El Salvador: Cinco ambientalistas enfrentan acoso judicial por su lucha por la prohibición de la minería metálica en el país, son acusados de supuesto homicidio hace 33 años
Mesa Nacional frente a la Minería Metálica en El Salvador
Los defensores de agua Miguel Ángel Gámez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Antonio Pacheco y Saúl Agustín Rivas Ortega fueron detenidos acusados de haber asesinado a un supuesto informante del ejército hace más de 33 años durante la guerra civil en El Salvador. Todos son miembros de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) y desempeñaron un papel clave en los eventos que llevaron al gobierno salvadoreño a aprobar, por primera vez, la prohibición nacional de la minería metálica en 2017, con el objetivo de proteger el escaso suministro de agua del país.
En mayo de 2023, Manuel Gámez Morales, hijo de la líder comunitaria, defensora del medio ambiente y presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico y Social Santa Marta (ADES), Vidalina Morales, fue arrestado por la policía civil. Vidalina había hecho declaraciones en una emisora de radio en contra del "terrorismo" del Estado salvadoreño y expresó su preocupación por los cinco defensores. También denunció que la administración de Bukele busca explotar la minería en Santa Marta a pesar de que una normativa prohíbe explícitamente esta actividad en la zona.
Los defensores fueron liberados a arresto domiciliario en septiembre de 2023, pero los cargos permanecen, y se programó su juicio para más adelante en 2024. Organizaciones internacionales no gubernamentales, académicas y civiles publicaron un informe titulado "Estado de Engaño: Informe de Investigación sobre los Defensores del Agua detenidos en El Salvador, la Minería y el Estado de los Derechos Humanos bajo la Administración de Bukele", en el que alegan que las detenciones carecen de evidencia y de debido proceso legal, y que podrían estar relacionadas con los intereses mineros del gobierno.
El informe sigue a la publicación de una carta abierta enviada al Fiscal General y firmada por 185 académicos y abogados, así como por 13 organizaciones legales y afines de 21 países, solicitando a la administración del presidente Nayib Bukele que retire el caso.