El Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos (FIDH-OMCT) y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) publican hoy un informe que llama la atención sobre un fenómeno poco analizado: el rol específico de los actores económicos en la vulnerabilidad de las personas y grupos defensores del territorio y el ambiente y en particular la captura empresarial del Estado, que cuesta la seguridad, tranquilidad e incluso la vida a estas personas defensoras…a través de tres casos emblemáticos, describe la relación entre el Estado, las empresas y los ataques que sufren las personas y grupos defensores del territorio y del ambiente…La acumulación de procesos judiciales, la estigmatización, y las amenazas en contra de las abogadas de la Corporación Colectivo de Abogados “Luis Carlos Pérez” (CCALCP) y su relación cronológica y circunstancial con momentos clave de su trabajo de denuncia del impacto negativo de las actividades de empresas en los derechos del pueblo indígena Barí y diversas comunidades campesinas de la región del Catatumbo, cuestionan el rol de las empresas en esos ataques…De la misma manera la criminalización indebida del líder sindical y ambiental Héctor Sánchez Gómez y el académico activista Miller Dussán, muestra la instrumentalización por parte de empresas como Pacific E&P [Emgesa], del derecho penal, mediante la radicación de denuncias desproporcionadas, la incidencia indebida sobre magistrados, jueces locales y fiscales, entre otros, para frenar o desarticular los procesos colectivos en momentos en que adelantan acciones para garantizar el goce efectivo de los derechos humanos.