Foco sobre defensores y defensoras de derechos humanos bajo amenazas y ataques
Enero 2017
América Latina ha experimentado un alarmante aumento en el número de casos de violencia y criminalización en contra de defensores y defensoras, líderes y lideresas comunitarias, sindicalistas y organizaciones. Un informe de 2016 de Global Witness reporta que 185 activistas ambientales fueron asesinados a nivel mundial en 2015; dos tercios en América Latina, “por mucho el mayor número de muertes reportadas anualmente”. Lo anterior, ha sucedido a la par de los avances en materia de empresas y derechos humanos en América Latina. Gobiernos y empresas se han comprometido con los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos de las Naciones Unidas; cinco países iniciaron un proceso para la elaboración de Planes Naciones de Acción sobre empresas y derechos humanos y, Ecuador ha liderado las discusiones sobre la propuesta de un tratado vinculante en la materia.
La lamentable conclusión es que los ataques se han tornado sistemáticos, estratégicos e intrínsecos a la forma como se hacen los negocios en muchos sectores y regiones de América Latina. Existen países – y zonas dentro de esos países - en donde la represión es particularmente intensa. Además, los gobiernos han introducido normas que limitan las libertades ciudadanas en la región. Las regulaciones draconianas y leyes tendenciosas contra quienes se oponen a proyectos e inversiones son empleados rutinariamente en toda la región, para disuadir a otras personas de protestar, independientemente de las posibles consecuencias negativas que tales proyectos puedan traer.
A pesar de todo esto, junto con el imperativo moral para que las empresas eviten el abuso y la represión, existe igualmente una razón clara de negocios. Los abusos y violaciones derivan en protestas, suspensiones y demandas con un alto potencial de pérdidas financieras. En nuestra era de redes sociales globales, las empresas también están cada vez más expuestas al escrutinio público y los riesgos a su reputación que van de la mano de los abusos o violaciones. Esto puede resquebrajar la licencia social para que una empresa opere, incrementa los costos de capital, aísla el talento que es un punto clave para una mayor competitividad y atrae el oprobio de campañas mundiales en su contra.
El informe presenta varias recomendaciones específicas para empresas y gobiernos en América Latina.