En 2016, once antiguos empleados sirios y dos ONG presentaron una demanda ante los tribunales franceses contra Lafarge, una empresa cementera, por supuestos abusos cometidos en Siria por su filial. Lafarge está acusada de complicidad en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, financiamiento de una empresa terrorista y trabajo forzoso. La demanda sigue en curso.

En noviembre de 2016, once antiguos empleados sirios y dos ONG presentaron una demanda en Francia contra la empresa cementera Lafarge por supuestos abusos cometidos en Siria por su filial, Lafarge Cement Syria (LCS).

Lafarge está acusada de complicidad en crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, financiamiento de una empresa terrorista, poner en peligro la vida de personas de forma deliberada y trabajo forzoso. Estas acusaciones se basan en hechos ocurridos entre 2011 y 2014, cuando Lafarge decidió mantener sus actividades empresariales en Siria en plena guerra civil. Para ello, la empresa supuestamente adquirió materias primas a diversos grupos yihadistas, entre ellos, a ISIS (Estado Islámico de Irak y el Levante) y al parecer negoció el paso seguro de su personal y productos a cambio de compensaciones por valor de 13 millones de euros.

En 2015, Lagarge se fusionó con Holcim. Lafarge-Holcim anunció inmediatamente después que su filial Lafarge SA apelaría, en un esfuerzo por impugnar "unos delitos que no son un fiel reflejo de su responsabilidad". La parte demandante pide ahora la apertura de un fondo de compensación para todos los antiguos trabajadores de LCS y sus familias. En octubre de 2018, los magistrados encargados de la investigación incautaron parte de las indemnizaciones por cese de los antiguos ejecutivos de Lafarge, aproximadamente 2 475 millones de euros.

En junio de 2017, el ministerio público de París abrió una investigación por financiamiento del terrorismo. El 28 de junio de 2018, los jueces de instrucción franceses imputaron a Lafarge por complicidad en crímenes de lesa humanidad. Citó como acusados al propio grupo Lafarge (que posee el 98% de las acciones de LCS), a su filial siria, a dos antiguos altos ejecutivos de aquel momento (Bruno Lafont, yBruno Pescheux) y a su actual director ejecutivo (Frédéric Jolibois).

En octubre de 2019, el tribunal de apelación de París desestimó la petición de dos ONG de ser reconocidas como parte civil. El 7 de noviembre de 2019, un tribunal de apelación francés retiró los cargos de crímenes de lesa humanidad contra la empresa. Sherpa y el ECCHR tienen previsto apelar ante al tribunal supremo.

El 8 de junio de 2021, el Tribunal Supremo examinó el caso, en particular la desestimación de los cargos de crímenes contra la humanidad contra Lafarge-Holcim y la admisibilidad de las dos ONG como demandantes.

El 7 de septiembre de 2021, el Tribunal Supremo francés anuló la decisión del tribunal inferior de 2019 que desestimó los cargos contra Lafarge por complicidad en crímenes de lesa humanidad y los cargos por poner en peligro la vida de otras personas. Pidió a los jueces de instrucción que reconsideraran estos cargos.

El 18 de mayo de 2022, la Sala de Instrucción del Tribunal de Apelaciones de París reinstauró el cargo de "complicidad en crímenes contra la humanidad" contra Lafarge. La empresa también está acusada de financiar el terrorismo y poner en peligro la vida de otras personas. Holcim declaró que no estaba de acuerdo con la decisión y apelará ante el Tribunal Supremo francés.

El 26 de junio de 2023, los jueces franceses cerraron la investigación sobre las actividades de Lafarge relacionadas con el cargo de financiación del terrorismo. Otras acusaciones, como complicidad en crímenes contra la humanidad y poner en peligro la vida de otras personas, siguen bajo investigación.

El 16 de enero de 2024, la Corte Suprema francesa rechazó la petición de Lafarge de desestimar los cargos y dictaminó se puede acusar a Lafarge de complicidad en crímenes contra la humanidad por sus actividades en Siria. Sin embargo, la Corte Suprema aceptó el argumento de Lafarge de que no se le podía procesar por poner en peligro la vida del personal basándose en la legislación laboral francesa, ya que dicha legislación no se aplicaba al personal local. La decisión es de carácter procesal y aún quedan por determinar las cuestiones de fondo y la culpabilidad.

El 9 de febrero de 2024, la fiscalía francesa recomendó que se juzgue a Lafarge y a nueve antiguos miembros de su directiva por financiación del terrorismo.