abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

El contenido también está disponible en los siguientes idiomas: English

Artículo

18 May 2022

Autor:
The Guardian

México: Campesinos y activistas participan en la Junta General de Accionistas de Fresnillo en Londres para exigir a la empresa que cumpla con la sentencia de indemnización de 2013 sobre la mina de oro de Sonora

Earth First!

“Campesinos mexicanos viajan a Londres y exigen compensaciones por la minería ilegal y la violencia en sus tierras”, 18 de mayo de 2022.

Agricultores mexicanos viajaron a Londres para exigir que una empresa miembro del índice FTSE 100 los indemnice por la explotación minera ilegal en sus tierras y explique la violencia ejercida contra los activistas contra la minería.

La empresa Minera Penmont, filial de Fresnillo PLC, fue obligada por un tribunal agrario de México en 2013 a compensar a los miembros de la comunidad de El Bajío, copropietarios de tierras comunitarias en Sonora en el noroeste de México, por el oro extraído y a restaurar la tierra a su estado original.

Tras comprar acciones del grupo Fresnillo PLC, tres representantes de El Bajío, así como activistas de London Mining Network (Red Minera de Londres) y London Mexico Solidarity, acudieron a la reunión anual de la empresa para preguntarle al presidente el motivo por el que no había cumplido la orden judicial y sobre el secuestro, la desaparición y el asesinato de activistas contra la minería.

Fresnillo PLC comentó a The Guardian que cumplió con la orden judicial al desocupar las tierras y que no tenía ninguna relación con la violencia.

Jesús Thomas, uno de los copropietarios, señaló tras la reunión: “Llevamos ocho años intentando conseguir justicia para nuestra gente. Hay toneladas de cianuro en el suelo, muchos animales están muertos. Les dejé muy claro (en la reunión) que estaban equivocados. Nunca dijeron nada en respuesta, no tienen ninguna respuesta”.

“Al menos los dueños de la empresa ahora tienen la información correcta para decidir si harán lo correcto”...