26 de marzo de 2018

Pedro Edmunds está convencido de que no ratificar el Convenio que zanja una serie de derechos para los pueblos originarios sería un craso error, pero más por la señal que significaría que por las implicancias prácticas. El edil de Rapa Nui cree que el Estado chileno no ha sido respetuoso del tratado, o que cuando ha regido ha sido sólo por conveniencia…El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo establece el deber del Estado chileno de “consultar las medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta a los pueblos interesados, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas”…Si bien la idea de terminar el convenio es una prerrogativa del Ejecutivo, a la cual puede optar cada diez años desde la entrada en vigencia del tratado, las especulaciones sobre la posibilidad de revisar su vigencia en 2018 serían erradas. Si bien Chile suscribió al tratado en 2008, y este se revisa cada diez años, la OIT aclara que la fecha inicial que debe considerarse es el 5 de septiembre de 1991, momento en que el convenio entró en vigencia en términos generales, entonces Chile sólo podría denunciar en 2001, 2011 y en 2021…Pero el fantasma de la no renovación asoma como una constante, y eso preocupa a quienes puedan verse perjudicados. El convenio, que además regula materias relacionadas con la costumbre y el derecho de los pueblos originarios, zanja lineamientos y principios sobre la eventual transferencia de tierras indígenas.