Un nuevo informe publicado hoy (18 de septiembre de 2024) ha revelado cómo las principales empresas de ropa en México no están abordando los riesgos de derechos humanos asociados con sus operaciones y cadenas de suministro. La investigación, publicada por el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, analiza las políticas de derechos humanos y la transparencia en las cadenas de suministro de 18 grandes empresas matrices de las principales marcas de ropa del país. El informe revela una preocupante falta de transparencia y mecanismos inadecuados para abordar los impactos en los derechos humanos en la industria indumentaria de México.

La industria indumentaria en México está plagada de malas condiciones de trabajo, como salarios precarios, falta de seguridad social, largas jornadas laborales y condiciones insalubres, y las trabajadoras sufren discriminación sistémica y violencia de género. El informe subraya que la compleja y fragmentada cadena de suministro de ropa del país dificulta la trazabilidad y la rendición de cuentas por estos abusos, ya que las grandes empresas detrás de las principales marcas de ropa subcontratan sus operaciones a empresas más pequeñas (maquilas).

Estas empresas no están dispuestas a colaborar con la sociedad civil en cuestiones de derechos humanos, como demuestra su falta de compromiso con este informe, y muy pocas de ellas llevan a cabo los tres componentes básicos para una adecuada diligencia debida en materia de derechos humanos. El informe establece recomendaciones para estas empresas y para el gobierno, que tienen la capacidad y la influencia para mejorar el panorama de los derechos laborales en todo el sector.

Hallazgos claves en la investigación sobre estas 18 empresas líderes del sector indumentario en México:

• Sólo una empresa (C&A México) respondió a una encuesta sobre su diligencia debida en materia de derechos humanos. Sin embargo, su empresa matriz, el Grupo Alfar, no respondió.
• Sólo tres empresas (H&M, Levi Strauss México y Grupo Diltex) divulgan públicamente información sobre su cadena de suministro por debajo del primer nivel.
• Sólo tres empresas (H&M, Levi Strauss México y El Puerto de Liverpool) tienen a disposición del público políticas de derechos humanos y cadena de suministro responsable que se aplican a todos los proveedores y socios. Una empresa (Diltex Group) informó de que dispone de procedimientos internos para garantizar el uso de proveedores que respeten los derechos humanos.
• Cinco empresas (H&M, Levi Strauss México, El Puerto de Liverpool, Grupo Diltex y Grupo Palacio de Hierro) publican Códigos de Conducta para proveedores que incluyen los derechos humanos. Los Códigos de Conducta de dos empresas (Grupo Kaltex y Grupo Sanborns) sólo se aplican a sus operaciones directas.

Una nueva ola de avances normativos está provocando un cambio desde la debida diligencia voluntaria a la debida diligencia obligatoria en materia de derechos humanos, lo que obligará a las empresas de la confección en México - y a sus empresas matrices- a prestar más atención a los abusos que tienen lugar en sus cadenas de suministro. Las reformas laborales de México, el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) y la adopción de la Directiva de la UE sobre la Debida Diligencia en la Sostenibilidad Corporativa (CSDDD, por sus siglas en inglés) harán imperativo que estas empresas lleven a cabo procesos sólidos de debida diligencia en sus propias prácticas de compra, así como que se aseguren de que sus proveedores hagan lo mismo. Esto significará identificar, mitigar y remediar urgentemente cualquier daño asociado a sus cadenas de suministro.

Mariana Franco González, investigadora para México, Centroamérica y el Caribe del Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, ha afirmado: «El sector mexicano de la indumentaria está plagado de abusos de los derechos laborales. Durante más de 30 años se han documentado informes sobre condiciones extremadamente deficientes, en las que los trabajadores se enfrentan a salarios precarios, largas jornadas laborales y condiciones insalubres.

La mayoría de las personas trabajadoras del sector están contratadas de manera informal, lo que hace casi imposible documentar la verdadera realidad de las violaciones de los derechos laborales que se producen en el sector. Mientras tanto, las mujeres -que constituyen la mayoría de la mano de obra del sector de la confección en México- se enfrentan a daños adicionales, como la discriminación sistémica y la violencia de género, mientras que los pueblos indígenas a menudo se enfrentan a peores condiciones laborales que sus compañeros y a la apropiación cultural.

«Todo ello se ve impulsado por una cadena de suministro compleja y fragmentada, en la que un puñado de grandes empresas son propietarias de las mayores marcas de ropa que se producen y venden en México. Estas empresas matrices a menudo subcontratan las operaciones a empresas medianas, que a su vez subcontratan la producción a pequeñas empresas y microempresas, lo que hace imposible garantizar la trazabilidad y la rendición de cuentas por los abusos contra los derechos humanos que se producen a lo largo de la cadena de suministro.

«Hay una necesidad urgente de una revisión de la industria, que debe ser liderada por las grandes empresas matrices, que tienen el poder y la influencia para mejorar las políticas de derechos humanos e implementar el cambio en todos los ámbitos. Estas empresas pueden y deben garantizar que se respetan los derechos laborales y las normas medioambientales en todo el sector. Como primer paso, las marcas deben garantizar procesos transparentes de diligencia debida en sus propias prácticas de compra y en las de sus proveedores, especialmente en las maquilas. Tienen el potencial de promover mejores prácticas y erradicar los abusos o, como mínimo, establecer mecanismos que garanticen que están identificando los riesgos y poniéndoles remedio allí donde se producen.

«El gobierno mexicano tiene el deber de proteger los derechos humanos en esta industria. Esto requiere tomar las medidas adecuadas para prevenir, investigar, castigar y reparar tales abusos a través de políticas, legislación, regulaciones y adjudicaciones efectivas. Teniendo en cuenta la transición gubernamental en curso, es crucial desarrollar y aplicar políticas y legislación nacionales y subnacionales de diligencia debida en materia de derechos humanos, en consonancia con las normas internacionales, que obliguen a la transparencia de la cadena de suministro, exijan la participación de los trabajadores y amplíen el alcance de los requisitos de diligencia debida a toda la cadena de suministro, más allá del primer nivel.»// FIN

Notas:  

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos es una ONG global que realiza un seguimiento del impacto de las empresas en los derechos humanos en todo el mundo. El informe completo se puede leer aquí.

Contacto para los medios: Harriet Wood, Responsable de  Comunicación, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, [email protected]