En marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado peruano al hallarlo culpable de violar múltiples derechos de los habitantes de la ciudad La Oroya: a un medio ambiente sano, a la salud, la integridad personal, la vida, la protección especial de la niñez, el acceso a la información, la participación política, las garantías judiciales y a la protección judicial.

El caso tuvo su origen en una petición presentada en 2005 por un grupo de habitantes de La Oroya que, ante la ausencia de respuestas a nivel nacional, acudió a la Comisión para solicitar medidas cautelares y posteriormente denunciar la violación de sus derechos derivada de la exposición crónica a metales pesados (plomo, cadmio y arsénico) supuestamente provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú.

Tras un año del fallo, según denunciaron la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), el Estado peruano no ha implementado ninguna de las medidas de reparación determinadas por la Corte de manera efectiva.

Las victimas demandan atención médica inmediata con especialistas en contaminación con metales pesados; modernización del Complejo Metalúrgico para reducir emisiones tóxicas y reparación económica a familias empobrecidas por gastos en salud.