Reportes de prensa y organizaciones informaron que, el 28 de diciembre de 2019, la empresa público-privada Aguas de Saltillo (Agsal) habría interrumpido totalmente el suministro de agua a la Casa del Migrante de Satillo. Con limitados recursos económicos e inmersos en una situación de seguridad compleja por la presencia del crimen organizado, la Casa del Migrante de Saltillo recibió a más de 9,000 personas migrantes durante 2019.

Al finalizar un año en que fue histórico el tránsito de personas migrantes (en su mayoría de Centroamérica) en México, el personal del albergue y otras 70 personas enfrentaron una mayor precarización de su situación humanitaria, ya que el agua es primordial para las necesidades básicas de alimentación, aseo personal, refugio y de condiciones sanitarias dignas para uno de los grupos más vulnerados en el país.

A pesar de ser clara la obligación internacional y nacional de las empresas de garantizar los derechos humanos, especialmente aquéllas con participación del Estado, la interrupción o limitación del suministro de agua indica una violación no solamente de este derecho humano, sino de todos aquellos que de él se desprenden, incluido el derecho a la vida y a la seguridad.

Sumado a lo anterior, se ha iniciado una campaña de desprestigio contra personal que colabora en la Casa del Migrante de Saltillo, particularmente su director, Alberto Xicoténcatl Carrasco. Con antecedentes de amenazas y agresiones a personal del albergue por parte de actores estatales y del crimen organizado, su seguridad podría ponerse aún en mayor riesgo. 

El Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos contactó a Aguas de Saltillo. Su respuesta se encuentra abajo.