...El disenso es legítimo y deseable en una democracia, en un marco institucional y de respeto mutuo. Cualquier mexicano y mexicana que considere que un acto de autoridad viola sus derechos humanos, está en su derecho de ejercer una legítima defensa legal, ya sea de forma individual o colectiva. Estos y otros derechos no sólo están consagrados en la Constitución federal sino que, además, son compromisos internacionales asumidos libre y soberanamente por México y frente a los cuales, esta administración tiene la obligación legal de cumplirlos y respetarlos.

Los megaproyectos han explotado y destruido los territorios de los pueblos indígenas, reduciendo su autonomía, sus ecosistemas y el goce y disfrute de sus derechos humanos. Las personas y colectivos defensoras indígenas que se han opuesto a los megaproyectos han sido objeto de múltiples agresiones e intimidaciones que en algunos casos han llevado a su encarcelamiento y hasta su ejecución, como se ha documentado ampliamente.

El Tren Maya es un megaproyecto que representa graves riesgos e impactos ambientales, sociales económicos y patrimoniales, como ha sido advertido por comunidades, académicos, organizaciones e incluso por instancias del mismo gobierno federal. Asimismo, no fue decidido por el pueblo maya, ni por otro pueblo indígena mexicano, sino que se realizó una consulta sin cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos; el mismo nombre busca apropiarse de la denominación cultural indígena del pueblo maya, con el propósito de hacerlo más amigable. Frente a estas violaciones de derechos humanos, han sido varias comunidades indígenas quienes, en ejercicio de su derecho a defender su territorio, han decidido impugnar, con el acompañamiento de las organizaciones civiles, este proyecto...