En junio irrumpieron protestas en toda la provincia de Jujuy, Argentina, contra la reforma constitucional propuesta por el gobernador Gerardo Morales. Un periodo de debate de 50 días debería haber precedido a la aprobación de la reforma, pero Morales presidió una convención de sólo tres semanas que aprobó cambios en 66 de los 212 artículos de la Constitución provincial.

La reforma incluye disposiciones para criminalizar las protestas públicas y restricciones a la libertad de expresión, petición y asociación; así como mecanismos legales revisados destinados a facilitar el acceso a la tierra a las empresas multinacionales productoras de litio, amenazando los derechos de los pueblos indígenas.

El 14 de junio, indígenas se manifestaron contra la reforma, levantando barricadas por toda la provincia. La policía, ayudada por agentes no identificados que utilizaban vehículos sin distintivos, reprimió violentamente las manifestaciones y practicó una serie de detenciones.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la forma en que se intenta controlar las protestas, visto que fuerzas de seguridad estarían abusando de su fuerza lanzando gases lacrimógenos y balas de goma para disolver cortes de rutas no violentos y que respetan el derecho de paso en autopistas federales. Ante ello, la CIDH llamó al Estado argentino a respetar el derecho a la libertad de expresión, los estándares del uso de la fuerza, y llevar adelante un proceso de diálogo efectivo, inclusivo e intercultural.