La verdad y la justicia deben prevalecer sobre los proyectos económicos: A un año de la desaparición de los jóvenes garífunas de Triunfo de la Cruz
La criminalización contra el pueblo garífuna alcanzó una de sus mayores y más trágicas expresiones hace un año con la desaparición forzada de Alberth Centeno Tomas, Suami Mejía García, Gerardo Rochez Cálix y Milton Martínez Álvarez. Ocurrida el 18 de julio de 2020, en lo que parecía un operativo policial de alrededor de 30 hombres fuertemente armados, la detención y desaparición de estos jóvenes tomó lugar en la comunidad de Triunfo de la Cruz, la misma a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reconoció sus derechos ancestrales sobre el territorio el 8 de octubre de 2015.
Esta sentencia que reconoce la histórica lucha del pueblo garífuna por su territorio frente a los estados, las empresas, individuos poderosos y grupos del crimen organizado, también se ordenó al Estado hondureño a investigar la muerte de cuatro de los miembros de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Jesús Álvarez, Óscar Brega, Jorge Castillo Jiménez y Julio Alberto Morales. Sin embargo, las agresiones y los actos de intimidación para el despojo y desarticulación de este movimiento afrodescendiente se han incrementado cada vez más con nuevas estrategias.
El acoso judicial es una herramienta que ha ido en aumento a nivel mundial y que ha afectado desproporcionadamente a la OFRANEH en los últimos años. En el informe “Demandados pero no silenciados: Defendiendo los derechos humanos de cara a los riesgos legales”, el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos identificó que, de los 3100 ataques contra personas defensoras de derechos humanos, el 40% constituyó formas de acoso judicial, incluyendo las demandas estratégicas abusivas contra la participación pública, conocidas como SLAPPs por sus siglas en inglés, normalmente interpuestas por compañías e individuos con actividades empresariales.
América Latina es la región donde esta práctica se ha extendido con mayor claridad, pues registra el 39% de los casos que llevan el sello de demandas estratégicas contra personas defensoras de derechos humanos, seguida por Asia-Pacífico, con el 25%, y Europa y Asia Central, con el 18%. Honduras es el segundo país de la región con alrededor del 45% de los casos interpuestas de manera directa por entidades del sector privado.
Las y los defensores de la OFRANEH son uno de los principales objetivos de esta estrategia de acoso judicial, junto con el Comité Municipal por la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa en defensa del Río Guapinol, la organización local Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH) y el Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz- Honduras (MILPAH).
En Honduras, esta situación se destaca no solamente por el carácter masivo de los procesos judiciales iniciados en contra de personas defensoras de derechos humanos, sino que también por utilizar nuevos y más graves tipos penales como el desplazamiento forzado para silenciarles. Las defensoras garífunas Silvia Bonilla Flores, Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Sarina Mejía Solórzano han sido las primeras en ser detenidas por este delito, acusadas junto con otras 29 personas por parte de la empresa Sociedad de Responsabilidad y Bienes Raíces (JUCA), de origen canadiense.
OFRANEH - IM-Defensoras
Frente a esta situación extrema, la OFRANEH se ha organizado para exigir justicia y el derecho a defender los derechos humanos. La organización formó el Comité de Investigación y Búsqueda de los Desaparecidos de Triunfo de la Cruz (SUNLA) con el fin de que se le incorpore en las investigaciones de la desaparición de los cuatro defensores garífunas. Sin embargo, se ha reportado que el Estado hondureño no ha realizado ningún avance en las investigaciones ni ha permitido a la SUNLA participar en el proceso, en línea con la resolución del 2 de septiembre de 2020 de la Corte IDH.
Lo anterior indica que lejos de cumplir con sus obligaciones para demarcar las tierras garífunas, emitir su título de propiedad colectiva, proteger a sus comunidades contra cualquier agresión e investigar las violaciones de derechos humanos cometidas contra sus miembros, el Estado hondureño y el capital privado han acelerado la implementación de proyectos económicos en el territorio. La oposición de amplios sectores de la sociedad contra las ciudades modelo (o zonas especiales para el desarrollo económico, ZEDEs), incluida de las comunidades garífunas, es actualmente el telón de fondo que nos indica una de las razones del incremento de la persecución del pueblo garífuna.
Mientras, no puede dejar de exigirse verdad, justicia y reparación para el pueblo garífuna, en particular la presentación con vida de Alberth Centeno Tomas, Suami Mejía García, Gerardo Rochez Cálix y Milton Martínez Álvarez, así como la incorporación del SUNLA en las investigaciones para dar con su paradero y procesar a las autoridades e individuos responsables.
Comité Garífuna de Investigación y Búsqueda de Desaparecidos del Triunfo de la Cruz, SUNLA; y la @ofraneh convocan a conferencia prensa mañana 20 Julio en Tegucigalpa a un año desaparición forzada de compañeros Garífunas
— ofraneh (@ofraneh) July 19, 2021
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