras.
Perú
Oscar Mollohuanca Cruz fue alcalde del distrito de Espinar en Perú y defensor de los derechos humanos y el medio ambiente. En 2012, junto con otros miembros de la comunidad, denunció la contaminación ambiental y el daño a la salud humana relacionado con la minería del cobre en la región.
En 2016, junto con otras dos personas defensoras, fue acusado penalmente de poner en peligro la seguridad pública, obstrucción de los servicios públicos y perturbar la paz en relación con su activismo y las protestas de 2012. Las tres personas defensoras enfrentaron ocho años de cárcel por los dos primeros cargos y siete por el tercero, además de multas de 27.000 euros (100.000 soles). Fueron absueltos el 17 de julio de 2017; sin embargo, el 10 de mayo de 2018, la Primera Sala de Apelaciones en lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de Ica anuló la absolución y ordenó que se iniciara nuevamente el juicio.
En noviembre de 2021, Oscar participó en la Campaña Nacional de Personas defensoras del Medio Ambiente en Perú, donde compartió sus preocupaciones sobre la falta de protección de las personas defensoras en el país y la urgente necesidad de proteger el derecho a defender los derechos humanos. El 7 de marzo de 2022, Oscar fue hallado muerto con heridas en su cuerpo.
Acoso judicial
Muchos gobiernos no sólo están fallando en su deber de proteger los derechos humanos, sino que también están atacando activamente a las personas defensoras a través de sus sistemas legales o facilitando el uso de estos sistemas por parte de actores privados para atacar a las personas defensoras. El acoso judicial, que incluye detenciones arbitrarias, juicios injustos y otras formas de criminalización, sigue siendo frecuente en todo el mundo. También incluye acciones judiciales abusivas contra la participación pública (SLAPPs), demandas iniciadas o presentadas por actores empresariales contra personas y grupos por ejercer sus derechos a participar, comentar o criticar asuntos de interés público. El acoso judicial causa estrés y daño significativos a las personas defensoras y consume tiempo que los lleva a desatender su trabajo de derechos humanos, a la vez que agota sus recursos. Puede tener un efecto escalofriante, disuadiendo a otros de no hablar en contra del abuso. En conjunto, estas formas de acoso judicial representaron casi la mitad (47%) de los casos que rastreamos en 2022 y el 51% de los casos desde 2015.
Bosnia y Herzegovina
Sunčica Kovačević y Sara Tuševljak son estudiantes de derecho de 25 años que formaron un grupo compuesto por miembros de la comunidad local y activistas que se organizan contra la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas en el río Kasindolska en Sarajevo Oriental. Esta iniciativa denunciaba los impactos ambientales y de derechos humanos relacionados con las centrales hidroeléctricas operadas por BUK d.o.o, una subsidiaria de la compañía belga Green Invest. En enero de 2022, Green Invest presentó tres demandas por difamación, que llevan el sello de SLAPP, contra Sunčica y Sara, quienes han sido amenazados con nuevas acciones legales.
El Centro de Información solicitó una respuesta de Green Invest, quienes declararon que las demandas se presentaron para detener la difamación contra la compañía. Una réplica de Riverwatch, EuroNatur, Fundación Atelier para la Transformación de la Comunidad – ACT, Salven el Corazón Azul de Europa (Save the Blue Heart of Europa) y Paren de Construir Pequeñas Represas en el Rio Kasindolska (Stop building small hydropower plants on Kasindolska river), expresaron su apoyo a estas personas defensoras.
ACT - Foundation for social change
Naturaleza de género de los ataques
Durante 2022, casi una cuarta parte de los ataques fueron contra mujeres defensoras de los derechos humanos. Si bien las personas defensoras de todos los géneros son atacadas debido a su trabajo de derechos humanos, las mujeres defensoras de los derechos humanos que desafían tanto el poder corporativo como las normas patriarcales de género a menudo sufren ataques específicamente de género. Esto incluye amenazas on-line y acoso de naturaleza sexualizada y campañas de difamación que critican a las mujeres por dedicar tiempo al activismo en lugar de dedicarse al hogar. En una investigación realizada por el Fondo SAGE sobre las mujeres que defienden sus tierras, territorios, recursos y el clima de los proyectos extractivos, muchas mujeres entrevistadas dijeron que el daño psicológico de las campañas de difamaciónon-line era una de las formas más significativas y de largo plazo del daño estructural que enfrentan.
Estas tácticas están destinadas a estigmatizar, aislar y silenciar a las mujeres defensoras. Debido a la dinámica del poder patriarcal, las defensoras de los derechos humanos a menudo también enfrentan riesgos en diferentes esferas, incluso en sus sociedades, comunidades y familias. Pueden experimentar discriminación o violencia en los movimientos y organizaciones con las que trabajan, críticas de sus familias o comunidades por su trabajo de derechos humanos y violencia de pareja en la intimidad del hogar. Si bien las personas defensoras de cualquier género enfrentan barreras para la justicia y la reparación, estas dificultades se agravan para las mujeres defensoras de los derechos humanos debido a la discriminación y la violencia de género, y aún más desafiantes para las mujeres que enfrentan múltiples formas de discriminación por motivos de raza, etnia, capacidad u otras identidades.
Visión general del sector
Los ataques contra las personas defensoras ocurren en relación con casi todos los sectores empresariales en todas las regiones del mundo. Los cuatro sectores más peligrosos en 2022 están relacionados con los recursos naturales. Los enfoques extractivos a corto plazo y con ánimo de lucro que han sustentado el modelo energético mundial son los principales promotores de ataques contra las personas defensoras y no han proporcionado muchos de los beneficios económicos o el desarrollo prometido a las comunidades y a los países.
La minería ha sido consistentemente el sector más peligroso para las personas defensoras desde que comenzamos el monitoreo en 2015, mostrando poco progreso en la prevención de ataques. Casi el 30% de los ataques en 2022 estuvieron relacionados con la minería, y el sector sigue siendo aún más peligroso para las personas defensoras indígenas: el 41% de los ataques contra los pueblos indígenas en 2022 se relacionaron con la minería.
Esta situación es particularmente preocupante dado que las proyecciones de la Asociación Internacional de Energía apuntan a un aumento de seis veces en la demanda de minerales de transición (por ejemplo, cobre, cobalto, litio, níquel, manganeso, zinc, como se reporta en nuestro Monitor de Minerales de Transición, así como las tierras raras) para 2040. Además, un estudio de 2022 encontró que la mitad de la base de recursos del mundo para materiales cruciales de transición energética se encuentra en o cerca de territorios de pueblos indígenas. La minería de litio es particularmente preocupante: según el estudio, el 85% de los proyectos de extracción de litio actuales y planificados se encuentran en o cerca de tierras administradas o habitadas por pueblos indígenas.
La minería de minerales de transición, así como los proyectos intensivos en tierra para energías renovables, ya están causando abusos generalizados de la tierra, el agua y los derechos de los pueblos indígenas. Nuestro Monitor de Minerales de Transición reveló que los mayores productores mundiales de seis minerales clave necesarios para la transición a cero- carbono no están abordando en gran medida los riesgos e impactos en las comunidades locales, incluidos los ataques a las organizaciones de la sociedad civil y sus líderes. Este enfoque hacia la transición también continuará fomentando la oposición, el conflicto y traerá como resultado retrasos tanto en los proyectos como en el logro de nuestros objetivos climáticos globales. Tal conflicto ya ha generado al menos 369 ataques contra personas defensoras relacionadas con proyectos de energía renovable, incluidos 98 asesinatos. Además, hemos monitoreado al menos 148 ataques relacionados con la minería de minerales de transición, lo que representa más de una cuarta parte de los 517 ataques registrados vinculados con cadenas de valor de energía renovable, partiendo de la extracción de minerales hasta llegar a las instalaciones.
A pesar de estos riesgos, las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente están a la vanguardia de la defensa de una transición energética más sostenible y respetuosa de los derechos que no reproduzca modelos extractivos dañinos del pasado y del presente. También están innovando y re-imaginando el sector energético basado en la equidad. Estamos viendo una pequeña, pero creciente, adopción de marcos de modelos de equidad en los que las empresas de energía renovable diseñan proyectos con comunidades indígenas basados en los principios de copropiedad y beneficio compartido sostenible, que es esencial para una transición sostenible y basada en los derechos.
Perpetradores de los ataques
Dado que muchos ataques implican complicidad entre el Estado, el sector privado y otros actores no estatales en contextos con altos niveles de impunidad, los perpetradores a menudo son difíciles de identificar. En los casos en que los ataques podrían estar relacionados con una empresa específica o un proyecto empresarial (43% del total de ataques en 2022), el mayor número de ataques se relacionó con empresas con sedes en India y los Emiratos Árabes Unidos. Ambos países han tratado de posicionarse como líderes mundiales y ambientales y están organizando importantes eventos multilaterales en 2023: G20 y COP28, respectivamente. Además, Brasil, que albergará la presidencia del G20 en 2024, es el país más peligroso en general para las personas defensoras que denuncian actividades empresariales. Esto indica de manera preocupante que los países encargados de dirigir la acción colectiva sobre el clima y la estabilidad económica y financiera mundial están incumpliendo su deber de proteger los derechos humanos y de hacer que las empresas con sede en sus países rindan cuentas cuando violan los derechos de las personas defensoras.
India
Opositores a la acería JSW se enfrentan criminalización
India
Opositores a la acería JSW se enfrentan criminalización
En 2018, Jindal Steel Ltd (JSW) propuso construir una gran planta siderúrgica integrada en el distrito Jagatinsghpur de Odisha, a la que se han opuesto los aldeanos locales desde entonces. Los miembros de la comunidad, que anteriormente ganaron una lucha de una década contra la compañía surcoreana Posco por un proyecto de acero de 12 millones de toneladas de capacidad, han denunciado la adquisición de tierras y el desplazamiento, los impactos ambientales y de salud negativos y el daño a su derecho a la alimentación y los medios de supervivencia tradicionales, que incluyen el cultivo de la vid de betel.
Desde la aprobación de la planta JSW, los miembros de la comunidad han participado en protestas pacíficas, acciones directas para impedir que los funcionarios lleven a cabo la adquisición de tierras para la planta y la oposición al proyecto en audiencias públicas. La resistencia de la comunidad se ha encontrado con una severa represión policial y altos niveles de criminalización de los aldeanos atribuyéndoles cargos falsos, lo que ha llevado a que más de 1.000 miembros de la comunidad enfrenten. Las personas defensoras involucrados en la organización de protestas han enfrentado arresto, detención, violencia física, amenazas y hostigamiento. Esto incluye a Narendra Mohanty, Debendra Swain y Muralidhar Sahoo, que fueron detenidos por agentes de policía el 14 de enero de 2022 por apoyar una protesta pacífica, en la que, según informes, la policía hirió y detuvo a muchas personas. El 19 de febrero de 2022, Pradeep Satpathy y otras personas defensoras, junto con aldeanos de Dhinkia, fueron agredidas por una turba en presencia de la policía y altos funcionarios administrativos. Estas personas se dirigían a reunirse con un comité de abogados designado por el Tribunal Superior y a presentar sus denuncias con respecto a las medidas de embargo en curso, en nombre de la adquisición de tierras para JSW. En marzo de 2022, un grupo de personas defensoras de derechos humanos ambientales pidió que se retirara la propuesta, sobre la base de una Evaluación de Impacto Ambiental inadecuada y fraudulenta. A pesar de esto, en abril de 2022, JSW recibió la licencia ambiental para establecer la planta. En diciembre de 2022, otros líderes del movimiento fueron arrestados, incluidos Shanti Das, Abhaya Mallick, Dillip Kandi, Narayan Muduli, Hrudananda Rout,Megha Das y Nutan Das. Muchas personas defensoras que protestan contra el proyecto, incluidos Pradeep Satpathy y Debendra Swain, siguen en la cárcel.
Los miembros de la comunidad continúan oponiéndose al proyecto, a pesar de la represión que enfrentan. Están pidiendo al gobierno indio que cancele la licencia forestal y ambiental del proyecto, retire las fuerzas policiales e investigue a los funcionarios que participaron en actos de violencia, y desestime todos los cargos contra los manifestantes y los libere de prisión. En marzo de 2023, el Tribunal Verde Nacional suspendió la licencia ambiental del proyecto por considerar que fue otorgada sin considerar la Evaluación de Impacto Ambiental acumulativo en la audiencia pública, entre otras cuestiones. El Tribunal Verde Nacional ha pedido al Ministerio de Medio Ambiente de la Unión que haga una nueva evaluación en tres meses.
Invitamos a JSW a responder a las acusaciones, la respuesta completa se encuentra disponible aquí. India tuvo el segundo mayor número de ataques contra personas defensoras que denunciaron actividades empresariales dañinas en 2022 y será sede del G20 en septiembre.
Foto: Prafulla Das
Tanzania
Fuerzas gubern atacan a masai que protestan por un desalojo
Tanzania
Fuerzas gubern atacan a masai que protestan por un desalojo
"Nuestro gobierno ha decidido liberar todo el poder de los militares para expulsarnos de nuestra tierra, dejando a muchos heridos por disparos, niños vagando por el monte, y nos hemos mudado a dormir en el monte. El gobierno se niega a tratar a los heridos. Muchas personas no tienen comida. Y esta es nuestra tierra ancestral. Es bárbaro tomar nuestra tierra para la caza de lujo de los líderes de los Emiratos Árabes Unidos".
– Líder masái anónimo, Tanzania
El 8 de junio de 2022, docenas de vehículos policiales y unos 700 agentes llegaron a Loliondo, en el norte de Tanzania, cerca del Parque Nacional del Serengeti, para demarcar un área de 1.500 km2 de tierra masái como reserva de caza. El 10 de junio dispararon contra el pueblo masái que protestaba contra los desalojos: al menos 18 hombres y 13 mujeres recibieron disparos y 13 resultaron heridos con machetes. Se confirmó la muerte de una persona. Otterlo Business Company (OBC), con sede en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), que realiza excursiones de caza para la familia real del país y sus invitados, controlará la caza comercial en el área. La ONG Survival International informó que, tras la violencia, miles de personas Masái huyeron de sus hogares y la policía fue casa por casa golpeando y arrestando a personas que creen que distribuyeron imágenes del desalojo. En octubre de 2022, más de 70 organizaciones y casi 100 particulares pidieron públicamente al Gobierno de Tanzania que dejara de criminalizar al pueblo masái por defender y ejercer sus derechos, que liberara a las personas encarceladas por cargos falsos, que proporcionara acceso a la justicia a todas las víctimas y que cancelara cualquier concesión o permiso otorgado a la OBC para este proyecto. Invitamos a Otterlo Business Corporation a responder a estas acusaciones; no respondió.
Brasil
Ataque a los yanomami defendiendo su territorio
Brasil
Ataque a los yanomami defendiendo su territorio
La Tierra Yanomami es el territorio indígena más grande de Brasil, donde viven más de 25.000 yanomamis. A pesar de que la reserva está protegida por la ley, la minería ilegal de oro está teniendo un efecto devastador: contamina los ríos, destruye el bosque y genera un daño significativo a la salud. El mercurio utilizado en la minería ilegal está envenenando la tierra utilizada para cultivar y el agua utilizada para beber y pescar, y la afluencia de mineros (garimpeiros) expone a las personas a enfermedades, lo que en conjunto trae como consecuencia una explosión de casos de malaria y desnutrición severa. Si bien la minería ilegal ha estado presente en el territorio desde la década de 1970, se expandió bajo la administración de Bolsonaro, lo que debilitó las protecciones ambientales y redujo los poderes de las agencias federales responsables de la protección ambiental y los asuntos indígenas. Otros factores que contribuyen son la falta de transparencia en la cadena de producción de oro, las fallas regulatorias que permiten el fraude en la declaración de origen y el empeoramiento del desempleo en Brasil. La investigación realizada por Hutukara Associação Yanomami encontró que de 2016 a 2020, la exploración de pozos en la Tierra Indígena Yanomami creció en más del 3.350%.
Los garimpeiros han llevado a cabo varios ataques contra el pueblo Yanomami que protege su territorio y sus recursos naturales de la minería, incluyendo el asesinato de dos personas y heridas a otras cinco en abril de 2022. Ese mismo mes, una niña de 12 años fue violada y asesinada y los garimpeiros arrojaron a un niño de 4 años a un río. Los mineros también han abusado sexualmente de mujeres y niños a cambio de comida. En enero de 2023, el Ministerio de Salud de Brasil declaró una emergencia médica en el territorio Yanomami y lanzó una operación para expulsar a los mineros ilegales.
Repórter Brasil, el Instituto Escolhas y Human Rights Watch han identificado empresas potencialmente conectadas con oro extraído ilegalmente de tierras indígenas en Brasil, incluido el Territorio Indígena Yanomami. El Centro de Información invitó a Ourominas, D'Gold, Carol, Bulgari, Rolex y Tiffany & Co a responder a las acusaciones. Ourominas, Rolex y Tiffany & Co respondieron y su respuesta completa se encuentra disponible aquí; D'Gold, Carol, y Bulgari no lo hicieron.
Las cinco empresas cuyas operaciones, cadenas de valor o relaciones comerciales estuvieron relacionadas con el mayor número de ataques en 2022 fueron JSW Steel Ltd. (India), Otterlo Busines Corporation (EAU), TotalEnergies (Francia, accionista mayoritario del oleoducto de África Oriental), Inversiones los Pinares (Honduras) y NagaCorp Ltd y su filial NagaWorld (Camboya) (puede descargarse más información sobre las denuncias aquí). Esto incluye todos los ataques contra personas defensoras que plantean problemas de derechos humanos en relación con las operaciones, las cadenas de valor o las relaciones comerciales de estas empresas, aunque la empresa no haya perpetrado el ataque directamente.
Invitamos a estas empresas a responder JSW Steel Ltd. y TotalEnergies respondieron; sus respuestas completas están disponibles aquí. Otterlo Business Corporation, Inversiones los Pinares y NagaCorp no respondieron.
Hay muchas maneras en que las empresas pueden involucrarse en ataques contra las personas defensoras, incluyendo:
- Llamar a la policía o a las fuerzas de seguridad del Estado para dispersar una protesta pacífica en uno de sus lugares de operación;
- Amenazar, despedir o pedir el arresto de dirigentes sindicales;
- Cooperar con la represión estatal, por ejemplo, proporcionando servicios o productos que permitan la vigilancia de periodistas y otras personas defensoras;
- Iniciar demandas contra personas defensoras por difamación, daños o incitación a cometer un delito grave; y
- Abogar por políticas que restringen las libertades cívicas, como las leyes "anti-protesta" y las leyes que conducen a la criminalización de las personas defensoras.
Las tácticas menos obvias para silenciar a las personas defensoras y socavar sus derechos incluyen proporcionar incentivos para que algunos miembros de la comunidad creen divisiones, obstruir la sindicalización, difundir información distorsionada sobre proyectos, presionar contra la regulación destinada a proteger los derechos humanos y el medio ambiente, y explotar los vacíos de gobernanza para beneficio corporativo, entre otros.
De acuerdo con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las orientaciones subsiguientes, si los actores empresariales están causando o contribuyendo a abusos contra los derechos humanos que afectan a las personas defensoras, su responsabilidad es clara: poner fin al abuso y abordar y reparar cualquier daño. Incluso en los casos en que no hay vínculos directos aparentes entre empresas o inversionistas y ataques, se espera que los actores empresariales con operaciones, cadenas de suministro, relaciones empresariales y / o inversiones utilicen proactivamente su influencia para promover el respeto de los derechos de las personas defensoras y las libertades cívicas. Además, las restricciones a las libertades cívicas indican contextos más riesgosos para la inversión y la actividad económica y crean una "caja negra de información" para empresas e inversionistas, lo que dificulta la participación en una sólida diligencia debida en materia de derechos humanos.
Otros actores no estatales involucrados en ataques contra personas defensoras incluyen mineros ilegales, madereros y grupos delictivos organizados. La minería y la tala ilegales -extracción de estos recursos naturales realizada sin derechos propios sobre la tierra, licencias de exploración o transporte y otros permisos- a menudo se asocian con importantes abusos de los derechos humanos, daños ambientales y corrupción. La falta de transparencia en las cadenas de suministro de metales preciosos, la débil regulación tanto en los países productores como en los consumidores, el potencial de ganancias significativas y los altos niveles de impunidad alimentan la explotación en este sector.
Las personas que denuncian la minería y la tala ilegales están protegiendo sus tierras, el agua limpia y la biodiversidad; la lucha contra la contaminación y la deforestación; y están ayudando a abordar la crisis climática. A menudo se enfrentan a amenazas y violencia por parte de quienes participan en esta explotación ilegal de recursos. Si bien las empresas no son perpetradoras directas de estos ataques, estos recursos extraídos ilegalmente a menudo terminan en sus cadenas de suministro, lo que demuestra la necesidad de una mayor diligencia debida en materia de derechos humanos entre las empresas de abastecimiento.
Actores estatales
Entre los casos que monitoreamos donde la información estaba disponible públicamente sobre los presuntos autores de ataques, la policía fue mencionada con mayor frecuencia, seguida por el sistema judicial. Los datos que descubrimos muestran cómo los gobiernos están fallando en su deber de proteger los derechos y, además, están utilizando activamente agentes y armas del Estado (policía, fuerzas armadas y el sistema judicial) para tratar de silenciar y detener el trabajo de derechos humanos y protección ambiental. Según el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos, los gobiernos tienen el deber de investigar, castigar y reparar todas las formas de amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos en un contexto empresarial; sin embargo, muchos tienen un interés personal en que estos ataques ocurran por debajo del radar, dada su participación. Además, muy pocos Estados están reuniendo datos oficiales sobre ataques letales y no letales.
Avances en la legislación y compromisos voluntarios
En los últimos dos años, ha habido varios desarrollos significativos relacionados con las empresas y las personas defensoras de los derechos humanos, tanto en el derecho blando (soft law) y duro (hard law), impulsados por años de incidencia de la sociedad civil. En 2021, la interpretación fundamental de los Principios Rectores por parte del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos aclaró la responsabilidad normativa de los actores empresariales de respetar los derechos de las personas defensoras y destacó el papel fundamental que desempeñan las personas defensoras en los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos y en permitir que las empresas comprendan las preocupaciones de las partes interesadas afectadas. Además, entró en vigor el Acuerdo de Escazú, el primer instrumento jurídicamente vinculante en el mundo que incluye disposiciones sobre personas defensoras de derechos humanos ambientales y el primer acuerdo ambiental adoptado en América Latina y el Caribe.
Los hitos en 2022 y 2023 incluyen:
- Adopción de la Recomendación General 39 sobre Mujeres y Niñas Indígenas por el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el primer instrumento vinculante centrado en los derechos de las mujeres y niñas indígenas. Que incluye por primera vez un lenguaje centrado en los derechos de las Mujeres y Niñas Indígenas en un tratado internacional vinculante. La recomendación también reconoce que las mujeres y niñas indígenas están a la vanguardia de la demanda y la acción por un medio ambiente limpio, seguro, saludable y sostenible.
- La inclusión de requisitos reforzados de consulta a las partes interesadas y lenguaje sobre las personas defensores de los derechos humanos en el texto de la legislación de la Unión Europea sobre diligencia debida en materia de sostenibilidad corporativa aprobado por la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo (JURI) el 25 de abril de 2023, hace más probable que el texto final de esta histórica legislación sobre responsabilidad corporativa pueda incluir requisitos relacionados con los defensores. Al mismo tiempo, el lenguaje de la posición de la comisión JURI es en algunos aspectos más débil que el texto propuesto por la eurodiputada principal Lara Wolters en su anterior proyecto de informe. El Enfoque General del Consejo de la UE adoptado por los Estados miembros el 1 de diciembre de 2022 también incluye lenguaje sobre personas defensoras y las menciona explícitamente como partes interesadas cuyos derechos o intereses podrían verse afectados por la actividad empresarial.
- Nombramiento del ex Relator Especial de la ONU y Defensor de los Derechos Humanos Michel Forst como el primer Relator Especial sobre los Personas defensoras del Medio Ambiente en virtud de la Convención de Aarhus, que protege el derecho a vivir en un medio ambiente saludable en la Unión Europea. Este es el primer mecanismo de protección específica de las personas defensoras del medio ambiente que se establece dentro de un marco jurídicamente vinculante, ya sea bajo un sistema de la ONU u otra estructura intergubernamental.
- Consultas sobre la revisión de las Directrices de la OCDE sobre Empresas Multinacionales, en las que grupos de la sociedad civil han instado a fortalecer el texto sobre represalias e incluir explícitamente a las "personas defensoras de los derechos humanos".
- Varios compromisos corporativos y gubernamentales para la protección del espacio cívico y las personas defensoras de los derechos humanos como parte de la Cumbre de los Estados Unidos para la Democracia.
Estos y otros acontecimientos indican un impulso hacia el reconocimiento de la necesidad de prevenir y abordar los ataques contra las personas defensoras que denuncian daños relacionados con las empresas, incluso entre las propias empresas. Por ejemplo, Hewlett Packard Enterprises emitió un compromiso político para respetar los derechos de los grupos marginados (incluidos las personas defensoras) en enero de 2022, y TotalEnergies publicó información sobre las medidas que ha tomado con respecto a las personas defensoras de los derechos humanos y la libertad de expresión en Uganda (véase también la política de derechos humanos de TotalEnergies EP Uganda). Además, la iniciativa de principios voluntarios, una iniciativa de múltiples partes interesadas que guía a las empresas mineras, de petróleo y gas sobre cómo llevar a cabo sus operaciones de seguridad de manera tal que respete los derechos humanos, se publicará a mediados de 2023.
La magnitud y gravedad de los ataques contra personas de todo el mundo que protegen nuestros derechos y nuestro medio ambiente muestran claramente la necesidad de actuar con urgencia. Pedimos a los Estados que cumplan con su deber de proteger a las personas defensoras de derechos y a los actores empresariales que respeten los derechos de las personas defensoras actuando conforme a estas recomendaciones.
Recomendaciones para los Estados
- Aprobar e implementar legislación que reconozca el derecho a defender los derechos y el papel vital de las personas defensoras, tanto individuales como colectivas, en la promoción de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y un medio ambiente saludable y comprometerse a la tolerancia cero de ataques (más detalles sobre las recomendaciones están disponibles aquí). Esto debe incluir el reconocimiento legal de los derechos específicos de los pueblos indígenas y afrodescendientes (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Adherirse o, si ya las han ratificado, aplicar plenamente las normas internacionales y regionales clave que protegen las libertades cívicas de las personas defensoras, incluidas las que denuncian prácticas empresariales nocivas.
- Aprobar leyes nacionales para implementar los Principios Rectores de las Naciones Unidas, incluida la legislación obligatoria de diligencia debida en materia de derechos humanos, y consultar con las personas defensoras en todas las etapas de este proceso. Esta legislación debe exigir que los actores empresariales participen en consultas continuas, seguras y efectivas con las personas defensoras y otros titulares de derechos afectados potencial o directamente, lo que debe ser una parte integral de los planes de mitigación y adaptación al clima, y debe estar alineada con las orientaciones del grupo de trabajo de la ONU sobre personas defensoras y otras normas clave mencionadas anteriormente (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Recopilar y reportar datos sobre ataques no letales y letales para informar mecanismos de protección más efectivos y aprobar legislación anti-SLAPP para evitar que las empresas silencien a las personas defensoras (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Garantizar una reparación efectiva cuando ocurran violaciones, incluso fortaleciendo los sistemas judiciales para responsabilizar a las empresas por actos de represalia contra las personas defensoras y participando activamente en la investigación y el enjuiciamiento de los responsables de los ataques.
- Avanzar hacia el apoyo en la adopción de un tratado vinculante de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos y garantizar que éste reconozca explícitamente los riesgos que enfrentan las personas defensoras y su derecho a defender los derechos humanos.
Recomendaciones para las empresas
- Adoptar e implementar compromisos políticos que reconozcan el valioso papel de las personas defensoras, referenciar los riesgos específicos para las personas defensoras, garantizar un compromiso efectivo y la consulta con las personas defensoras en todas las etapas del proceso de diligencia debida y comprometerse con la tolerancia cero a las represalias en todas las operaciones, cadenas de suministro y relaciones comerciales de la empresa.
- Crear compromisos públicos para respetar los derechos fundamentales, prestando especial atención a los derechos que a menudo se abusan en relación con los ataques contra las personas defensoras, como las violaciones de los derechos de la tierra y los derechos de los pueblos indígenas.
- Participar e informar sobre los resultados de la debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente que integren una perspectiva de género en todo momento y garantice el acceso efectivo a la reparación para las personas perjudicadas por la actividad empresarial, de conformidad con los Principios Rectores, la orientación del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas para garantizar el respeto de las personas defensoras y la orientación de género del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas.
- Reconocer que las personas defensoras indígenas corren un riesgo desproporcionado, respetar los derechos de los pueblos indígenas, basados en sus derechos a la autodeterminación, tierras, territorios y recursos; y el derecho al consentimiento libre, previo e informado, incluido su derecho a definir el proceso mediante el cual se logra el CLPI y a suspender el consentimiento (recomendaciones más detalladas disponibles aquí).
- Reconocer públicamente que las personas defensoras tienen derecho a defender los derechos humanos y son aliadas esenciales para ayudar a las empresas a cumplir con sus responsabilidades bajo los Principios Rectores de las Naciones Unidas.
Recomendaciones para los inversionistas
- Publicar una política pública de derechos humanos que reconozca el valioso papel de las personas defensoras en la identificación de los riesgos asociados con las actividades empresariales y comprometerse a adoptar un enfoque de tolerancia cero a los ataques contra las personas defensoras. Comunicar claramente las expectativas de derechos humanos incluidas en esta política a las empresas de su portafolio, que incluya que las empresas:
‣ divulguen los riesgos relacionados con los derechos humanos y el medio ambiente;
‣ participen en consultas continuas con las comunidades, los trabajadores y las personas defensoras;
‣ cuenten con políticas y procesos para respetar los derechos de los pueblos indígenas (incluidos los derechos a la tierra y el consentimiento libre, previo e informado);
‣ respetar los derechos de las personas defensoras; y - garantizar el acceso efectivo a la reparación cuando se produce un daño.
- Llevar a cabo una diligencia debida rigurosa en materia de derechos humanos y medio ambiente que integre una perspectiva de género en todo momento y revisar a los receptores potenciales de inversiones para detectar cualquier participación pasada en represalias. Evitar invertir en empresas con este historial.
- Utilizar el apalancamiento con empresas receptoras de inversiones que causen, contribuyan o estén directamente vinculadas a abusos a los derechos humanos y los daños ambientales, incluidos los ataques a las personas defensoras, de modo que la empresa mitigue el impacto negativo.
Autoras: Christen Dobson y Ana Zbona
Investigadoras y colaboradoras: Lady Nancy Zuluaga Jaramillo, Valentina Muñoz Bernal, Vitória Dell'Aringa Rocha, Ella Skybenko, Vladyslava Kaplina, Andrea Maria Pelliconi
El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es una ONG internacional que monitorea los impactos en los derechos humanos de más de 10,000 empresas en más de 180 países, haciendo que la información esté disponible en nuestro sitio web en 10 idiomas. El programa de Libertades Cívicas y Personas defensoras de los Derechos Humanos del Centro de Información aborda las causas fundamentales de los asesinatos y la violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos y el medio ambiente vinculados a las operaciones de las empresas y las cadenas de suministro globales; aboga por las prácticas respetuosas de los derechos y la rendición de cuentas por parte de los actores corporativos; y aumenta la acción rápida y la participación a largo plazo de los actores empresariales en apoyo de las personas defensoras y las libertades cívicas para prevenir ataques contra las personas defensoras para que puedan defender con seguridad los derechos humanos.
Cover image: Emily Arasim/WECAN International
Lecturas adicionales
Personas defensoras de derechos humanos y empresas 2021
Proteger los derechos de las personas impulsando una transición justa
Informe: Protector no prisionero
Explorar las violaciones de derechos y la criminalización de los pueblos indígenas en las acciones climáticas
Informe: Centrarse en lo humano
Garantizar que la legislación sobre diligencia debida escuche voz de los afectados por empresas irresponsables
Personas defensoras de los derechos humanos y libertades cívicas
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Base de datos de personas defensoras
Nuestra base de datos de ataques contra personas defensoras de los derechos humanos relacionados con empresas
SLAPPs
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