Tras dos desalojos violentos realizados por la policía y una empresa privada de seguridad contra habitantes de la Parroquia Tundayme, en la Cordillera del Cóndor, desde mayo a diciembre del 2015, así como el asesinato de un dirigente anti-minero de la etnia Shuar en 2015, las organizaciones sociales y de derechos humanos sostienen que las operaciones tendientes al establecimiento de la minera china Ecuacorriente, parte de Corriente Resources (que a su vez es parte de China Railway & Construction Company (CRCC) y Tongling), ha implicado una serie de violaciones de derechos humanos. El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos invitó a CRCC a responder, pero la empresa no lo hizo.