En el informe de Amnistía Internacional titulado "Mexico: Tierra y ¿Libertad? Criminalización de Personas Defensoras de Tierra, Territorio y Medio Ambiente", entre muchos de los casos presentes en el informe, se mencionan dos que incluyen alegaciones a violaciones a derechos humanos por parte de empresas.

Por un lado, se acusa a la empresa Kekén de dañar el medio ambiente, la salud y el territorio en la operación de la mega granja Kancabchén II en Izamal, Yucatán, y de vulnerar los derechos al consentimiento libre, previo e informado, y a la libre determinación del pueblo maya de Sitilpech. Además, se le señala por criminalizar la protesta y acosar judicialmente a quienes se oponen a la granja.

Por otro lado, se señala a la empresa Bienes Raíces La Moraleja S.A. de C.V. de causar la inundación de más de veinte casas, una escuela y un jardín de niños en un proyecto inmobiliario en San Cristóbal de las Casas, que carecía de evaluaciones de impacto ambiental y social, y de criminalizar la protesta y acosar judicialmente a los quienes resistían al proyecto.

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) invitó a las empresas Kekén y Bienes Raíces La Moraleja S.A. de C.V. a responder sobre las acusaciones, y sólo Kekén respondió.