"Brasil: Contribuciones al debate sobre la responsabilidad y regulación de las plataformas digitales", 3 de Agosto de 2023

Brasil debate la regulación de las plataformas digitales, lo cual trae consigo grandes desafíos y debates para los derechos digitales de la población brasileña.

El PL-2630 nació en 2020 y también es conocido como la “Ley de Fake News”. Desde entonces, se han realizado múltiples esfuerzos desde la sociedad civil, como los de la Coalizão Direitos na Rede cuya participación ha buscado mejorar la propuesta y neutralizar las amenazas que podría tener la ley. 

Fue en 2022 que se lanzó un nuevo borrador de la iniciativa en el contexto  del intento fallido de la extrema derecha por derrocar la nueva administración del presidente Lula da Silva y el pico de ataques violentos en las escuelas brasileñas. Para el nuevo borrador, el Poder Ejecutivo sugirió al relator del proyecto de ley múltiples cambios inspirados en leyes como la NetzDG, de Alemania, la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la Unión Europea (UE) y proyectos legislativos como la controvertida Online Safety Bill del Reino Unido. Esta nueva versión publicada, sostiene algunas de esas propuestas, como la creación de normas para la evaluación de riesgos, obligaciones de deber de cuidado y nuevas excepciones para la norma general de Brasil en cuanto a la responsabilidad legal de los intermediarios en línea.

Como parte de los esfuerzos para contribuir al debate de regulación de plataformas en curso en Brasil y teniendo en cuenta las acciones de la sociedad civil, desde Access Now y Electronic Frontier Foundation (EFF) preparamos un documento conjunto en el que profundizamos en los orígenes y razones que mantienen a la sociedad brasileña interesada en las discusiones alrededor de el PL-2630. En la investigación también señalamos los puntos clave que resultan problemáticos de este proyecto y que deben de atenderse previo a su aprobación.

Algunos de estos puntos y vías de mitigación consisten en: 

• Neutralización de riesgos de abuso de las regulaciones basadas en el contenido, anulación de las obligaciones de deber de cuidado y evaluación cuidadosa del impacto sistémico y establecimiento explícito del hecho de que la responsabilidad de las plataformas no implica el monitoreo y filtrado generales del contenido de las personas usuarias.
• Provisión de controles y contrapesos sólidos, así como salvaguardas de los debidos procesos, para la aplicación de normas específicas a situaciones de conflicto y riesgo inminente.
• Diseño cuidadoso y estipulación de medios adecuados para establecer una estructura de supervisión independiente, autónoma, participativa y compuesta por múltiples partes interesadas para respaldar la regulación.
• Establecimiento de salvaguardas claras para evitar el incremento de los riesgos de vigilancia y otros riesgos de seguridad asociados.
• Abstenerse de brindar protecciones de discurso especiales a los funcionarios del gobierno, que tienen responsabilidades especiales en cuanto a los estándares de derechos humanos.
• Establecimiento de sanciones adecuadas en función de los estándares de derechos humanos y las garantías de los debidos procesos, en particular, a la hora de bloquear aplicaciones en línea.

Reiteramos nuestro llamado a que la iniciativa de ley escuche las propuestas que buscan fortalecer los derechos de las personas usuarias frente a las aplicaciones digitales dominantes, como el presente documento, en lugar de abrir margen a amenazas.