El Congreso Nacional de Honduras aprobó un decreto que declara información reservada, hasta por 10 años, la acordada entre el gobierno y las empresas farmacéuticas fabricantes o proveedoras de las vacunas contra el Covid-19.

El gobierno alegó que la reserva de informaciones sería un pedido de la empresa Pfizer, que habría considerado la medida como esencial para la continuación de las negociaciones de los contratos para el suministro de vacunas. Diputados sugirieron que, frente a la supuesta exigencia, se compraron vacunas de otras farmacéuticas. Sin embargo, la ministra de la salud, Alba Consuelo Flores, alegó que Pfizer es la única que suministrará vacunas a partir del próximo año a través de contratos.

El CIEDH invitó a Pfizer a comentar el decreto y la empresa respondió.