Desde el año 2011, Venezuela ha apostado por una transición de la dependencia petrolera a la dependencia minera. Así, 198 comunidades indígenas de la Amazonía venezolana (como los pueblos Baniva y Yanomami) han visto afectado sus derechos al territorio, al agua y a la pervivencia, tal como lo señala la Organización Regional de Pueblos Indígenas del Amazonas (ORPIA). Adicionalmente, este megaproyecto que en su mayoría cuenta con capital estatal, afecta importantes ecosistemas estratégicos, como la cuenca de los ríos Orinoco y Caroní; los parques Nacionales Canaima y Yapacana; las reservas de La Paragua, El Caura, la Reserva Forestal de Imataca y el Monumento Natural Cerro Guanay. Diferentes organizaciones han realizado informes sobre la situación ambiental y social de la conflictividad ambiental en el Arco minero del Orinoco, porque existe un fuerte control de empresas estatales como CAMIMPEG. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos invitó a Camimpeg a responder. La empresa no respondió