Perfil de las demandas judiciales contra Chevron/Texaco por actividades en Ecuador
Fuentes
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Demandas en los EE.UU.
En 1993 un grupo de ciudadanos ecuatorianos de la región de Oriente presentó una demanda colectiva ante una corte federal de los EE.UU. contra Texaco (Aguinda v. Texaco), y en 1994 un grupo de ciudadanos peruanos que viven aguas abajo de la región de Oriente también presentó una demanda colectiva contra Texaco en la corte federal en EE.UU. (Jota v. Texaco). Las dos demandas sostenían que entre 1964 y 1992 Texaco contaminó la selva y ríos en Ecuador y Perú durante el transcurso de sus operaciones petroleras, lo que resultó en daños al medio ambiente y a la salud de las personas que viven en la región. Ambas demandas fueron desestimadas por la corte federal de EE.UU. en el 2002 al invocar el principio de forum non conveniens (es decir, la corte declaró que Ecuador era un lugar más apropiado para litigar estas demandas). En relación con esta decisión, Texaco estuvo de acuerdo con que las cortes de Ecuador y/o Perú tendrían jurisdicción sobre las denuncias de los demandantes.
Procedimientos judiciales en Ecuador
En el 2003 una demanda colectiva fue presentada contra Texaco (que fue adquirida por Chevron en el 2001) en Ecuador alegando grave contaminación ambiental en las tierras donde Texaco llevó a cabo sus actividades de explotación de petróleo. Los demandantes argumentaron que ésta contaminación causó un aumento en los casos de cáncer, así como otros graves problemas de salud para los residentes de la región. Las inspecciones judiciales de los sitios presuntamente contaminados se iniciaron en agosto del 2004. A principios del 2008, un experto independiente le recomendó a la corte que Chevron debería pagar entre 7 mil y 16 mil millones de dólares en compensación por la contaminación. El mismo experto aumentó su estimación de los daños a 27 mil millones de dólares en noviembre del 2008.
En el 2008 fue reportado en la prensa que Chevron presionó al gobierno de los EE.UU. para que terminara las preferencias comerciales otorgadas a Ecuador a raíz de ésta demanda. Tras alegaciones de mal comportamiento judicial, el primer juez en este caso se retiró y un nuevo juez fue nombrado. Después de una petición favorable a Chevron en un tribunal de EE.UU. para que le entregaran a la empresa secuencias no utilizadas del documental "Crude", Chevron presentó una petición ante la corte en agosto del 2010 pidiendo que la demanda fuera rechazada pues supuestamente ciertas partes de este material de archivo mostraban un presunto fraude por parte de los demandantes. En septiembre del 2010, los demandantes presentaron una nueva evaluación de daños y perjuicios declarando que el costo estaría entre 90 mil y 113 mil millones de dólares. El mismo mes, el juez finalizó la fase probatoria del juicio. El 14 de febrero del 2011, el juez ecuatoriano emitió un fallo en el juicio en contra de Chevron. El fallo ordenó a Chevron pagar 8 mil 600 millones dólares en daños y costos de limpieza, monto que aumentaría a 18 mil millones de dólares si Chevron no emitía una disculpa pública. Chevron declaró que cree que el fallo es "ilegítimo" y "no ejecutable", y apeló la sentencia. El 3 de enero del 2012 un panel de tres jueces de la Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos reafirmó el fallo contra Chevron de febrero del 2011.
El 20 de enero de 2012, Chevron apeló la decisión con la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. En marzo de 2012, Chevron solicitó a la Corte Provincial de Justicia por cuarta vez bloquear la ejecución del Gobierno ecuatoriano de la sentencia de 18 de millones de dólares contra ella. El 28 de marzo de 2012, el tribunal dictaminó que Chevron no tenía derecho a utilizar una orden del tribunal de arbitraje internacional, que pedía al Gobierno del Ecuador que suspendiera el litigio, para bloquear a los demandantes la ejecución de la sentencia. En un esfuerzo por cumplir la sentencia, los demandantes ecuatorianos presentaron una demanda en Canadá en mayo de 2012 y otro en Brasil en junio de 2012 que apuntaba a los activos de Chevron en esos países. El 6 de agosto de 2012, la corte ecuatoriana dictaminó que Chevron tenía hasta el final del día para pagar la sentencia 19 de millones de dólares. El precio se incrementó en julio de 2012, después de que el juez Ortiz calculara diversos costes obligatorios requeridos por la ley ecuatoriana. En octubre de 2012, la corte ecuatoriana emitió una orden que permitía a los demandantes quedarse con alrededor de 200 millones de activos de Chevron ubicadas en el país, en un esfuerzo para cobrar la sentencia en contra de la empresa. El 12 de noviembre de 2013, Tribunal Supremo de Ecuador confirmó el fallo de agosto de 2012 contra Texaco / Chevron por daños ambientales, pero redujo a la mitad la cantidad por daños a 9.51 mil millones.
En septiembre de 2014, Chevron informa que presentó una demanda contra Woodsford Litigios financiación, que habían financiado a los abogados que trabajan en ejecución de la sentencia ecuatoriana de 9.5 millones de dólares contra Chevron. Chevron se defiende diciendo que el juicio se ganó mediante el fraude y el soborno.
Procedimientos de arbitraje internacionales
En diciembre del 2006, y nuevamente en septiembre del 2009, Chevron presentó una queja de arbitraje internacional ante la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, alegando que el gobierno de Ecuador había violado un tratado bilateral de inversión entre EE.UU. y Ecuador. Chevron afirmó que Ecuador violó el derecho internacional por haber ejercido presión indebida sobre el poder judicial, poniendo en riesgo su independencia. En marzo del 2010 el panel de arbitraje dictaminó que el gobierno de Ecuador había violado el tratado bilateral de inversiones y el derecho internacional, al demorar los fallos en la disputa comercial pendiente en las cortes ecuatorianas. El gobierno de Ecuador y los querellantes en la demanda en Ecuador, a su vez, presentaron una demanda en un tribunal federal de EE.UU. pidiendo una orden judicial que impidiera a Chevron proceder con el arbitraje según el tratado bilateral de inversiones. Las partes argumentaron que se negarían los derechos al debido proceso en Ecuador si Chevron procedía con su arbitraje. En marzo del 2010, el tribunal de EE.UU. falló en su contra y decidió que Chevron podía solicitar arbitraje internacional en este caso. Los demandantes y el gobierno de Ecuador apelaron esta decisión. En un esfuerzo por probar su caso, Chevron presentó demandas en diez tribunales federales de EE.UU. para tratar de obtener documentos reveladores de varios consultores que los demandantes usaron para la estimación de los daños. En febrero del 2011, el panel de arbitraje internacional emitió un fallo provisional a favor de Chevron, ordenándole a Ecuador que suspendiera la ejecución de cualquier sentencia contra la empresa en el procedimiento jurídico ecuatoriano. En febrero del 2012, el panel de arbitraje se reunió para evaluar el cumplimiento de Ecuador de la orden provisional. En febrero de 2013, el tribunal de arbitraje dictaminó que el Ecuador no había cumplido con las medidas provisionales ordenadas.
En marzo de 2015, el tribunal de arbitraje sostuvo que el acuerdo entre Chevron y Ecuador no se oponía a que los pobladores demandaran por contaminación en el futuro. El tribunal aún tiene que considerar si la emisión de la sentencia ecuatoriana violaba el acuerdo de inversión con Texaco.
En enero de 2016 el tribunal de arbitraje internacional falló a favor de Chevron, afirmando una vinculación entre Estados Unidos y Ecuador mediante un acuerdo de inversión. Ecuador dijo que apelará la decisión. En junio de 2016, el Tribunal Supremo de Estados Unidos se negó a oír la demanda de Ecuador al laudo arbitral de Chevron. En julio de 2016 Ecuador indicó que había implementado la decisión del arbitraje y el pago de la prima de 112 millones de dólares ($ 96 millones de condena más intereses), a Chevron.
Procedimientos judiciales en EE.UU. después de la sentencia ecuatoriana
Chevron presentó una demanda por chantaje (“racketeering”) contra los abogados y representantes de los demandantes en una corte federal de EE.UU. el 1 de febrero del 2011. Esta demanda alega que los abogados y representantes de los demandantes han conspirado para extorsionar hasta 113 mil millones de dólares de Chevron a través de procedimientos judiciales en Ecuador. Además, Chevron obtuvo una orden de restricción temporal de un juez federal en EE.UU., Lewis Kaplan, el 9 de febrero del 2011, prohibiendo a los demandantes intentar hacer cumplir la sentencia judicial ecuatoriana en EE.UU. Esta orden de restricción temporal fue extendida en marzo del 2011 y luego fue apelada por los demandantes. Mientras tanto, un bufete de abogados estadounidense presentó su propia demanda contra Chevron y contra los asesores legales de Chevron en EE.UU. alegando que estos han interferido ilegalmente en su representación de los demandantes en el procedimiento judicial. El 19 de septiembre del 2011 la corte federal de apelaciones de EE.UU. removió la orden de restricción temporal que prohibía hacer cumplir la sentencia ecuatoriana. La corte también ordenó una suspensión del caso por chantaje que Chevron presentó contra los demandantes. El 29 de noviembre del 2011, Chevron presentó una moción antes de iniciar el juicio para embargar los bienes de los demandantes ecuatorianos en el caso por chantaje. En enero del 2012, el juez federal estadounidense rechazó la moción de Chevron y afirmó que podía ser renovada en una fecha posterior. El 5 de enero del 2012, Chevron pidió a la corte de apelaciones federal de EE.UU. que restaurara la orden judicial prohibiendo a los demandantes intentar hacer cumplir la sentencia ecuatoriana. El 19 de enero del 2012, la corte rechazó la petición de Chevron. El 26 de enero del 2012 la corte de apelaciones, explicando su decisión anterior, declaró que el juez de distrito Kaplan no tenía la autoridad para prohibir la ejecución de la sentencia de 18 mil millones de dólares. El 15 de mayo de 2012, el juez de distrito que supervisaba la demanda de extorsión permitido para alegaciones contra el crimen organizado, permitió que ésta continuara, mientras que desestimó las reclamaciones de fraude. En octubre de 2012, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a escuchar la apelación de la sentencia de la decisión del tribunal inferior, argumentando que el juez Kaplan carecía de autoridad para emitir la aplicación de la medida cautelar de bloqueo de la sentencia ecuatoriana de Chevron.
En julio-agosto de 2013, los tribunales federales de Estados Unidos confirmaron las citaciones requeridas por Chevron a Microsoft, Google y Yahoo! exigiendo información privada del usuario sobre abogados, periodistas, abogados ambientales y otros. Chevron pensaba usar esto como parte de su demanda contra el fraude de ciertos demandantes en sus alegaciones sobre contaminación por hidrocarburos ecuatorianos y sus abogados.
En octubre de 2013, el juez Kaplan falló a favor de Chevron y encontró que los abogados de la comunidad ecuatoriana habían utilizado pruebas falsificadas, hizo sobornos y creó documentos fantasma. Por lo tanto, se impidió a los demandantes el cobro del fallo de 9.51 billones, debido a que la "decisión se obtuvo por medios corruptos." Los demandantes apelaron mediante el uso del argumento de que el hecho de que un tribunal de Estados Unidos reconozca un fallo de una jurisdicción extranjera prohíbe a Chevron impugnar la sentencia.
El 8 de agosto de 2016, un tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo con la decisión del tribunal inferior de que la comunidad ecuatoriana afectada no puede cobrar la sentencia ecuatoriana de $ 9,5 mil millones, ya que el juicio se obtuvo por medios corruptos. Los abogados de los demandantes ecuatorianos están examinando otras opciones de apelación.
Procedimientos canadienses
En un esfuerzo por cumplir la sentencia ecuatoriana de $ 9.51 mil millones, los campesinos ecuatorianos presentaron una demanda en Canadá en mayo de 2012, que apuntaba a los activos de Chevron en este país. En septiembre de 2015 el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó que los demandantes tenían capacidad para demandar a Chevron y a su filial en Canadá. En septiembre de 2016, se inició la audiencia en Canadá sobre la ejecución del veredicto ecuatoriano contra Chevron por el que la empresa debe pagar 9 billones de dólares en daños.
En enero 2017, una corte de Ontario, Canadá, decidió que los $9 mil millones de dólares estadounidenses de la sentencia ecuatoriana no podrían ejercerse contra la subsidiaria de Chevron, Chevron Canadá, porque ésta es una entidad legal separada. Los quejosos quieren apelar. El juez, sin embargo, permitió que la aplicación del caso contra Chevron Corp. continuara en juicio.
En septiembre de 2017, el tribunal canadiense ordenó a los ecuatorianos pagar una orden de seguridad de casi $ 1 millón. El tribunal de apelación revocó esta orden y Chevron se vio obligada a cubrir los costos incurridos por los ecuatorianos de impugnar la orden de seguridad. El caso ahora procederá.
En octubre de 2017, los intentos de hacer cumplir el caso en Argentina fueron rechazados por falta de jurisdicción y conexión con Argentina. En noviembre, el Tribunal Superior de Justicia de Brasil se negó a hacer cumplir la decisión por los mismos motivos.
Procedimientos internacionales
En octubre de 2014, las comunidades de la selva tropical del Ecuador presentaron una comunicación a la Corte Penal Internacional en relación an actos del jefe ejecutivo de Chevron para impedir la orden de limpieza de residuos tóxicos en el Amazonas que planeaba la empresa. En marzo de 2015, la Fiscalía de la CPI declinó investigar el caso, con el argumento de que el hecho ocurrió en la década de 1990 y la Corte sólo puede investigar casos ocurridos en 2002 o posteriormente y que los delitos que están bajo jurisdicción de la CPI no cubren los daños ambientales.
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