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Demanda

1 Ene 2009

Autor:
Business & Human Rights Resource Centre

Perfil de las demandas judiciales contra Monterrico Metals por actividades en Perú

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Estatus: CLOSED

Fecha de presentación de la demanda judicial
1 Ene 2009
Desconocido
Defensor de los Derechos Humanos
Lugar de presentación: Reino Unido
Lugar del incidente: Perú
Tipo de litigio: Transnacional

Empresas

Monterrico Metals (part of Zijin) Reino Unido Minería
Newmont (formerly Newmont Goldcorp) Estados Unidos Minería
Rio Tinto Reino Unido Minería
Shell plc Reino Unido Petróleo, gas y carbón
Serco Reino Unido Agencias de empleo
Securitas AB Group Suecia Empresas de seguridad
Teck Resources Canadá Minería
Trafigura Beheer Países Bajos Petróleo, gas y carbón
Unocal (part of Chevron) Estados Unidos Petróleo, gas y carbón
Anglo American Reino Unido Minería
BHP Australia Minería, Petróleo, gas y carbón
bp Reino Unido Petróleo, gas y carbón
BAE Systems Reino Unido Armas y artefactos
Compañia de Minas Buenaventura Perú Metales y acero
Cambior Canadá Minería
Chevron Estados Unidos Petróleo, gas y carbón
Erinys International Reino Unido Empresas de seguridad
Forza (part of Securitas) Perú Empresas de seguridad, Tecnología, telecomunicación y electrónicos
Merck Alemania Farmacéuticas
Mitsubishi Group Japón Químicos: Generales, Alimentos y Bebidas, Aparatos eléctricos, Finanzas y banca, Minería, Tecnología, telecomunicación y electrónicos, Transporte: General
Minera Yanacocha (part of Newmont) Perú Metales y acero, Minería
Tongling Nonferrous Metals China Minería, Metales y acero
Zijin Mining China Minería, Metales y acero

Fuentes

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A principios de 2009, un grupo de 8 peruanos iniciaron acciones legales en la Corte Suprema inglesa en contra de la compañía minera británica Monterrico Metals y su subsidiaria peruana Río Blanco Copper (anteriormente conocida como Minera Majaz). El número de demandantes ha aumentado desde entonces. Los demandantes alegaban que entre julio y agosto de 2005, la policía detuvo a 28 personas que protestaban en contra del desarrollo propuesto de la Mina de Río Blanco, les rociaron la cara con sustancias nocivas, los encapucharon, los golpearon con palos y los azotaron. Dos de las mujeres detenidas alegan que fueron asaltadas sexualmente y amenazadas de ser violadas. Los detenidos reclaman que el abuso y la detención se prolongaron durante tres días y que sufrieron heridas graves. Los demandantes reclaman compensación por daños y perjuicios sufridos por la presunta participación directa de algunos funcionarios de Monterrico y Río Blanco (junto con funcionarios de una empresa de seguridad privada contratada por Río Blanco), por el presunto apoyo material a la policía, y por las faltas en las que incurrió la compañía al no prevenir o reaccionar frente a los abusos. Las compañías niegan cualquier participación en los supuestos abusos.

El 2 de junio de 2009, los demandantes obtuvieron un mandamiento judicial de de congelamiento de activos en la Corte Suprema inglesa que le prohibía a Monterrico disponer de activos hasta el punto de dejarla con menos de 7.2 millones en el Reino Unido. La compañía había indicado que, por razones comerciales, planeaba desafiliarse del índice FTSE del Mercado de Inversiones Alternativas (AIM, en inglés). Tal declaración planteó la preocupación de que la compañía podría transferir activos fuera de la jurisdicción y por lo tanto prevenir que los demandantes obtuvieran  compensación por daños y perjuicios tras una acción legal exitosa. La congelación de activos se declaró permanente el 16 de octubre de 2009 por la suma de 5.051 millones de libras esterlinas. El 20 de julio de 2011, la compañía resolvió el caso por fuera del tribunal al hacer pagos de compensación, pero sin admitir responsabilidad.

El 6 de junio de 2008, el Coordinador Nacional de Perú para los Derechos Humanos (CNDDHH) y la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ) interpusieron una denuncia penal contra los comandantes de policía responsables por la respuesta de la policía a la protesta, los oficiales de policía involucrados en los supuestos abusos, y en contra del personal de seguridad de Río Blanco y otros funcionarios. La denuncia alega que el personal de seguridad de Río Blanco estuvo directamente involucrado en los abusos. El 9 de marzo de 2009, el fiscal absolvió a la compañía minera y su personal de seguridad de los delitos, pero permitió que se realizaran procesos en contra de la policía bajo el cargo de tortura. El 16 de marzo de 2009, FEDEPAZ apeló la decisión del fiscal. El 2 de abril de 2009, la autoridad fiscal aceptó la apelación, y ordenó la ulterior investigación, incluyendo la toma de declaraciones de los empleados identificados y un representante legal de Río Blanco. El 14 de noviembre de 2012 la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura condenó por delito de omisión de denuncia al ex Fiscal Provincial Mixto de Huancabamba. El referido ex Fiscal se acogió al Juzgamiento Anticipado y admitió los hechos contenidos en la acusación fiscal. Reconoció que los campesinos fueron torturados en el campamento minero de la empresa Río Blanco Copper S.A. y que omitió, en forma deliberada, denunciar dichas torturas ante el órgano judicial competente.


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