En lugar de escuchar la información que transmiten las personas defensoras y de tomar medidas al respecto, cada vez más empresas con pocos escrúpulos acuden a los tribunales para interponer demandas con intención de acosar y silenciar a las personas defensoras de los derechos humanos que las critican. Durante los últimos cinco años hemos asistido a un aumento medio del 48% anual del acoso judicial contra las personas defensoras de los derechos humanos que investigan actividades empresariales.

Las empresas recurren a menudo a demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés). El objetivo de las SLAPP es manipular el sistema judicial bajo una apariencia de demandas judiciales legítimas, utilizando indebidamente la legislación (por ejemplo, sobre calumnias o difamación) para atacar el discurso o la protesta válida y protegida. Las SLAPP pueden ser efectivas para silenciar las críticas, ya que se benefician de los costos prohibitivos y del tiempo necesario para litigar un caso y pueden concluirse con penas de cárcel y ocasionar otros impactos negativos físicos, económicos y psicológicos en las personas defensoras. Y, lo que es igual de importante, tienen un efecto disuasorio sobre la libertad de expresión y entorpecen las acciones judiciales colectivas legítimas en defensa de los derechos laborales y de las comunidades...

El presente informe anual se centra en el Sudeste Asiático. La región se ha convertido en un foco de SLAPP y otras formas de acoso judicial contra las personas defensoras de los derechos humanos...

Para luchar de forma efectiva contra las SLAPP —tanto en el Sudeste Asiático como en el resto del mundo— se necesitan marcos legales y políticas sólidas que impidan a las empresas interponer SLAPP y que permitan que los tribunales las identifiquen, cuestionen y desestimen tan pronto como se presenten...