Las organizaciones de derechos humanos y derechos digitales abajo firmantes nos unimos al llamado abierto al cese al fuego inmediato para frenar el continuo derramamiento de sangre en Gaza y detener una catástrofe humanitaria y la pérdida de más vidas inocentes en Palestina, Israel, Líbano y más allá. Además, instamos a los gobiernos, las instituciones internacionales, las empresas de tecnología y otras partes interesadas internacionales a asumir la responsabilidad de sus acciones que han habilitado o incitado los descontrolados e indiscriminados ataques israelíes contra civiles en Gaza. Instamos también a que tomen las medidas necesarias para lograr un cese al fuego inmediato y una paz más duradera. Esto incluye defender un “cese al fuego digital” para poner fin de inmediato a los ataques en línea contra personas palestinas en todo el mundo...

A nivel mundial, las voces del pueblo palestino y de quienes apoyan su causa se vieron sofocadas y silenciadas mediante una gran campaña de represión digital, que incluye desinformación, censura, acoso digital, doxxing (publicación maliciosa de información privada) y shadowbanning (limitación de visibilidad de ciertos creadores o contenido)...

Todas las partes del conflicto deben:

• Poner fin de inmediato a los ataques indiscriminados dirigidos a la infraestructura civil, como la infraestructura médica, energética y de telecomunicaciones y, en términos más generales, suspender el uso de armas explosivas en zonas urbanas;
• Tomar todas las precauciones posibles para proteger a la población civil y abstenerse de cometer ataques indiscriminados y desproporcionados;
• Proteger los aspectos físicos y digitales de la seguridad, la dignidad y la integridad de aquellas personas que estén privadas de su libertad y bajo su control, inclusive la protección contra la curiosidad pública en las redes sociales y otros canales de comunicación y abstenerse de utilizar campañas de desinformación;
• Garantizar que todas las personas que estén privadas de su libertad sin un debido proceso puedan regresar a salvo con sus familias, incluso mediante la asistencia de intermediarios neutrales, como el CICR, que ha ofrecido su apoyo mediante los canales tradicionales y de manera pública en las redes sociales; y
• Cumplir y demostrar con acciones su adherencia al derecho internacional humanitario.

Los actores del sector privado deben:

• Adherirse y cumplir sus responsabilidades de respetar los derechos humanos y mitigar los riesgos o impactos negativos de sus políticas, acciones y servicios, según los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU, así como comunicar de manera pública y coherente los pasos que tomarán para garantizar el respeto continuo de los derechos humanos;
• Expandir e incluir en sus iniciativas de debida diligencia reforzada todos los aspectos de sus operaciones y negocios, lo que incluye, por ejemplo, revisar los clientes que compren servicios de publicidad segmentada en la región y otras zonas con fines propagandísticos;
• Tomar medidas para proteger mejor las cuentas y los datos de usuarios y usuarias contra el hackeo, la vigilancia, la censura y otras amenazas, y fortalecer la infraestructura para evitar el acceso ilícito;
• Garantizar la transparencia total de los pedidos gubernamentales que reciban, tanto en base a la ley como a los términos y condiciones, presentados por las autoridades públicas israelíes, incluida la Unidad Cibernética Conjunta. Como mínimo, revelar el tipo de reglas que se exijan respecto al contenido y los datos sobre la cantidad de contenido eliminado en idioma árabe, así como la tasa de cumplimiento de los pedidos gubernamentales, incluyendo las bases legales para las restricciones;
• Comunicar con claridad a los usuarios y usuarias cualquier limitación, restricción o cambio que pueda sufrir el servicio;
• Brindar transparencia con respecto a dónde se usan los sistemas de machine learning para moderar contenido relacionado con Palestina e Israel, incluyendo los indicadores de la precisión, el posible margen de error y los clasificadores de machine learning;
• Brindar información sobre los parámetros utilizados por los sistemas de recomendación de contenido, con la explicación de por qué determinada información se muestra a las personas, incluidos los criterios más importantes que determinan qué información se muestra a quién;
• Investigar a fondo los ciberataques que socavan los derechos humanos, limitar el alcance de contenidos de propaganda auspiciados por actores estatales y no estatales, y la propagación de desinformación, donde cualquier restricción se encuentre en cumplimiento del estado de derecho y los principios de legalidad, legitimidad, necesidad y proporcionalidad;
• Preservar y estar preparados para poder compartir abiertamente, cuando sea posible, documentación sobre la violencia, para usarla en posibles iniciativas futuras para responsabilizar a quienes violaron el derecho humanitario y los derechos humanos y garantizar el acceso a mecanismos de reparación por parte de las víctimas; y
• Para los inversores y las instituciones financieras vinculadas a negocios que operan en la región, responsabilizar a dichos negocios de la transparencia total de su conducta empresarial y los requerimientos mencionados previamente.